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El Pase Sanitario es inconstitucional en Argentina: la voz de un experto

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El Dr. Elías N. Badalassi explica las distintas razones por las que el Pase Sanitario obligatorio es un mamarracho pseudo-legal, que viola la Constitución Nacional, el Código Civil y Comercial de la Nación y el Código Penal.

Argentina tomó el cuestionable camino de la discriminación sanitaria para enfrentar las nuevas olas de coronavirus. Tanto los gobiernos provinciales como el Gobierno nacional están reglamentando la obligación de presentar un certificado de vacunación completa para ir a restaurantes, bares, cines, teatros, gimnasios y otros comercios cerrados.

En la Provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof estableció desde el pasado 21 de diciembre el “Pase Sanitario obligatorio”, mediante una resolución de firma conjunta entre el Ministro de Salud de la Provincia y el Jefe de Gabinete bonaerense.

Desde esta semana, es necesario contar con el “Pase Libre” en la app MiArgentina o, a partir del 6 de enero, en la app CuidAR, para poder participar de: actividades culturales, deportivas, religiosas y recreativas en espacios cerrados; así como la realización de trámites ante organismos públicos, etc.

Haciendo un análisis legal de esta resolución provincial, debe decirse que la vacunación obligatoria resulta ser una medida temeraria.

Recordando que la experimentación en humanos para el beneficio de la medicina moderna se ha realizado bajo ciertos parámetros bioéticos a lo largo de los años, el instaurar un régimen de vacunación forzada, respecto de una serie de vacunas que todavía se encuentran en FASE 3 (es decir, etapa experimental), es muy peligroso.

Hacer esto, no mediante el Congreso, donde nuestros representantes podrían defendernos de este atropello, sino desde una Resolución de firma conjunta (legalmente es menos que un decreto), decanta en ser un mamarracho pseudo-legal, propio de un gobierno que no tiene problemas en torcer la ley.

Ahora bien, es menester recordar una serie de normas tanto locales como internacionales, que se encuentran vulneradas mediante la implementación del pase, esperando que las acciones ya iniciadas y por iniciar, como amparos y objeciones de conciencia, tomen su rumbo debido.

La Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos de la Unesco (2005) ya ha dicho que: “Toda intervención médica preventiva (…) sólo habrá de llevarse a cabo previo CONSENTIMIENTO LIBRE E INFORMADO…”.

Además, la Declaración de Helsinki de 1964 (enmendada por la Asociación Médica Mundial en 1975, 1983 y 1989) nos aclara que: “En toda investigación en personas (…) Debe informarse a cada persona que son libres de no participar en el estudio y de revocar en todo momento su consentimiento”.

Siguiendo con la reglamentación médica a nivel internacional, el Código de Nüremberg (1947) dice que: “Se requiere plena capacidad legal y estar en una situación que permita la plena libertad de elección, sin impedimento alguno de fuerza, fraude, engaño, intimidación, promesa o cualquier otra forma de coacción o amenaza…”.

Cabe recordar que desde la reforma constitucional de 1994, todos los acuerdos internacionales suscritos por las dos terceras partes del Congreso tienen carácter constitucional en el territorio argentino.

Argentina instaurará pase sanitario para actividades de riesgo  epidemiológico - 13/12/2021 - EL PAÍS Uruguay

Analizando lo que las leyes argentinas dicen al respecto, se recuerda que, además del amparo judicial (muy cuestionado por la justicia parcial que tenemos), existe la posibilidad de realizar una formal objeción de conciencia para no ser inoculados en contra de su voluntad, integridad, dignidad, y fe.

Esto encuentra su fundamento en los derechos constitucionalmente reconocidos de libertad religiosa, de pensamiento, de trabajo y de no discriminación. Asimismo, el derecho a la objeción de conciencia se encuentra iluminado por el reconocimiento explícito del derecho a la libertad de culto, del derecho a la privacidad y del derecho a la igualdad, y por el reconocimiento implícito de los derechos a la libertad de pensamiento y a la libertad de conciencia, los cuales se desprenden, entre otros, de los arts. 14 y 33 de la Constitución Nacional (CN).

