El salario mínimo tiene una fuerza política difícil de discutir. Si un trabajador gana poco, parece razonable establecer por ley que deberá cobrar más. Quienes lo defienden ven una protección frente a salarios demasiado bajos; quienes lo cuestionan advierten sobre sus efectos en el empleo. Pero detrás de esa discusión aparece una pregunta menos evidente: ¿puede una ley aumentar el valor económico de un trabajo simplemente ordenando que se pague más por él?
Este fue el tema sobre el que volví a “conversar” con Murray Rothbard, porque dedicó parte de “Man, Economy, and State with Power and Market” a analizar qué sucede cuando el Estado fija salarios por encima de los que surgirían voluntariamente entre trabajadores y empleadores.
—Profesor Rothbard, ¿qué tiene de malo establecer por ley que nadie cobre menos de determinada cantidad?
—La intención y el resultado son cuestiones diferentes. Un gobierno puede establecer el salario mínimo que desee, pero no puede obligar a un empleador a contratar a una persona cuyo trabajo valora por debajo de ese costo.
—Pero el trabajador que conserva su empleo cobra más.
—Por supuesto. Y ésa es la parte visible. El problema aparece con quienes dejan de ser contratados. En “Man, Economy, and State with Power and Market” expliqué que, cuando el salario mínimo se fija por encima del valor de mercado de determinado trabajo, la cantidad de trabajo ofrecida supera a la demandada. Ese excedente se manifiesta como desempleo.