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Estados Unidos

Trump termina con la censura en las redes sociales

Luego de años de discusiones, el presidente Trump finalmente firmó un decreto que soluciona un vacío legal que permitía a las redes sociales beneficiarse de inmunidad legal por su contenido mientras censuraba a sus usuarios.

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Después de muchos años de tratar de combatir la censura en las redes sociales a través de negociaciones con los “gigántes tecnológicos” como Google, Facebook y Twitter, el presidente Trump finalmente firmó el decreto llamado “Orden Ejecutiva para Prevenir Censura Online” este jueves 28 de mayo.


El decreto de ninguna manera busca agregar nuevas regulaciones al sector privado o interviene en su normal funcionamiento. Lo que esta Orden Ejecutiva busca es terminar con un vacío legal que se había generado desde 1996 por la Sección 230 de la Ley de la Decencia en la Comunicación.

Este artículo legislado hace más de 20 años le otorga inmunidad legal a cualquier empresa que preste un servicio de interacción social, como lo hace Facebook Inc. con su red social Facebook e Instagram, Google con YouTube, y Twitter Inc. con Twitter, ante cualquier publicación, video, o imagen publicada en sus sitios.

Sección 230: “Ningún proveedor o usuario de un servicio informático interactivo será tratado como el editor o el orador de cualquier información proporcionada por otro proveedor de contenido de información”.

Esta categoría legal diferencia a estas empresas de cualquier diario o blog, cuyo contenido si tiene responsabilidad legal y se le pueden iniciar causas legales contra el redactor y editor del mismo.
En otras palabras, la ley avala que ninguna red social sea responsable por su contenido porque entiende que el servicio que proveen es lo que se conoce como “Foro Público Neutral”, donde la empresa solo ofrece el espacio y la gente interactúa con plena libertad de expresión en el mismo. Esto es equivalente a ser el dueño de una parque que abre sus puertas al público, pero no es responsable legalmente de lo que las personas digan o hagan en ese espacio.
Pero a diferencia del parque, cuando uno se registra en Twitter, Facebook o YouTube, la empresa obliga a sus usuarios a firmar “Términos y Condiciones”, donde estipula todas las acciones que generarían la expulsión de este espacio. Las empresas pueden hacer esto amparados en los derechos de propiedad que garantiza la Constitución de Estados Unidos, pero al mismo tiempo, al hacer esto están entrando en un contrato con cada usuario que se registra en sus sitios web. Estos contratos deben ser respetados.
El problema surge a partir de que estas empresas han censurado contenido en sus redes por fuera de los “Términos y Condiciones” por mucho tiempo, lo cual debería ser ilegal si están disfrutando de los beneficios legales de la Sección 230, pero a su vez aquella ley es ambigua y en el pasado ha quedado a interpretación de la Justicia en cada caso.
La gota que rebalsó el vaso fue cuando, el 26 de mayo, Twitter decidió agregar una nueva funcionalidad a la plataforma, que en ningún momento se menciona en sus “Términos y Condiciones”, y censurar un tweet del presidente Trump donde habla de la potencialidad de fraude electoral que existe si se realiza la votación de noviembre por correo. Twitter agregó una barra abajo del tweet de Trump, advirtiendo que lo mencionado en el mensaje es falso (aunque no lo es), y linkea a una página de chequeado de CNN.

Con esto le dieron a Trump lo que estuvo esperando desde el momento que ingresó a la Casa Blanca; agarró a los “gigantes tecnológicos” cometiendo un enorme acto de censura que debería ser ilegal bajo la Sección 230 y le dio la excusa perfecta para publicar un decreto que lo clarifique.

Trump denunció en la conferencia de prensa a Yoel Roth, el Director de Ética e Integridad de la empresa Twitter, quien se hizo responsable de haber censurado el tweet del presidente.

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A partir de ahora, con la nueva Orden Ejecutiva, las empresas que estén bajo inmunidad por la Sección 230 y censuren contenido de su plataforma perderán automáticamente esta inmunidad. Lo que implica que se convertirán en entes legalmente responsables por una y cada una de las publicaciones de cada usuario en todas las redes sociales. 

