Cada 9 de Julio suele convertirse en una ceremonia de evocación histórica. Los discursos presidenciales acostumbran mirar hacia atrás: recuerdan la gesta de 1816, exaltan a los próceres y apelan a la unidad nacional mediante referencias al pasado. Javier Milei eligió otro camino.
Su mensaje en Tucumán no fue simplemente una conmemoración de la independencia conquistada hace más de dos siglos. Fue la presentación de una idea política mucho más ambiciosa: que la verdadera tarea de esta generación consiste en completar una segunda independencia, la independencia económica de los argentinos frente al Estado.
Ese cambio de enfoque explica todo el discurso.
Desde el comienzo, Milei estableció un paralelismo entre la emancipación de 1816 y el proceso de reformas que impulsa desde diciembre de 2023. Así como el Congreso de Tucumán rompió los vínculos políticos con la Corona española para que las Provincias Unidas pudieran decidir su propio destino, el Gobierno sostiene que hoy la libertad exige romper con otra forma de dependencia: la de un Estado que durante décadas concentró recursos, reguló la actividad económica, multiplicó impuestos y financió su expansión mediante inflación y endeudamiento.
No se trata únicamente de una comparación retórica. Es una redefinición del concepto mismo de independencia.
Durante buena parte del siglo XX, la política argentina identificó al Estado como el principal motor del desarrollo. El crecimiento del gasto público, la expansión regulatoria, la emisión monetaria, los controles cambiarios y la presión tributaria fueron presentados como instrumentos para alcanzar una mayor justicia social. Sin embargo, ese modelo terminó generando inflación crónica, déficit fiscal permanente, pérdida del poder adquisitivo, caída de la inversión y una creciente dependencia de millones de ciudadanos respecto del poder político.
La propuesta de Milei parte de un diagnóstico completamente diferente.
El Presidente sostiene que la prosperidad no surge de un Estado que redistribuye riqueza, sino de una sociedad que puede producirla en libertad. Esa idea dialoga con una tradición liberal profundamente arraigada en la historia argentina. Juan Bautista Alberdi sostenía que la libertad económica era una condición indispensable para el progreso nacional, mientras que Alberto Benegas Lynch (h) recuerda desde hace décadas que el Estado no crea riqueza: únicamente administra recursos previamente generados por la sociedad. Cuando la política desconoce ese principio, termina debilitando precisamente la capacidad productiva que pretende proteger.
Desde esa perspectiva, el equilibrio fiscal deja de ser una herramienta técnica para convertirse en un principio institucional. No aparece como una medida transitoria destinada a estabilizar la economía, sino como el límite que impide que el Estado vuelva a financiar su crecimiento mediante inflación, deuda o aumentos permanentes de impuestos.
Ese marco conceptual permite comprender por qué el Presidente presentó los principales resultados de su gestión como parte de un mismo proceso de liberación económica. El superávit fiscal sostenido, la eliminación del cepo cambiario, las miles de desregulaciones, la reducción de impuestos, la recuperación del crédito hipotecario y la llegada de nuevas inversiones no fueron expuestos como logros aislados. Fueron presentados como etapas de una transformación institucional orientada a devolver espacio de decisión a los ciudadanos y reducir el poder discrecional del Estado.