Es menester recordar a esta altura que según nuestra CN, en su art. 19, “…Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe“. Por lo que, de no pasar por el Congreso esta cuestión, no alcanza con que el Gobernador quiera imponer esto por decreto o resolución ministerial conjunta, ya que la misma, es a todas luces inconstitucional.

Asimismo, según los arts. 28 y 29 de la CN, las garantías constitucionales no podrán ser alteradas por las leyes que reglamenten su ejercicio, y el art. 33 de la CN dice que aquellas declaraciones, derechos y/o garantías que enumera la Constitución no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados, pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno. Por lo que, toda afectación a la soberanía del pueblo, es inconstitucional, esté escrita o no.

En adición, debemos decir que según el art. 51 del Código Civil y Comercial de la Nación (CCCN), la persona humana es inviolable y en cualquier circunstancia tiene derecho al reconocimiento y respeto de su dignidad.

Por ello, el art. 52 dice que la persona humana lesionada en su intimidad personal o familiar, honra o reputación, imagen o identidad, o que de cualquier modo resulte menoscabada en su dignidad personal, puede reclamar la prevención y reparación de los daños sufridos (objeción de conciencia, amparos, y denuncias penales).

Asimismo en atención a que las vacunas se encuentran en Fase 3, y cuentan con una aprobación de emergencia por las agencias estatales de control, el art. 56 del CCCN indica que: “Están prohibidos los actos de disposición del propio cuerpo que ocasionen una disminución permanente de su integridad o resulten contrarios a la ley, la moral o las buenas costumbres…”.

Lo que nos lleva a ver que el art. 59 del CCCN dispone que: “Nadie puede ser sometido a exámenes o tratamientos clínicos o quirúrgicos sin su consentimiento libre e informado…”.

El Gobierno busca que el pase sanitario esté en funcionamiento para el  verano - Diario El Sol. Mendoza, Argentina.

Por último, se recuerda que según el Código Penal (CP), el art. 149 bis. dice que: “…Será reprimido con prisión o reclusión de dos a cuatro años el que hiciere uso de amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad”.

También el art. 248 del CP dice que: “Será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”.

Por consiguiente, se aclara que no tendría nada de malo que una persona -por su propia voluntad- decida inocularse, pero jamás sería aceptable que se obligue a aquellos que han decidido no vacunarse, a hacerlo, bajo pena de nulidad absoluta dentro de los parámetros de la ley de nuestro país, ya que la autonomía de la voluntad es un derecho humano inalienable.

Es inconstitucional negar la entrada a lugares públicos, negar la libre circulación, el libre comercio, el acceso a la salud, la educación. Todos estos son actos propios de un régimen no democrático, contrario a nuestra forma de gobierno, y por lo tanto inconstitucional.

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El terrorismo legislativo feminista de la Triple E: Estalinismo, Estupidez, Elitismo

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La ola de propuestas de legislación en favor de promover la agenda feminista en la sociedad tiene una explicación en los tres pilares que sostienen la organización estatal y paraestatal de género.

En el plazo de 48 horas, por el Congreso han entrado dos nuevos proyectos de ampliación de la Ley Micaela, uno para decretar la obligatoriedad de la capacitación de género para estudiar cualquier carrera universitaria o terciaria y otro para obligar a todos los directivos y dirigentes de los clubes de AFA a ser adoctrinados anualmente. Asimismo, la Ministra de Género junto a la Senadora Catalfamo, realizó una jornada sobre la Ley de Gestión Menstrual con distintas activistas del colectivo feminista. Todo esto solo en cuarenta y ocho horas.

Cualquiera pensaría que en Argentina faltan problemas o sobran recursos. Lo que evidentemente abunda es un ejército de personas dedicadas a la politiquería barata. Nos sobran prebendas y nos sobra paciencia, porque vienen destruyendo todo a su paso hace años.