Obviamente esto haría imposible el normal desempeño de cualquier red social, lo que quiere decir es que este decreto obliga a estas empresas a no censurar más el contenido de sus redes.

En Estados Unidos, los decretos presidenciales son ratificados o revocados por la Corte Suprema cuando denuncias de su aplicación llegan a aquella instancia. Por lo que es esperable que el primer paso que den Facebook, Twitter y Google sea denunciar este decreto como inconstitucional, lo cual escalará en las distintas jerarquías judiciales hasta llegar a la Corte Suprema, que actualmente controlan los republicanos con 5 jueces contra 4.
Este proceso será largo y en el medio la Orden Ejecutiva tendrá vigencia pero su aplicación estará sujeta la decisión final de la Justicia, lo que quiere decir que su efecto verdadero lo veremos quizás recién en 2021. Si Trump no gana las elecciones, el nuevo presidente podrá revocar con tan solo una firma este decreto.

Los dueños de redes sociales no aceptarán este decreto tan fácilmente. La razón principal por la que censuran contenido en sus plataformas es porque quieren captar las inversiones en publicidad de muchas empresas cooptadas por el progresismo que dicen que se niegan a publicitar su marca en “redes que estén llenas de odio”. Sin embargo esto no se sostiene por ningún lado, ninguna empresa se va a perder de publicitarse en las redes sociales por diferencias ideológicas con algunos usuarios de esa plataforma.

El CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, ya salió a decir que su empresa no fue responsable de ninguna censura contra las publicaciones del presidente, “esto fue algo que hizo Twitter, no nosotros” y que el decreto no debería afectarlos a ellos.

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Además, la Orden Ejecutiva estipula claramente que cualquier empresa que siendo un “Foro Público Neutral” infrinja la Sección 230 no podrá nunca más recibir financiación del Estado, sea en forma de subisidios, contratos gubernamentales, etc.

El presidente Trump también anunció que todas las publicidades del Estado que se promuevan a través de redes sociales que infrinjan este decreto entrarán “bajo revisión”, cortando una de las principales fuentes de financiación que tienen hoy en día tanto Facebook como Twitter.

Otro anuncio del presidente en la rueda de prensa de hoy es que le indicó al Departamento de Justicia que inicie inmediatamente una investigación en el por qué las redes sociales han censurado a sus usuarios. 

Principalmente, el Fiscal General William Barr se fijará si hubo una censura desproporcionada contra usuarios negros, conservadores, religiosos, o simpatizantes de Trump o de algún otro político.

La Ley de Derechos Civiles de 1964 prohíbe a las empresas a denegar un servicio por excusas raciales o religiosas, y se sospecha que Twitter particularmente ha estado suspendiendo cuentas de conservadores afroamericanos católicos por mostrarse utilizando parafernalia como por ejemplo la gorra roja MAGA de Trump, lo cual podría desembocar en un enorme juicio contra la empresa por discriminación racial y religiosa.

Por último, Trump convocó a todos los diputados y senadores republicanos a llevar esta Orden Ejecutiva al Congreso, para poder plasmar todo esto en una ley que perdure en el tiempo.

Orden Ejecutiva para Prevenir Censura Online – documento completo

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Estados Unidos

Comenzó la Comisión Investigadora de las protestas del 6 de enero en el Capitolio: una nueva persecución a Trump

En la primera audiencia correspondiente a la comisión encargada de investigar los sucesos ocurridos el pasado 6 de enero en el Congreso estadounidense, el comité dirigido por los demócratas mostró falencias y cierto dramatismo ensayado.

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Después de meses presionando, la diputada y presidente de la Cámara Nancy Pelosi finalmente logró que la Cámara de Diputados abriera una Comisión para Investigar los Sucesos del 6 de Enero del 2021. Esta comitiva parlamentaria está compuesta por 9 miembros, 2 republicanos y 7 demócratas, y busca seguir con la persecución política al ex presidente Donald Trump.

Cabe recordar que el Congreso ya llevó a cabo un impeachment contra Trump por este mismo tema, y fue absuelto totalmente por el Senado. Juristas estadounidenses aseguran que esta comisión no tiene ningún sustento legal, y que no habrá nada de lo que se encuentre allí que se pueda llevar a la justicia, por improcedencia.

