La ministra de Seguridad solicitó la detención de 29 barras bravas que participaron del intento de golpe de Estado.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, solicitó la detención de 29 barras bravas que participaron activamente en los disturbios del pasado miércoles, arrojando piedras y atacando a las fuerzas de seguridad.
La conexión entre estos barras y sectores afines al kirchnerismo no pasa desapercibida: la convocatoria a la manifestación, que debía ser una protesta pacífica, se vio rápidamente copada por grupos organizados que convirtieron el evento en un acto de vandalismo.
No se trató de simples manifestantes, sino de un operativo perfectamente estructurado para generar desestabilización y atentar contra la democracia.
Bullrich fue contundente al comunicar la decisión de su cartera: "Tenemos pruebas y las presentamos. Le pedimos al fiscal la detención de estos 29 barras bravas violentos que atacaron al Congreso y a nuestras Fuerzas con palos, piedras y armas", expresó en su cuenta de X, acompañando su mensaje con un video donde se identifican los rostros de los agresores.
Destrozos de los Barrabrava
Tecnología y pruebas contundentes contra los violentos
El Ministerio de Seguridad recopiló pruebas irrefutables que dejan en evidencia a los responsables de los destrozos. Mediante drones, imágenes en alta definición y el sistema de reconocimiento facial “LUNA” de la Policía Federal, se identificó con precisión a los individuos involucrados.
Este software compara rostros con bases de datos abiertas, permitiendo que expertos en análisis forense facial determinen coincidencias y refuercen la solidez de las pruebas. La cartera de Bullrich presentó también material audiovisual y fotográfico, además de un listado con los nombres de los 29 barras acusados de liderar los disturbios.
La solicitud del Ministerio de Seguridad apunta a tres objetivos clave:
1. Que la Justicia tenga en cuenta las pruebas recopiladas.
2. La inmediata detención de los 29 imputados.
3. La realización de allanamientos para investigar la posible vinculación de estos grupos con organizaciones criminales y redes de barras bravas.
El kirchnerismo y el crimen organizado
No es la primera vez que grupos de choque, que históricamente actuaron como fuerza de presión en las calles bajo los gobiernos kirchneristas, protagonizan hechos de violencia en las marchas. La metodología se repite: infiltración de barras, ataques organizados contra la policía y el intento de victimización posterior para desviar la atención.
En este contexto, el Gobierno de Milei enfrentó una batalla contra la resistencia de sectores políticos enquistados en el crimen organizado.
Javier Milei y Patricia Bullrich.
En medio de los disturbios, el reportero gráfico Pablo Grillo sufrió una grave lesión en la cabeza tras el impacto de una cápsula de gas lacrimógeno. Su estado sigue siendo crítico y su caso ha sido tomado por sectores opositores como un nuevo caballito de batalla para atacar al Gobierno de Milei.
Los delincuentes
Sin embargo, poco se dice sobre los violentos que iniciaron la agresión y convirtieron una protesta en un campo de batalla. Desde el ministerio, identificaron a 29 hombres como barras bravas que causaron destrozos el pasado 12 de marzo: Antonio Bernardo Colella; Fabio Darío Abandillo; José Antonio Pavón; César Rodrigo Sánchez; Francisco López Deluca; Juan Pablo Maximiliano Luján; Pablo Melo; Emanuel Andrés Diaz; Pablo Francisco Irigoyen; Pablo Alberto Campo; Roberto Nahuel Soler; Horacio Oscar Riquelme; José Roberto Busto; Ricardo Arturo Bouchet; José Humberto Graciano Menéndez; Lucas Miguel Alejandro Cardozo; Víctor Hugo Avellaneda; Gabriel Leonardo Cañete; Diego Javier Mendoza; Fernando Damián Páez; Rubén Eduardo Alegre; Claudio Gastón Sosa; Balbino Castro; Elías David García; Juan Marcelo Cabrera; Maximiliano Hernán Juliani; Nicolás Nieva; Gonzalo Damián Gramajo; y Sergio Gustavo Denus.
El doble discurso de quienes, por un lado, justifican el accionar de los barras y, por el otro, buscan responsabilizar al Gobierno por las consecuencias del caos que ellos mismos generaron, queda en evidencia una vez más. Con esta ofensiva judicial, el Gobierno de Javier Milei deja en claro que la impunidad no es una opción.
