Seguinos en redes

Estados Unidos

Trump asistirá al histórico lanzamiento espacial de Elon Musk en Florida

El presidente Donald Trump asistirá el 27 de mayo al nuevo lanzamiento de la empresa aeroespacial SpaceX en Florida, del empresario Elon Musk. Este evento será la primera vez que una empresa privada llevará astronautas al espacio.

Publicado

en

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, asistirá al lanzamiento de la misión Demo-2 el próximo miércoles 27 de mayo, en el Centro Espacial Kennedy, Florida. 
Allí, los astronautas de la NASA Doug Hurley y Bob Behnken serán lanzados al espacio en un cohete Falcon 9. El lanzamiento es parte de una misión conjunta de la NASA y la compañía privada SpaceX, fundada por el emprendedor Elon Musk, co-fundador de PayPal y también fundador de la automotriz Tesla.
La misión Demo-2 que se lanzará este miércoles tendrá como objetivo llevar a los astronautas Hurley y Behnken a la Estación Espacial Internacional, y será la primera misión tripulada que la compañía de Elon Musk lanzará al espacio. A su vez, esta será la primera vez desde 2011 que la NASA lanzará astronautas al espacio desde suelo estadounidense.

Doug Hurley, nacido en New York y con 53 años, es un ingeniero, piloto de testeo de la NASA y coronel del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Se graduó en ingeniería civil en la Universidad de Tulane, en Louisiana en 1988. 

Bob Behnken, nacido en Missouri y con 49 años, es un ingeniero mecánico y físico graduado de la Universidad de Washington en Saint Louis, y asistió a Caltech (California Institute of Technology), donde obtuvo una maestría en Ciencias Aplicadas. Es piloto de la Fuerza Aérea y ha volado diferentes aeronaves como los modelos F-15 y F-16, y también forma parte de los testeos del F-22. En 2012, fue designado como Jefe de la Oficina de Astronautas, la mayor posición de liderazgo entre los astronautas activos en la NASA. 

Tanto Hurley como Behnken fueron seleccionados como pilotos por la NASA en el año 2000, y desde entonces han conformado numerosas misiones.

Ad

El lanzamiento de esta misión es otro de los pasos tomados por el presidente Trump en su meta declarada de reestablecer el dominio estadounidense en el espacio. En esta línea, creó en 2019 la Fuerza Espacial (Space Force), la nueva sexta rama de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, enfocada en la protección de los intereses de los EE.UU. en el espacio.
Trump es uno de los presidentes más pro-espacio desde Nixon y John F. Kennedy. En 2017 creó el programa Artemis, reviviendo el espíritu de Apollo, a través del cual planea enviar de nuevo al hombre a la Luna para el fin de su segundo mandato si es reelegido, en 2024, donde planea empezar la creación de una base espacial sobre el suelo lunar, que será a su vez utilizada para enviar una expedición a marte durante la década del ’30 (esto es, 2030s). Según los cálculos, para entonces va a ser significativamente más barato lanzar un cohete desde la Luna que desde el planeta Tierra, debido a que se puede utilizar hasta 36 veces menos combustible.
Además, Trump quiere desbloquear una nueva economía en el espacio; la minería de metales como el oro, la plata y el platino. Estos metales de altísimo valor en la Tierra, se estima que en 2 o 3 décadas empezarán a agotarse considerablemente y para evitar una suba calamitosa de sus precios, mirar a la Luna y a los asteroides puede ser una solución realmente plausible.
Todo este plan está siendo desarrollado conjuntamente entre Trump y Elon Musk, el dueño de SpaceX, la empresa aeroespacial privada más exitosa del mundo, que de hecho ha desarrollado tecnología de lanzamiento de cohetes más barata que la que utiliza la NASA. Por lo tanto, desde hace casi una década que para la NASA es más barato contratar los servicios de SpaceX que programar sus propios lanzamientos.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, junto a su ex-asesor Steve Bannon y el empresario Elon Musk, el 3 de febrero de 2017 en la Casa Blanca.