Todos los manifestantes que entraron al edificio del Capitolio ya fueron arrestados por el FBI, casi 500 personas, y permanecen detenidos y enfrentan hasta 10 años en prisión, por lo que la “Comisión Pelosi“, como la apodaron algunos republicanos, es lisa y llanamente una persecución para exprimir hasta la última gota de capital político del movimiento anti-Trump.

En el inicio de la comisión investigadora, el pasado martes 27, se dio lugar para que hablen abogados, policías que dieron descripciones de combates con los manifestantes que no se vio en ninguna filmación y los mismos diputados miembros de la junta parlamentaria, que lloraron falsamente diciendo que ese día temieron por sus vidas.

Uno de los principales momentos destacados de la audiencia, se dio cuando pronunciaron los testimonios de algunos de los oficiales de policía que se vieron involucrados en los enfrentamientos con los manifestantes, quienes denunciaron entre otros crímenes, insultos racistas lanzados contra sus personas en los forcejeos.

Esto, no pudo ser corroborado por ningún otro elemento de evidencia, a pesar de que hay más de 1000 horas de filmación en internet de los hechos. Sin embargo, al no ser una corte judicial y solamente un show político montado en el Congreso, este tipo de declaraciones tienen lugar.

Los oficiales de policía participantes de la audiencia declararon que entendieron que los manifestantes seguían una consigna establecida por el presidente Donald Trump, utilizada con el fin de revertir el resultado de las elecciones.

El oficial Harry Dunn, un traidor a su laboral policial, mencionó que los manifestantes eran “comparables con sicarios y Donald Trump era quien los contrataba“. En la misma sintonía, el oficial Daniel Hodges se refirió a los manifestantes que ingresaron al Congreso como “terroristas” y pidió que se los juzgue como tal.

Dunn, quien ya se ha hecho famoso como un ferviente simpatizante y votante de Joe Biden, el año pasado se había referido a los ataques perpetrados por el grupo supremacista negro Black Lives Matter en la ciudad de Kenosha como una “respuesta apropiada a tomar, frente a la injusta muerte de George Floyd“.

Otra de las declarantes fue la representante demócrata del estado de Florida, Stephanie Murphy, quien también aportó su cuota de dramatismo al relato demócrata mencionando que los manifestantes llegaron a encontrarse “a solo 40 pasos de ella” y que temió por su vida.

Esto es absurdo ya que los manifestantes no cometieron ningún acto de violencia dentro del Capitolio, y solo se sacaron fotos y protestaron por el evidente fraude electoral.

Para finalizar, el jefe de la comisión investigadora, el representante demócrata de Mississippi Bennie Thompson aseguró que no está descartada la citación del ex presidente Trump a declarar ni de ningún otro ex funcionario de la Casa Blanca, añadiendo que el próximo mes se podría dar la segunda audiencia.

El Departamento de Justicia (DOJ) determinó que los miembros de la anterior administración no podrán invocar el privilegio ejecutivo para evitar testificar, dando una muestra clara del poder que posee el gobierno de Biden y el Partido Demócrata sobre la justicia, la cual actualmente carece de independencia.

Esta comisión se convertirá en un escenario político para que los demócratas obtengan atención nacional de cara a las elecciones de medio término en 2022, y les permiten no dejar pasar el “cuco” de Donald Trump, algo parecido a lo que están haciendo los legisladores del PT en Brasil con la Comisión Investigadora del Manejo del COVID-19.

Todos los policías lloraron falsamente cuando hablaron de los hechos.

Presencia Republicana en la Comisión

En un primer momento, la Comisión iba a tener 4 miembros republicanos, además de 4 demócratas y 1 Jefe. A pesar de que este Jefe iba a ser también demócrata, la comitiva parlamentaria iba a tener al menos un balance mucho mayor al actual.

El líder de la bancada republicana, Kevin McCarthy, había nominado a 5 diputados para la Comisión, entre ellos Jim Jordan y Jim Banks, dos de los legisladores más trumpistas del Congreso.

Pero Pelosi utilizó la mayoría demócrata en la Cámara para vetar a todos los nominados por McCarthy y en su lugar eligió a dedo a dos diputados republicanos anti-Trump: Liz Cheney y Adam Kinzinger, que por sus ideas y su alineación en las elecciones del 2020 son más demócratas que republicanos, y votaron para destituirlo en el último impeachment.