Ya vimos a la ministra Gomez Alcorta capacitar a los diputados denunciando cosas tales como que “hoy todavía muchísimos utilizan el concepto de ‘mi mujer’ para referirse a su compañera o a su esposa, o a su pareja” o solicitando que “esperamos que no sea más llamado Cámara de Diputados porque llevó ese nombre cuando solamente eran diputados”. La agenda de la Ministra tiene un nivel de urgencia realmente abrumador, ¿no?

Por eso se percibe en el aire que hace años estamos a merced del terrorismo psicológico, cultural y económico de una organización estatal y paraestatal de género: la Triple E. Cada sigla es programática, es un norte de acción. Porque nada se presenta o se hace sin pasar por el filtro de la “orga”.

Estalinismo

Cada proyecto necesita ser lo más ideológicamente perverso y obligatorio posible. La izquierda de antaño vendía o regalaba libros, popularizando sus ideas a través de la distribución masiva de contenido marxista. Ahora parecería que no hay tiempo para eso, nadie quiere leer. Por lo tanto, hay que utilizar con toda violencia la fuerza estatal para que las ideas entren hasta con tirabuzón en cada cabeza más o menos apta para recibirlas.

No es casual que vayan por los pocos alumnos argentinos que logran llegar a la educación superior, ya que en una batalla de ideas son los pocos que podrán (o no) sostener ideológicamente al régimen político “de la orga” de género.

Vale mencionar que el feminismo de género es descrito por Judith Butler, filósofa y principal referente en la materia, en su bestseller “El género en disputa” como una teoría política, no como una teoría sociológica o un cambio cultural por la vida y la dignidad de las mujeres o el colectivo LGBT+.

Ya no alcanza que en los distintos niveles del Estado, donde hay más de tres millones y medio de personas trabajando, sea obligatorio capacitarse en cuestiones de género en función de una ideología impuesta por un colectivo. No. Ahora van por los estudiantes que ya han sido machacados con estos contenidos durante el secundario a través de la ESI.

Aproximadamente la mitad de los alumnos que egresan anualmente del secundario se inscriben en carreras de pregrado o grado y sólo 1 de cada 4 culmina los estudios superiores. No es casual que quieran imponer la capacitación como condición de ingreso, ya que cuadruplican el alcance que tendrían si lo exigieran para recibirse. Más es más para el dogma estalinista.

Estupidez

La etimología de la palabra “estupidez” nos lleva al verbo latino stupere que quiere decir quedar paralizado o aturdido, o sea, quedar fuera de juego.

Con este tipo de iniciativas realmente podemos sentirnos condenados por la clase dirigente a quedar absolutamente inmovilizados, golpeados, aturdidos ante la realidad que pega, y pega fuerte, mientras estamos quietitos discutiendo a quiénes obligamos a ser adoctrinados aquí o allá.

El feminismo se ha transformado en el perro del Hortelano de la política, no hacen nada por los problemas concretos de nadie y tampoco dejan hacer, encadenando recursos y tiempo de debate público en planteos inconducentes. Han transformado al Congreso en un teatro de operaciones para conseguir caja y prebendas. Mucha rosca, mucho tiempo y mucha plata dedicada a fortalecer causas sobrerrepresentadas en el ámbito legislativo.

Elitismo

El bochorno se agudiza si pensamos el contexto, sólo el 14% de los jóvenes de entre 25 y 29 años ha finalizado una carrera universitaria en Argentina. Es decir, ser un joven profesional es prácticamente un privilegio. A esa minoría privilegiada intelectual y/o económicamente se le dedica gran parte del tiempo y la atención de la agenda.

Es sujeto y objeto de la imposición cultural de género, de la discusión sobre las copas menstruales y de delirios varios. Son quienes, normalmente, acceden a los puestos de dirección de los distintos sectores económicos.