Ad

La presencia de Trump en el lanzamiento de la misión Demo-2 es una clara muestra de los fortalecidos vínculos entre la administración Trump y Elon Musk, el sudafricano naturalizado estadounidense cuyos activos suman arriba de 37 mil millones de dólares.

Semanas atrás, Musk había amenazado con mover las fábricas de Tesla, la otra mega-empresa del excéntrico millonario, actualmente establecidas en California, a Texas y Nevada, debido a las tensiones entre Musk y funcionarios del Departamento de Salud de California en torno a la cuarentena por el COVID-19. 
Dicho organismo no ha permitido a Musk reabrir su fábrica en Fremont, California, afirmando que “no están dadas las condiciones” para reactivar su producción. Tesla tenía planeado restablecer la producción y reincorporar a un 30% de los trabajadores a sus puestos de trabajo, pero el condado de Alameda lo impidió. Musk hizo formal una demanda judicial contra el condado, afirmando que sus órdenes van a contramano de “el gobernador, el presidente, nuestras libertades constitucionales y simplemente el sentido común”. La demanda busca revocar dichas órdenes y así permitir a Tesla continuar sus operaciones en Fremont.
Luego de las restricciones impuestas a Tesla por el condado californiano, el presidente Trump expresó su apoyo a Musk a través de las redes sociales, señalando que California debía dejar a Tesla y a Elon Musk reabrir su planta de producción. El empresario respondió agradeciéndole, en lo que sería una de sus primeras interacciones en Twitter.
El conflicto entre Musk y el condado californiano ha traído diversas repercusiones en el ámbito político estadounidense. El gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, señaló que Elon Musk y Tesla estaban muy interesados en Texas como posible destino para las fábricas de su compañía, luego de una conversación telefónica entre ambos. 
A lo largo de su historia, Texas ha ofrecido atractivos incentivos a múltiples empresas que buscaron nuevos lugares de asentamiento para sus operaciones, como por ejemplo reducciones impositivas o desregulaciones. Aunque la planta de California es la única fábrica de Tesla en el país, Musk ya cuenta con operaciones en Texas, incluyendo un sitio de pruebas de cohetes para SpaceX en Brownsville, ciudad del condado de Cameron.

Ad

Otra de las personalidades de la política que apoyó a Musk fue el congresista republicano trumpista Dan Crenshaw, también de Texas. 
Crenshaw retwitteó al empresario y publicó un mensaje en el cual señalaba que su estado “se va a poner aún más asombroso” con las potenciales mudanzas de Musk y del conductor de podcasts Joe Rogan.
Poco tiempo después, Musk publicó un curioso mensaje que desató olas de especulación, cuando a través de la red social Twitter dijo: “Take the red pill” (“toma la pastilla roja”). 
Esta frase referencia a la película Matrix, en la cual Neo, el protagonista de la película, es presentado con dos pastillas: una azul, que lo mantiene contento e ignorante en una falsa realidad, y una roja, que le permite observar la verdadera realidad. Desde 2012, la “píldora roja” ha sido utilizada por sectores conservadores de los Estados Unidos como analogía sobre escapar de la “falsa realidad” que la izquierda hegemónica presenta desde la política y los medios de comunicación.
Desde la campaña de Trump en 2015-2016, este concepto se popularizó fuertemente en sectores del Partido Republicano. Por ello, el tweet de Musk fue interpretado por muchos como pruebas de un acercamiento al presidente Trump. Hasta la fecha, Musk no ha refutado esta teoría.

Y como si esto fuera poco, la mismísima hija y asesora del presidente, Ivanka Trump, citó el tweet de Musk, afirmando: “Taken!” (“¡ya la tomé!”)

Un día después de la presentación de la demanda por parte de Elon Musk en contra del condado de Alameda, la asambleísta del Partido Demócrata de California y oriunda de San Diego, Lorena González, lanzó insultos contra el empresario a través de Twitter, luego de que Musk avisara que suspendería sus operaciones en California. A pesar de su autocensura, el mensaje fue corto y conciso: “Fuck Elon Musk.”

