El reciente proyecto, impulsado por la diputada kirchnerista Lucía Iañez y respaldado por el gobernador Axel Kicillof, en la provincia de Buenos Aires, que propone la regularización de la ejecución de condenas para jóvenes punibles, es un claro ejemplo de una política que prioriza los derechos de los delincuentes por encima de la seguridad y el bienestar de la sociedad.
Esta iniciativa, que en teoría busca "facilitar la rehabilitación de los jóvenes delincuentes", termina siendo un incentivo para la impunidad y un precedente peligroso para el sistema judicial argentino.
La propuesta de la diputada de Kicillof establece que aquellos jóvenes condenados por delitos cometidos antes de alcanzar la mayoría de edad cumplan penas de carácter "socio-educativas", sin tener en cuenta la gravedad de los delitos que han cometido.