Cualquiera pensaría que el fútbol implica acercarse a un sector popular pero ¿a quién le cabe dudas que es una industria millonaria? Los contenidos de la triple E son absurdos en contextos populares, no cuajan. Por eso sus cañones están apuntados a las élites tanto intelectuales como económicas.

Así vivimos en el medio de una brecha de agenda cada vez más grande, élites progresistas que vociferan que “amplían derechos” cada vez que consiguen un nuevo capricho cubierto por la prepaga mientras, hipócritamente, gastan el dinero de los pobres en hegemonizar culturalmente a la sociedad con jornadas, capacitaciones y leyes de cumplimiento obligatorio.

El ahogo social de sentirse atrapado en este laberinto se transforma en indignación y recelo. Según la encuesta publicada este año por la Universidad de San Andrés, el movimiento feminista tiene un 59% de imagen negativa, siendo un 14% mala y un 45% muy mala. Este divorcio de la clase dirigente parecería profundizar cada vez más el hartazgo social. Aunque el kiosko elitista de la Triple E pareciera no tener fin, la realidad golpea cada vez más fuerte las puertas de una dirigencia que no da señales de acusar recibo.

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Opinión

Libertad es responsabilidad y prohibir la portación de armas agrava el problema de la inseguridad

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El tiroteo en Texas no debe correr el eje de la discusión: cuando un delincuente está a punto de atacarte, tener un arma puede salvarte la vida. La protección de nuestras vidas es un derecho y no debe seguir postergándose.

El debate sobre la portación de armas volvió a estar en el centro de la escena después de que un asesino perpetrara un tiroteo en una escuela en Texas, donde murieron 19 estudiantes y dos maestros. Se trata de un debate que, a esta altura, pareciera no tener asidero en la realidad argentina: continuar con la tradicional regulación prohibicionista en un país con una de las tasas de homicidios más altas del mundo es seguir golpeándonos la cabeza contra la pared

Como ex soldado de las Fuerzas Especiales de Israel y actual habitante de los Estados Unidos, tengo armas, las usé y volvería a hacerlo. Cuando un delincuente armado está a segundos de atacarte y la policía está a minutos de llegar, tener un arma puede salvarte la vida. La cuestión de fondo no es “armas sí – armas no”, sino cómo regular su tenencia para que sea utilizada de manera correcta para la defensa personal. Una discusión que, en un país con ciudades como Rosario, donde según el Observatorio de Seguridad Pública de Santa Fe se comete un crimen cada 30 horas, no puede seguir postergándose.

La protección y la defensa no solo de nuestras vidas, sino también de nuestra propiedad material, es un derecho primario. Es por este motivo que prohibir su portación va en contra de las libertades individuales: cada ciudadano debe ser capaz de poder elegir qué derechos ejerce libremente, sin ser juzgado por ello. De esta manera, se le quitaría poder relativo al Estado, que es el que tiene el monopolio de la violencia y no sabe cómo ejercerla porque, lo dicho, los índices de homicidios en la Argentina no paran de crecer.

Por supuesto, libertad es responsabilidad y la tenencia de armas se debe hacer bajo un modo reglamentado y bien administrado, ya que asesinos como el que cometió el repudiable y lamentable crimen en Texas hay en todo el mundo. Pero esto no debe correr el eje de la discusión: prohibir la portación de armas no implica que haya menos en circulación y que no se cometan los asesinatos. La prohibición no termina con el problema; por el contrario, lo agrava.

Some Texas gun groups oppose a state-funded safety campaign. Not the NRA. |  The Texas Tribune
Rifles en exhibición en McBride’s Gun Inc. en Austin, Texas.

La gran mayoría de los crímenes con armas de fuego son cometidos por armas que fueron adquiridas en el circuito ilegal. Con esto quiero decir que con leyes de control de armas o sin ellas, los criminales seguirán estando armados y seguirán cometiendo los crímenes. Solo que con la reglamentación actual los ciudadanos de bien, pacíficos y trabajadores están completamente indefensos ante los asesinos, sin posibilidad siquiera de disuadirlos.

