Seguinos en redes

Estados Unidos

Victoria para Trump: La Justicia aceptó incorporar un tercero neutral para revisar la causa del allanamiento

Publicado

en

La jueza Aileen Cannon le quitó poder en la causa al juez demócrata Bruce Reinhart y ordenó al gobierno de Biden que detenga la revisión de los bienes incautados hasta que se designe un supervisor neutral.

Este lunes, una jueza federal le otorgó al equipo de abogados de Trump su primera victoria legal en su litigación frente al gobierno de Biden por los bienes incautados durante el allanamiento que el FBI ejecutó en la residencia del expresidente el pasado mes.

La jueza Aileen M. Cannon dio lugar al reclamo de Trump por la parcialidad del juez al frente de la causa, Bruce Reinhart, y ordenó que el caso sea revisado por una figura legal conocida como “special master, un tercero independiente que tiene como labor velar por la neutralidad de todo el proceso legal.

La magistrada le dio tiempo hasta el viernes de esta semana a ambas partes para que propongan los candidatos a ocupar dicho rol durante en el proceso. De acuerdo al fallo, el tercero neutral que será designado tendrá la labor de “revisar los bienes incautados, gestionar las afirmaciones de privilegio y hacer recomendaciones al respecto sobre este tema, así como evaluar las reclamaciones de devolución de bienes“.

Con esto, se reconoce que el juez Reinhart, quien autorizó la redada en Mar-a-Lago y dejó que el gobierno de Biden presente una versión fuertemente redactada de la solicitud de allanamiento, no puede garantizar la neutralidad del proceso.

Entre otras cosas, se citó su trabajo para el financista Jeffrey Epstein, jefe de una red internacional de pedofilia y uno de los más importantes donantes del Partido Demócrata; además de donaciones propias de Reinhart para candidatos demócratas en las últimas elecciones.

“El Tribunal autoriza el nombramiento de un tercero independiente para que revise los bienes incautados en busca de objetos y documentos personales y de material potencialmente privilegiado sujeto a reclamaciones de privilegio de abogado-cliente y/o ejecutivo”, escribió la jueza Cannon.

Las malas noticias para Biden no terminan ahí, ya que con la designación del special master, se debe detener cualquier revisión que el gobierno federal estaba llevando a cabo de los bienes incautados en el allanamiento.

La semana pasada en una audiencia, los propios abogados del gobierno demócrata reconocieron que la revisión ya estaba casi terminada, incurriendo en otra violación a los derechos constitucionales del exmandatario, ya que desde la presentación del reclamo de Trump, el FBI debía suspender su análisis hasta que salga el fallo.

Del fallo de la jueza Cannon, dos extractos sobresalen. De los 11.000 documentos incautados, aproximadamente solo 100 de ellos contienen la etiqueta de “clasificados”, menos del 1%, destruyendo así el argumento que el Fiscal General de Biden, Merrick Garland, había realizado ante el juez Reinhart de que Trump se había robado documentos clasificados luego de marcharse de la Casa Blanca sin haberlos desclasificados previamente.

En otro extracto, tal vez la información más importante hasta ahora, la jueza Cannon señala que fue el propio Joe Biden quien le solicitó al FBI que se involucrara en la disputa entre Trump y la Agencia de Archivos (NARA) sobre los documentos presidenciales.

“En mayo de 2022, NARA le informó al demandante que procediera proveyendo al FBI con acceso a los archivos en cuestión, según lo solicitado por el presidente en ejercicio, comenzando tan pronto como el 12 de mayo de 2022”, reza el extracto.


Trump reaccionó al fallo escribiendo en su cuenta de TRUTH Social, mostrándose satisfecho con la victoria de su equipo legal. “Recuerden, se necesita valor y agallas para luchar contra un Departamento de ‘Justicia’ y el FBI. Están siendo empujados a hacer las cosas mal por muchas fuentes externas siniestras y malvadas“, escribió el líder republicano.

Hasta que la imparcialidad, la sabiduría, la justicia y el coraje sean mostrados por ellos, nuestro País nunca podrá volver o recuperarse – ¡se reducirá a ser una Nación del Tercer Mundo!”, sentenció Trump.

Economía

Las medidas de Joe Biden agregarán más de US$ 4,8 billones de dólares al déficit fiscal hasta 2031

Publicado

en

El Presidente se jactó por la reducción del déficit en 2022 y se la atribuyó a sí mismo, pero el grueso de sus propias iniciativas apuntan a desequilibrar las finanzas públicas por más tiempo del que se proyectaba en la administración anterior. 