Ad

Por todo esto y más, Elon Musk ha ganado recientemente una fuerte admiración de parte de los sectores más conservadores, a pesar de haber sido en el pasado amigo de Barack Obama, defensor de la despenalización de las drogas y un activista del cambio climático. Hoy se muestra cercano a Donald Trump, es una de las principales voces en contra de las cuarentenas excesivas por el COVID-19 y ha hecho una serie de comentarios en contra del progresismo moderno que lo han alejado mucho de la izquierda demócrata. 
El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, que vendría a ser como el ministro de Economía en los países latinoamericanos, se alineó públicamente a la postura mantenida por el empresario, al declarar que el gobierno de California debería trabajar más en reabrir la economía local y destacando que Musk es uno de los mayores creadores de empleo y manufactureros en California. 
Por su parte, Musk también ha mostrado un alineamiento a las posturas del presidente y de su gabinete. En respuesta a un usuario de Twitter que lo acusó del gran pecado de “estar de acuerdo con Trump”, Musk respondió que “los que están siempre en desacuerdo [con Trump] tienen una mente cerrada.”
La planta de Tesla en Fremont, California, finalmente reabrió por orden de Musk el pasado lunes 11 de mayo, desafiando las órdenes del condado de Alameda y con un juicio en transcurso. 
En dicha fábrica, los empleados recibieron una capacitación con un video informativo que les explica cómo mantener el distanciamiento social, y que deben respetar el uso de barbijos y guantes.

Ad

Respecto al lanzamiento de la misión Demo-2 de SpaceX, el vicepresidente Mike Pence, otro de los grandes impulsores del renovado programa espacial estadounidense, afirmó esta semana que el lanzamiento servirá como una señal de esperanza para los estadounidenses en medio de la pandemia, en una entrevista brindada a Fox News:

“Cuando la semana que viene, ese cohete se dispare, le recordará al pueblo americano que incluso en medio de en los tiempos más desafiantes, Estados Unidos todavía avanza hacia adelante,” afirmó el vicepresidente.

El presidente Donald Trump y el vicepresidente Mike Pence partirán rumbo a Florida para ser testigos del retorno de los vuelos espaciales tripulados el próximo miércoles 27 de mayo a las 4:33 PM, hora de Florida. La última visita del presidente Trump a la Costa Espacial fue en 2017, habiéndola visitado antes durante su campaña. La industria aeroespacial es una prioridad para la gestión Trump, y el binomio Trump-Musk será sin dudas esencial para este propósito.

Haga clic para comentar

Usted debe estar conectado para publicar un comentario Inicio de sesión

Deja una Respuesta

Economía

Las medidas de Joe Biden agregarán más de 4,8 billones de dólares al déficit fiscal hasta 2031

Publicado

en

El Presidente se jactó por la reducción del déficit en 2022 y se la atribuyó a sí mismo, pero el grueso de sus propias iniciativas apuntan a desequilibrar las finanzas públicas por más tiempo del que se proyectaba en la administración anterior. 

El Gobierno del presidente Joe Biden anunció que el déficit fiscal fue recortado en US$ 1,7 billones en el año fiscal 2022, un hecho que por supuesto atribuyó exclusivamente a su gestión y no escatimó en críticas y acusaciones hacia el Gobierno de Donald Trump.

Sin embargo, el Presidente manipuló la información para verse favorecido y decidió eludir los hechos de la realidad que marcan una situación muy diferente. Si bien es cierto que el déficit fiscal federal se redujo fuertemente en 2022, esto se debió al cese del “gasto covid” y los cheques de asistencia social otorgados por la emergencia.

No hubo ningún recorte efectivo del gasto público presupuestado por fuera de las erogaciones extraordinarias. De hecho, el gasto primario del Gobierno federal (sin intereses de deuda) ascendió al 22,05% del PBI en noviembre del año pasado, aún muy por encima del 19,35% que se registraba antes de la pandemia en febrero de 2020.