Liz Cheney, la hija del ex vicepresidente Dick Cheney, es la líder del minúsculo pero intenso sector republicano que todavía se opone al liderazgo de Trump. Liz fue removida de su cargo como secretaria del Partido Republicano recientemente en una votación interna y en Wyoming, su tierra natal, no podrá reelegir nunca más, ya que el nivel de aceptación de Trump ronda el 95%.

Adam Kinzinger, el diputado republicano más de izquierda de la oposición, es un legislador electo por Illinois, uno de los Estados más demócratas del país. En este sentido, su agenda empalma prácticamente en todo con el Partido Demócrata. En la primer audiencia, pasó por un momento bochornoso, cuando hablando de los eventos del 6 de enero, pasó en cuestión de segundos de reírse a carcajadas a llorar unas lagrimas falsas que no convencieron a nadie.

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Estados Unidos

EE.UU. seguirá brindandole apoyo aéreo a los talibanes

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El general Kenneth McKenzie resaltó que el apoyo incluye ataques aéreos, apoyo logístico, financiamiento e inteligencia para frenar la ofensiva que enfrentan las Fuerzas Armadas afganas.

Estados Unidos seguirá brindándole apoyo aéreo a las fuerzas afganas en la lucha contra los talibanes, pese a la retirada de sus tropas internacionales del país. Así lo confirmó el Gobierno afgano que celebró la decisión.

El comandante del Mando Central (CENTCOM), el general Kenneth McKenzie, habló en una rueda de prensa en Kabul sobre que Estados Unidos continuará brindando apoyo al Gobierno afgano, lo que incluirá ataques aéreos en defensa de las fuerzas afganas bajo ataque de los talibanes, apoyo logístico, financiamiento, e inteligencia. “Estados Unidos ha aumentado los ataques aéreos en apoyo de las fuerzas afganas durante los últimos días, y estamos preparados para continuar con este nivel de apoyo en las próximas semanas si los talibanes continúan con sus ataques”, dijo McKenzie.

McKenzie visitó Kabul para reunirse con el presidente afgano, Ashraf Ghani, luego de un gran aumento de los ataques de los talibanes en todo el país dentro de los últimos tres meses, en los cuales los insurgentes han capturado aproximadamente 125 centros de distrito, la mayor ganancia territorial en las últimas dos décadas de lucha.

Un informe de Naciones Unidas confirmó hoy que al menos 1.659 civiles murieron y 3.254 fueron heridos en el conflicto en curso en los primeros seis meses de 2021, lo que muestra un aumento de la violencia del 47 por ciento en comparación con el mismo período en 2020. La violencia armada se disparó tras el inicio de la fase final de la retirada de las fuerzas estadounidenses y de la OTAN el 1 de mayo de Afganistán.

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Estados Unidos

Trump dio un masivo evento en Arizona mientras continúa la auditoría de las elecciones del 2020

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El Senado de Arizona, dominado por republicanos pro-Trump, logró que se lleve a cabo una auditoría de los más de 3 millones de votos emitidos en el condado de Maricopa, que reúne más de 160.000 denuncias de fraude electoral, a pesar de que el gobernador Doug Ducey obstaculiza la investigación.

El 45° presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, volvió a dar un discurso televisado en el masivo evento de la organización Turning Point USA, llamado “Manifestación para Proteger nuestras Elecciones” en Phoenix, Arizona, el sábado por la noche, mientras el Senado estatal continúa su revisión de las boletas electorales del condado de Maricopa del 2020.

Esta auditoría está siendo obstaculizada por el gobernador de Arizona, Doug Ducey, y algunos senadores estatales, por lo que la presencia del ex mandatario sirve para presionar a estos republicanos anti-Trump y que permitan una investigación transparente y ética.

Trump subió al escenario envuelto en aplausos y cánticos de “U.S.A.!“, luego de una presentación por parte del activista conservador Charlie Kirk.

Trump empezó yendo directamente al grano: hablar sobre el fraude electoral haciendo hincapié en los esfuerzos por encontrar evidencia casi un año después en una auditoría en Arizona.

