Se secuestraron más de 300 cajas de medicamentos, 101 vencidas, equipos odontológicos, un aparato de rayos X y documentación. Una recepcionista, un médico y una odontóloga boliviana quedaron notificadas por violación de clausura y desobediencia.
En el marco de una serie de operativos destinados a reforzar el control del delito y las actividades ilegales en zonas vulnerables, la Policía clausuró por tercera vez en menos de dos años una clínica clandestina que operaba dentro de la Villa 31. El establecimiento, que funcionaba sin habilitación oficial y con graves irregularidades sanitarias, también atendía —según confirmaron las autoridades— a sospechosos con heridas de bala, lo que encendió nuevas alarmas sobre la presencia de estructuras paralelas al sistema de salud formal. El procedimiento se realizó en un domicilio ubicado sobre la calle Alpaca al 500, donde los efectivos detectaron un consultorio médico y odontológico en plena actividad. En el lugar había pacientes en lista de espera, insumos preparados para su uso y documentación que confirmaba la continuidad de las atenciones, a pesar de clausuras previas.
La clínica funcionaba en una vivienda adaptada como establecimiento sanitario clandestino. Allí se habían instalado tres consultorios completos, un aparato de rayos X y un sistema de fichas médicas actualizadas. Sin embargo, el lugar operaba sin habilitación, con medicamentos vencidos y sin cumplir normas sanitarias básicas. Las autoridades confirmaron además que el consultorio atendía incluso a sospechosos con heridas de bala.
Una boliviana tenía una clínica clandestina para atender a delincuentes heridos en la Villa 31
El operativo fue encabezado por la División Investigaciones Especiales y forma parte de una serie de actuaciones iniciadas tiempo atrás en la misma zona. Durante el allanamiento se secuestraron más de 300 cajas de medicamentos, de las cuales 101 estaban vencidas, además de sellos médicos, fichas clínicas, equipos odontológicos y el mencionado aparato de rayos X.
Al inicio de la inspección solo se encontraba presente una recepcionista, una mujer de nacionalidad paraguaya de 31 años. Poco después llegaron al lugar un hombre de 42 años, médico argentino, y una odontóloga boliviana de 41 años, quienes intentaron acreditar su actividad presentando matrículas digitales. La Agencia Gubernamental de Control (AGC) labró un acta por violación de clausura, mientras que personal del Ministerio de Salud de la Nación confirmó que el establecimiento no contaba con habilitación oficial para funcionar.
Una boliviana tenía una clínica clandestina para atender a delincuentes heridos en la Villa 31
En relación con el nuevo operativo, la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°15, a cargo de Federico Tropea, con intervención de la secretaria Marcela López, dispuso el secuestro de la totalidad de los elementos hallados durante el allanamiento y notificó a los tres identificados por los delitos de violación de clausura y desobediencia.
Lo llamativo del caso, según señalaron fuentes judiciales, es que la actividad médica ilegal no se detuvo tras las clausuras anteriores. Luego del cierre de la primera clínica —aquella donde también se atendían personas con antecedentes penales— los responsables habrían retomado sus funciones en otra ubicación dentro del mismo barrio, manteniendo la misma estructura operativa.
La investigación está directamente vinculada con allanamientos previos realizados en julio de 2024 y julio de 2025, también en la Villa 31, donde fueron desarticuladas otras clínicas clandestinas que operaban bajo esquemas similares.
Una boliviana tenía una clínica clandestina para atender a delincuentes heridos en la Villa 31
En uno de esos casos anteriores, concretamente en un inmueble ubicado sobre la calle Sara Beatriz Fernández al 400, los investigadores descubrieron que el consultorio atendía incluso a personas con heridas de bala. Durante ese procedimiento se secuestraron además un arma de fuego, recetas apócrifas, medicamentos vencidos y certificados médicos emitidos con sellos falsificados del Hospital Fernández. Otro antecedente relevante ocurrió en julio del 2024, cuando uno de los médicos imputados fue acusado de emitir recetas utilizando el sello y la firma de un colega sin su consentimiento, hecho que derivó en una denuncia penal por falsificación de documentos.
En aquella intervención también participaron equipos tácticos del Departamento Operaciones Urbanas (DOU) y de la División de Delitos Complejos, quienes verificaron que la clínica operaba sin habilitación y brindaba atención a una amplia franja de la población que no accedía al sistema formal de salud. Por el momento, las tres personas identificadas quedaron notificadas en la causa judicial, aunque sin detención, mientras continúa la investigación para determinar el alcance total de la red que operaba en el lugar.
