Australia anunció que impondrá multas de hasta un 5% de los ingresos globales a las plataformas de internet que no censuren a las cuentas de la derecha, las cuales son acusadas, como en todos los gobiernos autoritarios de izquierda, de "desinformar".
Estas medidas soviéticas de censura y persecución son parte de un esfuerzo internacional para regular a los gigantes tecnológicos. En consecuencia, está generando una gran preocupación entre los defensores de la libertad de expresión.
El gobierno australiano declaró que obligará a las plataformas tecnológicas a establecer "códigos de conducta" para "prevenir la difusión de falsedades peligrosas", los cuales deberán ser aprobados por un organismo regulador. Si una plataforma no cumple con esta obligación, el regulador establecerá su propio estándar y multará a las empresas que no lo respeten.
La legislación, que será presentada en el Parlamento el jueves, se excusa con que el "contenido falso", es decir, las publicaciones ideológicamente opuestas a la izquierda, puede "dañar la integridad electoral", "incitar al odio hacia grupos o individuos", o "poner en riesgo la infraestructura crítica o los servicios de emergencia".
Este autoritario proyecto de ley es parte de una ofensiva reguladora más amplia por parte de Australia, donde los líderes manifestaron su preocupación por la "influencia de las plataformas tecnológicas extranjeras sobre la soberanía nacional", y se presenta antes de las elecciones federales programadas para el próximo año.
Meta, que posee Facebook, advirtió que podría censurar y prohibir el contenido de noticias profesionales si se le obliga a pagar multas. Por su parte, X (anteriormente Twitter) eliminó la censura de contenidos políticos de derecha desde su adquisición por el multimillonario Elon Musk, en 2022.
"La desinformación y la información errónea representan una grave amenaza para la seguridad y el bienestar de los australianos, así como para nuestra democracia, sociedad y economía", afirmó la autoritaria ministra de Comunicaciones, Michelle Rowland, en un comunicado. "No hacer nada y permitir que este problema se agrave no es una opción"
Una versión preliminar del proyecto de ley fue criticada en 2023 por otorgar a la Autoridad Australiana de Comunicaciones y Medios demasiada autoridad para definir qué constituye desinformación. Mediante datos inventados, Rowland afirmó que alrededor del 80% de los australianos "apoyan la censura de la información errónea".
Meta, que cuenta con casi el 90% de los australianos como usuarios de Facebook, se abstuvo de hacer comentarios. El organismo industrial DIGI, del que Meta es miembro, señaló que el nuevo régimen refuerza un código antidesinformación actualizado por última vez en 2022, pero que aún quedan muchas preguntas por resolver. La plataforma X no comentó sobre la nueva legislación.
James Paterson, vocero de asuntos internos de la oposición, salió en defensa de la libertad de expresión y afirmó que "las creencias políticas legítimas de los australianos no deberían ser censuradas ni por el gobierno ni por las plataformas de redes sociales extranjeras".
La Autoridad de Comunicaciones y Medios de Australia justificó la censura y expresó su apoyo a "la legislación que le otorga un papel regulador formal para combatir la información errónea y la desinformación en las plataformas digitales".
