Causa Cuadernos: La fiscal rechazó que los empresarios paguen para evitar el juicio

La fiscal Fabiana León adoptó una postura firme frente al planteo presentado por 47 empresarios y el ex jefe de Gabinete kirchnerista, Juan Manuel Abal Medina. Durante la audiencia, León rechazó de manera categórica la posibilidad de extinguir la acción penal mediante los acuerdos reparatorios propuestos por casi medio centenar de arrepentidos, defendiendo la realización del juicio oral y público.

Qué dijo la fiscal

La fiscal explicó que la reparación no consiste en un pago impuesto por el juez. “Sin consenso real, no hay reparación integral posible”, señaló, y agregó que este mecanismo requiere de una víctima concreta y un daño susceptible de ser reparado de manera mensurable. “Es satisfacer plena y adecuadamente el interés jurídico lesionado, de modo total, proporcional y específico al daño causado”, afirmó.

Más de 40 ejecutivos acusados habían ofrecido pagos e incluso bienes materiales con el objetivo de evitar el juicio oral y público. Entre estas ofertas, uno de los imputados propuso un departamento en Miami y un yate.

León subrayó que en este tipo de casos no existe una víctima individual con quien negociar, y que aceptar pagos unilaterales equivaldría a “abrir un mercado de impunidad”. También destacó que, desde la radicación de la causa en la Fiscalía General, recibió a todos los abogados interesados en discutir posibles salidas alternativas, y remarcó que todos actuaron “con absoluta corrección y en estricto ejercicio del ministerio que tienen”.

La fiscal expresó su preocupación por la falta de garantías de que todas las defensas estuvieran plenamente informadas, y enfatizó la importancia de que todos los imputados participen en igualdad de condiciones.

Respecto a la convocatoria a la audiencia, señaló que “no puede haber arreglos a espaldas de la sociedad. Sería repugnante hacerlo de tal modo. Sería repugnante en sí mismo como al concepto mismo de República”. Recalcó que el caso involucra hechos de corrupción de gran magnitud, con la participación de funcionarios estatales y empresarios, y que la única vía legítima para resolverlo es mediante un proceso judicial oral, público y contradictorio.