A esto hay que sumarle dos factores extra. Por un lado, la Justicia ineficiente de la Argentina que no condena a los que tiene que condenar y deja libres a los que no hacen un uso correcto de las armas. Por el otro, las fuerzas de seguridad que, a pesar de las buenas intenciones que puedan tener, suelen llegar tarde muy tarde ante hechos de inseguridad

Hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes demuestra una falta de sensatez enorme. Sin ir más lejos, tomemos el ejemplo de Uruguay con la marihuana: al analizar cuánto dinero y recursos públicos se destinaron a la penalización y represión del consumo de la droga se dieron cuenta de que lo mejor era legalizarla. Fueron pioneros en la región con el objetivo de terminar con el mercado negro y mejorar la salud de la población. La guerra contra las drogas y la represión demostró que, lejos de resolver el problema, solo generaba uno nuevo porque aumentaba la violencia y no cesaba la producción, el tráfico ni el consumo. Con las armas sucede exactamente lo mismo

En este contexto, no debemos restarle importancia a lo que ha representado la tenencia de armas para la historia democrática de los Estados Unidos. La Primera Enmienda dejó en claro la importancia de la libertad de expresión en el país, mientras que la Segunda Enmienda decretó la protección de la tenencia de armas como un derecho fundamental. Este factor brinda la posibilidad al pueblo de defenderse en caso de que un Gobierno no respete lo que dicta la Constitución.

Puede el lector, a partir de este análisis, comprender por qué los grandes regímenes totalitarios que tuvieron lugar a lo largo de la Historia (Fidel Castro, Mao Tse Tung, Adolf Hitler, Benito Mussolini) ni bien llegaron al poder se encargaron de desarmar al pueblo. Estados Unidos es la democracia más larga del mundo, nunca tuvo un golpe de Estado, porque el ejército más grande del mundo es el Gobierno de los Estados Unidos, y el segundo ejército más grande del mundo son los norteamericanos. El pueblo estadounidense tiene más armas que todos los otros ejércitos del mundo, entonces es inconquistable, y siempre será independiente.

Dicho sea de paso, cada Estado tiene su propia reglamentación y Washington D.C., el distrito con regulaciones más estrictas, es casualmente el que detenta la tasa de homicidios relacionados con armas de fuego más alta del país, según un estudio del Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) de 2019.

Por su parte, Israel, país donde aprendí a usar un arma de manera responsable, hace pocos años relajó sus leyes de control de armas, lo que permitió que hasta 500.000 ciudadanos posean una, con la esperanza de que una población mejor armada pudiera defenderse mejor de los ataques terroristas. El camino que debemos seguir los argentinos para defendernos de los ataques de la inseguridad.

El ciudadano de bien puede portar armas y no comete delitos, pero a un delincuente que comete crímenes mucho más graves que una tenencia ilegal de armas, como robo y asesinato, no le importa que le digan que no puede usar un arma. Va a matar igual. Por lo tanto, lo único que permite la prohibición es que el hombre que quiere usar el arma exclusivamente para defenderse no pueda tener una herramienta legítima para hacerlo.

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Argentina

La competencia desleal del Estado ha dejado a la Argentina sin crédito para el sector privado

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La falta de crédito para el sector privado es uno de los principales problemas que le ponen un tope al crecimiento económico del país. Por cada $10 en el sistema bancario, $9 están colocados en el Estado.

Uno de los principales señalados por parte del establishment político a la hora de intentar perpetuar el sistema en el que el país está sumergido, es el sistema financiero nacional e internacional.

Dentro de las numerosas críticas que sectores principalmente de izquierda hacen de la banca, una de las cosas que destaca es la virtual inexistencia de créditos por parte del sistema financiero a familias y sobre todo a empresas PyMEs.

En este planteo se construye uno de los tantos enemigos que el relato necesita para distraer de las deficiencias propias y se lo encarna en un defectuoso accionar del sistema financiero nacional.

