El fondo británico de financiación de litigios Burford Capital presentó un arbitraje ante el CIADI contra el Estado argentino por la expropiación kirchnerista de YPF en 2012, en representación de sociedades españolas del Grupo Petersen, que eran accionistas minoritarias de la petrolera al momento de la estatización.
La nueva presentación abre una instancia diferente de la disputa que se desarrolló en los tribunales de Nueva York y para la cual el Gobierno de Javier Milei, mediante la Procuración del Tesoro de la Nación, ya comenzó a preparar la estrategia de defensa de la República Argentina.
Según explicó el organismo, la posibilidad de que los demandantes recurrieran al arbitraje internacional ya había sido anticipada, por lo que la Procuración del Tesoro se venía preparando para esta eventualidad.
Bandera de Argentina y de YPF.
El planteo de Burford se produce luego del revés sufrido en la Justicia de Estados Unidos, donde la Corte de Apelaciones de Nueva York revocó una sentencia favorable a los demandantes que había establecido un pago multimillonario a cargo de Argentina.
En esta nueva instancia, el fondo invoca el Tratado Bilateral de Inversión entre Argentina y España y recurre al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo de arbitraje perteneciente al Grupo Banco Mundial.
Un proceso independiente del juicio en Nueva York
Uno de los puntos centrales de la nueva etapa es que el arbitraje ante el CIADI es independiente del expediente judicial estadounidense. Esto significa que deberá iniciarse un procedimiento propio, con una nueva demanda, sus fundamentos y las pruebas correspondientes.
YPF en Wall Street.
Por lo tanto, el nuevo arbitraje no queda determinado por lo ocurrido hasta ahora en los tribunales de Nueva York. A su vez, el litigio judicial en Estados Unidos continúa su curso y los demandantes todavía podrían recurrir ante la Corte Suprema de ese país.
En el CIADI, el próximo paso será la constitución del tribunal arbitral. Ese proceso demandará aproximadamente 90 días. Una vez conformado el tribunal, las partes deberán establecer el calendario procesal que determinará las diferentes etapas del arbitraje.
Frente a esta nueva ofensiva judicial, la Procuración del Tesoro destacó que cuenta con un equipo especializado y con experiencia en litigios y arbitrajes internacionales complejos.
El organismo ya trabaja en la defensa de la República y prepara la estrategia para afrontar el reclamo presentado por Burford.
