El 12 de octubre, el Gobierno de la República Popular China anunció sanciones en mi contra: no puedo ingresar a China, Hong Kong ni Macao, cualquier bien que tenga allí queda congelado y ninguna organización o persona en China puede hacer transacciones ni cooperar conmigo. Su vocera fue franca sobre el propósito. Dijo que son “medidas de advertencia y disuasión”.
No tengo bienes en China, así que el efecto práctico es limitado, y no lo tomo de forma personal. Pero el mensaje merece una lectura atenta, porque habla más de las decisiones que tomó mi país que de mí.
Bajo la Ley contra Sanciones Extranjeras de China, a un funcionario de otro país se le pueden congelar o incautar bienes por las opiniones que sostiene en su propio país, mediante una decisión que la misma ley declara definitiva, sin tribunal y sin defensa. En una democracia, la propiedad privada y la libertad de opinión están protegidas justamente frente a ese tipo de poder. Esa es la diferencia de fondo entre nuestros sistemas de gobierno.