El déficit fiscal se redujo en 10 puntos del PBI durante el Gobierno de Biden, pero con dos importantes excepciones: la primera en marzo de 2021 con el lanzamiento del “Plan de Rescate Estadounidense” y la segunda en septiembre de 2022 con la cancelación de préstamos estudiantiles

La ley de rescate aprobada incrementó el déficit fiscal del 15,66% del PBI hasta superar el 18%, el valor más alto desde la Segunda Guerra Mundial. Asimismo, la cancelación de préstamos estudiantiles marcó el fin de la corrección fiscal y disparó el desequilibrio del 3,9% del producto al 5,2% en noviembre de 2022 (0,3 puntos por encima de febrero de 2020). 

Aún obviando el incremento de los intereses de deuda por el ajuste de tasas de la Reserva Federal, las finanzas públicas no muestran mejoría. El déficit fiscal primario del Gobierno federal se incrementó del 2% del PBI en julio de 2022 al 3,37% en noviembre, principalmente debido al salto que provocó el rescate de deuda.

Por la propia dinámica de los gastos asignados únicamente por una emergencia sanitaria, la corrección del déficit fiscal habría tenido lugar de manera natural y premeditada, la administración Biden solo añadió la expansión de partidas discrecionalmente seleccionadas y sin preocuparse por la responsabilidad fiscal. 

Resultado del Gobierno federal de Estados Unidos entre 2019 y 2022.

Los economistas de Moody’s Analytics estiman que el presidente Biden añadió hasta 4,8 billones de dólares más al déficit fiscal entre 2021 y 2031, siendo el 48% de este monto explicado únicamente por el Plan de Rescate Estadounidense de 2021. Estos gastos no tuvieron ningún tipo de contraprestación, el Gobierno no se preocupó por compensar las pérdidas. 

La Ley de Reducción de la Inflación (IRA por sus siglas en inglés) sí compromete un ajuste al déficit pero solamente por US$ 200.000 millones hasta 2032, un monto que de ningún modo puede compensar el rojo fiscal de US$ 4,8 billones.

La política fiscal del Gobierno se volvió errática y abiertamente contradictoria. Si la principal herramienta de la IRA era la reducción del déficit fiscal para controlar la inflación, esta se ve completamente boicoteada por otros programas igualmente aprobados y promovidos por la misma administración.

Seguir Leyendo

Estados Unidos

En plena crisis energética, los demócratas quieren cerrar la última central nuclear de California

Publicado

en

Si bien el gobernador Gavin Newsom pidió prorrogar el cierre hasta 2030, el gobierno de Biden reafirma su intención de que los dos reactores dejen de operar en 2024 y 2025, respectivamente.

La última central nuclear de California podría verse obligada a cerrar, a pesar de la prórroga de Newsom
Diablo Canyon, la última central nuclear operativa de California.

Mientras otros estados están apostando a aumentar la producción energética a partir de fuentes nucleares, California decidió iniciar el cierre de su última central nuclear, para 2025.

Diablo Canyon, la última central nuclear operativa de California, podría verse obligada a cerrar en 2025 a pesar de la prórroga de cinco años firmada por el gobernador demócrata Gavin Newsom, dejando al estado potencialmente corto de energía.

El martes, la Comisión Reguladora Nuclear (NRC) federal, que depende de Joe Biden, rechazó un intento de la Pacific Gas & Electric Company de restablecer las solicitudes de permiso que había retirado. Sus permisos actuales expiran en 2024 y 2025 para cada uno de los dos reactores de la central, y las nuevas solicitudes podrían tardar meses.

La decisión marca la última batalla en una larga lucha sobre el funcionamiento y la seguridad de la planta de Diablo Canyon. Mientras los demócratas a nivel nacional quieren cerrarla, el gobernador Gavin Newsom dice que debe seguir funcionando más allá de su cierre programado para 2025 para evitar posibles apagones como la transición del estado a la energía solar y otras fuentes renovables.

En octubre, Pacific Gas & Electric pidió a la Comisión Reguladora Nuclear que reanudara el examen de una solicitud presentada inicialmente en 2009 para ampliar la vida útil de la central, que posteriormente fue retirada después de que PG&E anunciara en 2016 sus planes de cerrar los reactores.