En este relato construido no solo por el gobierno nacional, sino también gran parte de la oposición, se presenta a las sociedades de bolsa y sobre todo a los bancos como empresas altamente especulativas que lucran con el sufrimiento de la sociedad al limitar el crédito de forma consciente.

En esta línea de pensamiento, la falta de crédito al sector privado, algo que impide el desarrollo de las empresas privadas o la adquisición de bienes durables por parte de las familias, es sólo la contracara de una estrategia de mercado altamente beneficiosa para este grupo de empresas que obtienen ganancias extraordinarias con el perjuicio del resto de la sociedad.

No es entonces raro que algunos discursos de los partidos de extrema izquierda propongan la nacionalización de la banca con el objetivo de poner fin a este comportamiento supuestamente prebendario e inescrupuloso. Lo cierto que es que, nuevamente y a pesar de los esfuerzos de estos sectores gobernantes por aparentar lo opuesto, la realidad dista mucho de ser como ellos la pintan.

Cuando analizamos el caso del crédito en nuestro país, podemos ver en primer lugar que las tasas de ahorro bruto sobre PBI supera el de países como Brasil y que la diferencia con otros como Estados Unidos es muy baja. Mientras que el promedio de inversión bruta nacional desde 1990 hasta el 2020, según datos del BM, fue del 16,30%, el caso brasileño y norteamericano registra cifras de 16,15% y 18,57%.

En principio estos números nos hablan de que la causa de tan marcado desenvolvimiento entre el mercado de crédito local y el de estos dos países no estriba en la falta de ahorro por parte de la sociedad argentina.

Si bien es cierto que el ahorrista argentino, producto de una constante malversación de la moneda nacional por parte del BCRA, tiene parte de su capital colocado en moneda extranjera fuera del sistema bancario, nuevamente cuando comparamos los ratios de crédito en función de depósitos desde el año 2010, vemos que en la gran mayoría del período los primeros no llegaron a representar más de un 60% de los segundos. Esto quiere decir que existe un segundo jugador que acapara el ahorro nacional.

Stock de depósitos y crédito privado en millones de pesos corrientes.

Si analizamos en profundidad, es lógico concluir que para un banco comercial, el riesgo de colocar el ahorro de los depositantes en encajes remunerados del BCRA o prestar el dinero en Letras de corto plazo como LECER o LEDES es una decisión de construcción de cartera más eficiente y rentable que colocar ese dinero en préstamos a tasa activa a un sector privado extremadamente golpeado por las medidas regulatorias y fiscales que el propio gobierno toma.

Esta competencia desleal, entre un sector público fuertemente necesitado de financiamiento y dispuesto a pagar altas tasas a plazos relativamente cortos y con condiciones beneficiosas para los acreedores, afecta sin dudas a la posibilidad de conseguir financiación del sector privado. Hoy en día por cada $10 que se encuentran depositados en el sistema bancario argentino, $9 están colocados en instrumentos de deuda emitidos por el Estado Nacional o el BCRA.

Ahora bien, esta necesidad de financiación desmedida por parte del sector público lleva a una competencia en la que el Estado genera un aumento de la tasa de interés a bajo riesgo para acaparar los excedentes del sistema financiero.

En ese proceso de crowding out la imposibilidad de competir por parte de las empresas y familias que componen el sector privado con las condiciones que impone el sector público, lleva a una virtual inexistencia del crédito privado en un país en el que el crecimiento económico se encuentra estancado desde hace más de 10 años.

Este mecanismo perjudicial, es el que termina no solo explicando la falta de crédito al sector privado, sino también la virtual imposibilidad de las empresas de poder financiar un crecimiento de producción a partir de canalizar parte del ahorro nacional.

Con lo cual, podemos ver que no es la falta de ahorro la que limita la inversión, sino la competencia que ejerce el sector público para financiar los crecientes déficits fiscales, los que terminan absorbiendo ese ahorro al ofrecer mejores condiciones crediticias al capital.


Por Ignacio Zorzoli, para La Derecha Diario.

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