El Gobierno del presidente Joe Biden anunció que el déficit fiscal fue recortado en US$ 1,7 billones en el año fiscal 2022, un hecho que por supuesto atribuyó exclusivamente a su gestión y no escatimó en críticas y acusaciones hacia el Gobierno de Donald Trump.

Sin embargo, el Presidente manipuló la información para verse favorecido y decidió eludir los hechos de la realidad que marcan una situación muy diferente. Si bien es cierto que el déficit fiscal federal se redujo fuertemente en 2022, esto se debió al cese del “gasto covid” y los cheques de asistencia social otorgados por la emergencia.

No hubo ningún recorte efectivo del gasto público presupuestado por fuera de las erogaciones extraordinarias. De hecho, el gasto primario del Gobierno federal (sin intereses de deuda) ascendió al 22,05% del PBI en noviembre del año pasado, aún muy por encima del 19,35% que se registraba antes de la pandemia en febrero de 2020.

El déficit fiscal se redujo en 10 puntos del PBI durante el Gobierno de Biden, pero con dos importantes excepciones: la primera en marzo de 2021 con el lanzamiento del “Plan de Rescate Estadounidense” y la segunda en septiembre de 2022 con la cancelación de préstamos estudiantiles

La ley de rescate aprobada incrementó el déficit fiscal del 15,66% del PBI hasta superar el 18%, el valor más alto desde la Segunda Guerra Mundial. Asimismo, la cancelación de préstamos estudiantiles marcó el fin de la corrección fiscal y disparó el desequilibrio del 3,9% del producto al 5,2% en noviembre de 2022 (0,3 puntos por encima de febrero de 2020). 

Aún obviando el incremento de los intereses de deuda por el ajuste de tasas de la Reserva Federal, las finanzas públicas no muestran mejoría. El déficit fiscal primario del Gobierno federal se incrementó del 2% del PBI en julio de 2022 al 3,37% en noviembre, principalmente debido al salto que provocó el rescate de deuda.

Por la propia dinámica de los gastos asignados únicamente por una emergencia sanitaria, la corrección del déficit fiscal habría tenido lugar de manera natural y premeditada, la administración Biden solo añadió la expansión de partidas discrecionalmente seleccionadas y sin preocuparse por la responsabilidad fiscal. 

Resultado del Gobierno federal de Estados Unidos entre 2019 y 2022.

Los economistas de Moody’s Analytics estiman que el presidente Biden añadió hasta 4,8 billones de dólares más al déficit fiscal entre 2021 y 2031, siendo el 48% de este monto explicado únicamente por el Plan de Rescate Estadounidense de 2021. Estos gastos no tuvieron ningún tipo de contraprestación, el Gobierno no se preocupó por compensar las pérdidas. 

La Ley de Reducción de la Inflación (IRA por sus siglas en inglés) sí compromete un ajuste al déficit pero solamente por US$ 200.000 millones hasta 2032, un monto que de ningún modo puede compensar el rojo fiscal de US$ 4,8 billones.

La política fiscal del Gobierno se volvió errática y abiertamente contradictoria. Si la principal herramienta de la IRA era la reducción del déficit fiscal para controlar la inflación, esta se ve completamente boicoteada por otros programas igualmente aprobados y promovidos por la misma administración.

Seguir Leyendo

Estados Unidos

En plena crisis energética, los demócratas quieren cerrar la última central nuclear de California

Publicado

en

Si bien el gobernador Gavin Newsom pidió prorrogar el cierre hasta 2030, el gobierno de Biden reafirma su intención de que los dos reactores dejen de operar en 2024 y 2025, respectivamente.

La última central nuclear de California podría verse obligada a cerrar, a pesar de la prórroga de Newsom
Diablo Canyon, la última central nuclear operativa de California.

Mientras otros estados están apostando a aumentar la producción energética a partir de fuentes nucleares, California decidió iniciar el cierre de su última central nuclear, para 2025.

Diablo Canyon, la última central nuclear operativa de California, podría verse obligada a cerrar en 2025 a pesar de la prórroga de cinco años firmada por el gobernador demócrata Gavin Newsom, dejando al estado potencialmente corto de energía.

El martes, la Comisión Reguladora Nuclear (NRC) federal, que depende de Joe Biden, rechazó un intento de la Pacific Gas & Electric Company de restablecer las solicitudes de permiso que había retirado. Sus permisos actuales expiran en 2024 y 2025 para cada uno de los dos reactores de la central, y las nuevas solicitudes podrían tardar meses.