Según las normas vigentes, las licencias de explotación de los reactores hermanos expiran en 2024 y 2025, momento en el que se verían obligados a cerrar. Cabe aclarar que el apagón no es inmediato, y en los años previos a las fechas de corte, el reactor irá bajando su producción de energía año tras año hasta llegar a cero.

Si bien el propio Newsom apoyó por años el cierre de Diablo Canyon, desde el año pasado dio marcha atrás a su antigua oposición a la energía nuclear e instó con éxito a la legislatura estatal a votar a favor de ampliar la vida operativa de la central hasta 2030, para evitar cortes de luz en los próximos años.

El gobernador de California Gavin Newsom observa durante una visita a la Planta de Tratamiento de Agua de Antioch el 11 de agosto de 2022 en Antioch, California.

Tras varios cortes de electricidad en el estado, Newsom y los demócratas californianos, que se han fijado el objetivo de cero emisiones netas de carbono para 2045, no quieren perder ese 6% del suministro eléctrico que provee la central de Diablo Canyon, dado que la energía solar y eólica todavía son incapaces de llenar esa demanda.

Muy por el contrario, grupos ecologistas se mostraron eufóricos por la decisión de la NRC. Caroline Leary, abogada del Environmental Working Group (EWG), declaró en un comunicado que apoyan la decisión del gobierno federal y llamó a “recapacitar” a los legisladores del estado.

“No es demasiado tarde para que la Legislatura de California reoriente los mil millones de dólares destinados a la reactivación de estos reactores inseguros y antieconómicos al apoyo de fuentes de energía alternativas, seguras y renovables, como la energía solar y eólica, la eficiencia energética y la gestión de la carga”, sentenció, sin entender que estas fuentes de energía, aunque reciban miles de millones de dólares en inversiones, no son capaces de otorgar la misma producción de un reactor nuclear.

Seguir Leyendo

Economía

“Ley de Impuestos Justos”: El Partido Republicano lanza un proyecto de ley para eliminar todos los impuestos federales

Publicado

en

Se trata de una reforma histórica y muy ambiciosa que pretende eliminar la mayor parte de los impuestos federales, reemplazándolos por un único impuesto generalizado al consumo. El proyecto tiene el apoyo de Trump y McCarthy.

El Partido Republicano de los Estados Unidos presentó un proyecto de ley sin precedentes para reformar el código fiscal del país, una iniciativa que surge desde el sector más conservador y defensor del liberalismo económico, y cuenta con el apoyo del ex presidente Donald Trump.

El recientemente nombrado Presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, dio su visto bueno para el tratamiento de la ley y prometió respaldar el proyecto como parte de las negociaciones con el bloque trumpista para que aprueben su nominación.

La legislación propuesta busca eliminar miles de impuestos federales y unificaron en un impuesto único enfocado al sector del consumo. Entre otros, se eliminaría el Impuesto a las Ganancias, tanto individuales como corporativas, el Impuesto a la Herencia, el Impuesto a la Renta Financiera, el Impuesto a la Transferencia de Dividendos, el Impuesto a la Seguridad Social (cargas patronales y sociales), y casi la totalidad de los tributos que rigen a nivel nacional.

Todo indica que los republicanos tienen los votos para aprobar esta ley en la Cámara de Diputados, pero no en el Senado. Además, en el extraño caso que por lo menos 10 senadores demócratas voten a favor y la ley se apruebe, todo indica que Biden vetaría el proyecto.

La reforma tributaria del Partido Republicano

El proyecto propone la completa eliminación del Impuesto a las Ganancias de Estados Unidos, conocido allá como “Income Tax“, que se implementó por primera vez en el país en 1861 para costear la Guerra Civil y nunca fue eliminado después de que terminara el conflicto. Desde 1913 también se aplica para empresas.

De aprobarse este proyecto, ni los ciudadanos ni las sociedades pagarían ningún tipo de impuesto como una alícuota de sus ganancias imponibles anuales.

