El Gobierno señaló que el accionar británico constituye una violación de los compromisos asumidos en la Declaración Conjunta del 25 de septiembre de 1991 y en la Declaración Conjunta firmada en Madrid el 15 de febrero de 1990. Ambos instrumentos establecieron medidas destinadas a fortalecer la confianza y evitar incidentes militares en el Atlántico Sur.
Cancillería calificó el episodio como una “incursión militar británica en espacios bajo jurisdicción argentina” y sostuvo que forma parte de una política sostenida de acciones unilaterales incompatibles con las resoluciones de las Naciones Unidas.