La decisión marca la última batalla en una larga lucha sobre el funcionamiento y la seguridad de la planta de Diablo Canyon. Mientras los demócratas a nivel nacional quieren cerrarla, el gobernador Gavin Newsom dice que debe seguir funcionando más allá de su cierre programado para 2025 para evitar posibles apagones como la transición del estado a la energía solar y otras fuentes renovables.

En octubre, Pacific Gas & Electric pidió a la Comisión Reguladora Nuclear que reanudara el examen de una solicitud presentada inicialmente en 2009 para ampliar la vida útil de la central, que posteriormente fue retirada después de que PG&E anunciara en 2016 sus planes de cerrar los reactores.

Según las normas vigentes, las licencias de explotación de los reactores hermanos expiran en 2024 y 2025, momento en el que se verían obligados a cerrar. Cabe aclarar que el apagón no es inmediato, y en los años previos a las fechas de corte, el reactor irá bajando su producción de energía año tras año hasta llegar a cero.

Si bien el propio Newsom apoyó por años el cierre de Diablo Canyon, desde el año pasado dio marcha atrás a su antigua oposición a la energía nuclear e instó con éxito a la legislatura estatal a votar a favor de ampliar la vida operativa de la central hasta 2030, para evitar cortes de luz en los próximos años.

El gobernador de California Gavin Newsom observa durante una visita a la Planta de Tratamiento de Agua de Antioch el 11 de agosto de 2022 en Antioch, California.

Tras varios cortes de electricidad en el estado, Newsom y los demócratas californianos, que se han fijado el objetivo de cero emisiones netas de carbono para 2045, no quieren perder ese 6% del suministro eléctrico que provee la central de Diablo Canyon, dado que la energía solar y eólica todavía son incapaces de llenar esa demanda.

Muy por el contrario, grupos ecologistas se mostraron eufóricos por la decisión de la NRC. Caroline Leary, abogada del Environmental Working Group (EWG), declaró en un comunicado que apoyan la decisión del gobierno federal y llamó a “recapacitar” a los legisladores del estado.

“No es demasiado tarde para que la Legislatura de California reoriente los mil millones de dólares destinados a la reactivación de estos reactores inseguros y antieconómicos al apoyo de fuentes de energía alternativas, seguras y renovables, como la energía solar y eólica, la eficiencia energética y la gestión de la carga”, sentenció, sin entender que estas fuentes de energía, aunque reciban miles de millones de dólares en inversiones, no son capaces de otorgar la misma producción de un reactor nuclear.

Seguir Leyendo

Economía

“Ley de Impuestos Justos”: El Partido Republicano lanza un proyecto de ley para eliminar todos los impuestos federales

Publicado

en

Se trata de una reforma histórica y muy ambiciosa que pretende eliminar la mayor parte de los impuestos federales, reemplazándolos por un único impuesto generalizado al consumo. El proyecto tiene el apoyo de Trump y McCarthy.

El Partido Republicano de los Estados Unidos presentó un proyecto de ley sin precedentes para reformar el código fiscal del país, una iniciativa que surge desde el sector más conservador y defensor del liberalismo económico, y cuenta con el apoyo del ex presidente Donald Trump.

El recientemente nombrado Presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, dio su visto bueno para el tratamiento de la ley y prometió respaldar el proyecto como parte de las negociaciones con el bloque trumpista para que aprueben su nominación.

La legislación propuesta busca eliminar miles de impuestos federales y unificaron en un impuesto único enfocado al sector del consumo. Entre otros, se eliminaría el Impuesto a las Ganancias, tanto individuales como corporativas, el Impuesto a la Herencia, el Impuesto a la Renta Financiera, el Impuesto a la Transferencia de Dividendos, el Impuesto a la Seguridad Social (cargas patronales y sociales), y casi la totalidad de los tributos que rigen a nivel nacional.

Todo indica que los republicanos tienen los votos para aprobar esta ley en la Cámara de Diputados, pero no en el Senado. Además, en el extraño caso que por lo menos 10 senadores demócratas voten a favor y la ley se apruebe, todo indica que Biden vetaría el proyecto.

La reforma tributaria del Partido Republicano

El proyecto propone la completa eliminación del Impuesto a las Ganancias de Estados Unidos, conocido allá como “Income Tax“, que se implementó por primera vez en el país en 1861 para costear la Guerra Civil y nunca fue eliminado después de que terminara el conflicto. Desde 1913 también se aplica para empresas.