Calificó la carrera de 2020 como la “elección más corrupta, deshonesta e injusta en la historia de nuestro país” y dijo que los demócratas, los medios de comunicación, las grandes empresas tecnológicas y “nosotros, el pueblo estadounidense, lo sabemos“.

A continuación, explicó detalladamente las denuncias que presentó en Arizona. “Hubo 18.000 personas que emitieron su voto en 2020 y a los pocos meses fueron sacados del padrón electoral“, contó.

Nos estamos convirtiendo en un país del tercer mundo“, dijo. “En los meses siguientes a la elección, se encontraron 160.000 boletas impresas en papel no oficial“, haciendo referencia a los votos que se comprobaron que no estuvieron emitidos en “papel electoral seguro“.

¿Me pregunto estos 160.000 votos, por quién fueron? Tengo el presentimiento que el 100% fue para Biden“, especuló.

Indagando en cómo pudo haber perdido en Arizona en 2020 luego de haber arrasado en el Estado en 2016, se preguntó: “¿Cuál fue la diferencia entre 2016 y 2020?“. A lo que rápidamente se contestó: “La diferencia fue que me fue mucho mejor en 2020“.

En el resto del discurso, Trump criticó duramente al gobernador Doug Ducey, por no haber permitido una auditoría justo después de las elecciones, criticando que “no era muy popular” y “ahora no es popular conmigo“. Según el ex presidente, ahora Ducey está permitiendo una auditoría porque quiere recuperar el apoyo de los republicanos trumpistas, pero pone todos los palos en la rueda para que no prospere.

Voy a seguir la ley… He hecho un juramento de respetarla y me tomo muy en serio mi responsabilidad“, se defendió Ducey en 2020 contra los ataques de Trump por certificar la victoria de Biden en el Estado sin permitir una auditoría.

Ducey asegura contradictoriamente que el sistema electoral de Arizona tiene “las leyes electorales más fuertes del país” que “priorizan la rendición de cuentas” y establecen los procedimientos para conducir, escrutar y cuestionar los resultados de una elección.

El gobernador vetó una gran cantidad de proyectos de reforma electoral que habían sido aprobados por la Legislatura a fines de mayo, insistiendo en que no firmará nada hasta que los diputados le aprueben el presupuesto, algo que se niegan a hacer hasta que Ducey apruebe las leyes electorales más estrictas, en un círculo vicioso que parece no tener salida. 

Los miembros del Partido Republicano en Arizona están muy enojados con Ducey por vetar la aprobación de la legislación que habría prohibido el envío masivo por correo de boletas electorales no solicitadas a los votantes. En este sentido, múltiples organizaciones conservadoras están llevando a cabo eventos en el Estado para presionar al gobernador.

Estamos reunidos aquí en Phoenix para mostrar nuestro apoyo a la integridad de las elecciones y a los valientes e inflexibles guerreros conservadores en el Senado del Estado de Arizona, gracias“, dijo Trump. Han creado un movimiento en todo el país“.

Junto a Trump en Teatro Federal de Arizona, también estuvieron invitados la mayoría de los candidatos republicanos que compiten en las elecciones primarias del Senado y para Gobernador de Arizona de 2022 que cuentan con su apoyo.

El esfuerzo en la Legislatura del Estado por esclarecer las denuncias de fraude electoral está entrando en su cuarto mes, y el recuento inicial llevado a cabo de manera manual de cerca de 2,1 millones de votos del Condado de Maricopa ha sido completado por el contratista del Senado, la empresa experta en ciberseguridad Ninjas, aunque sus resultados no han sido publicados todavía porque permanecen “bajo análisis de las autoridades“.

La investigación y la auditoría está plagada de obstáculos en el camino, no solo de demócratas si no que de republicanos anti-Trump que dominan ciertas instituciones en Arizona.

Hasta el momento, la autoridad electoral de Arizona encontró por lo menos 182 casos de posible fraude electoral entre más de 160.000 votos puestos bajo observación en el condado de Maricopa, dato publciado incluso en un medio del establishment como la Associated Press. De estos 182 casos, hasta ahora solo 4 han dado lugar a cargos, pero todavía nadie ha sido condenado.

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