La Cámara Nacional Electoral anuló una parte clave del DNU 366/2025 firmado por Javier Milei, que transfería a la Dirección Nacional de Migraciones la facultad de otorgar la ciudadanía argentina. El tribunal entendió que esa modificación no podía hacerse por decreto, ya que la ciudadanía estaría directamente vinculada al ejercicio de derechos políticos.
La decisión representa un revés judicial para una reforma con la que el Gobierno nacional buscaba ordenar un trámite sensible, históricamente en manos de los jueces federales. La administración nacional planteó que Migraciones era el organismo más adecuado para verificar las condiciones de los solicitantes, en línea con una política más estricta y eficaz de control migratorio y de defensa del interés nacional.