También se eliminaría el Impuesto a la Renta Financiera y a la Transferencia de Dividendos, conocido como “Capital Gains Tax“, que se cobra a partir de las ganancias obtenidas por activos que aumentan su valor o por el cobro de dividendos por la tenencia de estos activos.

Este impuesto fue introducido durante la gestión demócrata de Woodrow Wilson en 1913, y se estableció a valores absurdamente elevados. Con el pasar de los años se redujo considerablemente, y actualmente se ubica entre el 10 y el 40%. Es uno de los principales factores de distorsión en el mercado financiero.

Otro de los impuestos más importantes que se eliminaría es el de la Seguridad Social, conocido como “Social Security Tax“, implementado en 1935 por el también demócrata Franklin D. Roosevelt para financiar un masivo sistema de salud pública.

También, con el tiempo este sistema fue adaptado para los más necesitados y no de manera universal, y actualmente el tributo se ubica en el 6,2% de todas las personas que quieran acceder a él.

Impuesto Único a las Ventas

El programa dispone del reemplazo de todos estos tributos por un impuesto federal único y generalizado al consumo: las ventas de todo el país, sea cual fuere su naturaleza y casi sin excepción, estarían sujetas a una tasa del 30%.

Este esquema tributario se conoce como “Fair Tax”, y la generalización de la tributación al consumo promete complementar la mayor parte de los recursos que se perderían por la eliminación de impuestos federales.

Esta no es la primera vez que el Partido Republicano propone una reforma de las características descritas. En 1999, la mayoría republicana en el Congreso presentó una propuesta similar, y en la década de 1990 se presentaron múltiples proyectos para “achatar” la estructura de los impuestos federales. 

No solo se vería una reducción considerable de la tasa efectiva total, que es cuánto percibe en impuestos un contribuyente norteamericano promedio por todos los impuestos que paga a nivel distrital, estatal y federal, si no que además se simplificaría sustancialmente el sistema impositivo y se eliminarían muchas distorsiones en el mercado.

“Impuesto negativo” para sectores más vulnerables

La reforma de los republicanos eliminaría completamente las escalas “progresivas” sobre los impuestos federales. A modo de compensación, el programa tributario propone incluir una serie de reembolsos fiscales para los estratos más bajos de la sociedad.

A estos fines, todos los hogares recibirían un cheque mensual por parte del Gobierno federal, equivalente al 23% del umbral de pobreza ponderado por el tamaño efectivo de cada hogar en cuestión. Una idea similar al impuesto a la renta negativo que proponía el economista Milton Friedman en la década de 1960. 

Se pretende erradicar completamente la pobreza extrema garantizando un mecanismo redistributivo dentro de un sistema tributario muy simplificado, pero sin dejar de lado los incentivos para dinamizar la oferta laboral.

Las motivaciones del proyecto y las ganancias en eficiencia asignativa

La principal motivación teórica del proyecto es la virtual eliminación de la ineficiencia en el sistema tributario, la cual entra en juego cuando se aplican tasas progresivas y distorsivas, o cuando se penaliza sistemáticamente la acumulación de capital para favorecer mecanismos redistributivos por medio de tratamientos tributarios diferenciales y arbitrarios.

Todo esto se vería casi completamente eliminado, ya que los impuestos al consumo son los menos distorsivos entre la batería de opciones políticamente viables para la aplicación práctica (los impuestos de suma fija carecen de sentido político). La asignación de recursos en el sistema económico no se vería alterada por la distorsión del Estado, potenciando así el crecimiento económico de largo plazo y la riqueza por habitante.

La inversión, el consumo, el ahorro, y muchas otras variables agregadas, fluctuarían en sus valores naturales dadas las necesidades de la economía y los incentivos de los agentes, y su trayectoria no se vería alterada por distorsiones gubernamentales arbitrarias

Una vez asignados eficientemente los recursos en la economía de mercado, sólo entonces el Gobierno emprendería una acción redistributiva a través de los reembolsos fiscales, pero de manera que no se alteran los incentivos sobre el flujo eficiente de recursos y la generación de la riqueza inicial sobre la cual operaría la posterior redistribución.

Seguir Leyendo

Tendencias