De aprobarse este proyecto, ni los ciudadanos ni las sociedades pagarían ningún tipo de impuesto como una alícuota de sus ganancias imponibles anuales.

También se eliminaría el Impuesto a la Renta Financiera y a la Transferencia de Dividendos, conocido como “Capital Gains Tax“, que se cobra a partir de las ganancias obtenidas por activos que aumentan su valor o por el cobro de dividendos por la tenencia de estos activos.

Este impuesto fue introducido durante la gestión demócrata de Woodrow Wilson en 1913, y se estableció a valores absurdamente elevados. Con el pasar de los años se redujo considerablemente, y actualmente se ubica entre el 10 y el 40%. Es uno de los principales factores de distorsión en el mercado financiero.

Otro de los impuestos más importantes que se eliminaría es el de la Seguridad Social, conocido como “Social Security Tax“, implementado en 1935 por el también demócrata Franklin D. Roosevelt para financiar un masivo sistema de salud pública.

También, con el tiempo este sistema fue adaptado para los más necesitados y no de manera universal, y actualmente el tributo se ubica en el 6,2% de todas las personas que quieran acceder a él.

Impuesto Único a las Ventas

El programa dispone del reemplazo de todos estos tributos por un impuesto federal único y generalizado al consumo: las ventas de todo el país, sea cual fuere su naturaleza y casi sin excepción, estarían sujetas a una tasa del 30%.

Este esquema tributario se conoce como “Fair Tax”, y la generalización de la tributación al consumo promete complementar la mayor parte de los recursos que se perderían por la eliminación de impuestos federales.

Esta no es la primera vez que el Partido Republicano propone una reforma de las características descritas. En 1999, la mayoría republicana en el Congreso presentó una propuesta similar, y en la década de 1990 se presentaron múltiples proyectos para “achatar” la estructura de los impuestos federales. 

No solo se vería una reducción considerable de la tasa efectiva total, que es cuánto percibe en impuestos un contribuyente norteamericano promedio por todos los impuestos que paga a nivel distrital, estatal y federal, si no que además se simplificaría sustancialmente el sistema impositivo y se eliminarían muchas distorsiones en el mercado.

“Impuesto negativo” para sectores más vulnerables

La reforma de los republicanos eliminaría completamente las escalas “progresivas” sobre los impuestos federales. A modo de compensación, el programa tributario propone incluir una serie de reembolsos fiscales para los estratos más bajos de la sociedad.

A estos fines, todos los hogares recibirían un cheque mensual por parte del Gobierno federal, equivalente al 23% del umbral de pobreza ponderado por el tamaño efectivo de cada hogar en cuestión. Una idea similar al impuesto a la renta negativo que proponía el economista Milton Friedman en la década de 1960. 

Se pretende erradicar completamente la pobreza extrema garantizando un mecanismo redistributivo dentro de un sistema tributario muy simplificado, pero sin dejar de lado los incentivos para dinamizar la oferta laboral.

Las motivaciones del proyecto y las ganancias en eficiencia asignativa

La principal motivación teórica del proyecto es la virtual eliminación de la ineficiencia en el sistema tributario, la cual entra en juego cuando se aplican tasas progresivas y distorsivas, o cuando se penaliza sistemáticamente la acumulación de capital para favorecer mecanismos redistributivos por medio de tratamientos tributarios diferenciales y arbitrarios.

Todo esto se vería casi completamente eliminado, ya que los impuestos al consumo son los menos distorsivos entre la batería de opciones políticamente viables para la aplicación práctica (los impuestos de suma fija carecen de sentido político). La asignación de recursos en el sistema económico no se vería alterada por la distorsión del Estado, potenciando así el crecimiento económico de largo plazo y la riqueza por habitante.

La inversión, el consumo, el ahorro, y muchas otras variables agregadas, fluctuarían en sus valores naturales dadas las necesidades de la economía y los incentivos de los agentes, y su trayectoria no se vería alterada por distorsiones gubernamentales arbitrarias

Una vez asignados eficientemente los recursos en la economía de mercado, sólo entonces el Gobierno emprendería una acción redistributiva a través de los reembolsos fiscales, pero de manera que no se alteran los incentivos sobre el flujo eficiente de recursos y la generación de la riqueza inicial sobre la cual operaría la posterior redistribución.

Seguir Leyendo

Tendencias