La auditoría que llevará a cabo la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) sobre la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) dará inicio el 28 de octubre, con el fin de examinar los fondos transferidos por el Tesoro Nacional a esta institución en los últimos años.
Antes de comenzar esta labor, que podría ofrecer sus primeros resultados preliminares a principios de diciembre, el organismo de control dirigido por Miguel Blanco ya dispone de información que sugiere posibles irregularidades.
Un informe en posesión de la SIGEN señala que la UBA no rindió cuentas del 89% de los fondos recibidos entre 2020 y 2022 en el marco de diversos programas universitarios, como el FUNDAR, que proporciona recursos para proyectos que promueven acciones universitarias para el desarrollo nacional y regional.
Esto representa alrededor de $8000 millones cuyo destino y uso no fueron especificados. Además, se añaden otros $500 millones destinados a infraestructura, sobre los cuales tampoco se aclaró su aplicación entre 2015 y 2019.
La SIGEN fue autorizada para llevar a cabo una revisión exhaustiva de los procesos administrativos de la principal universidad del país tras la derogación de una normativa kirchnerista impuesta por el exprocurador del Tesoro, Carlos Zannini, que impedía este tipo de análisis.
