La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó la recusación que había presentado el ex presidente Alberto Fernández contra el juez Julián Ercolini, en el marco de la causa que investiga supuestas irregularidades en contrataciones de seguros durante su gestión.
Aunque Ercolini ya no está al frente del expediente —fue reemplazado en febrero por el juez Sebastián Casanello—, la decisión del máximo tribunal implica un nuevo traspié legal para el ex jefe de Estado, quien recientemente fue procesado.
La defensa de Fernández intentó apartar a Ercolini argumentando animosidad personal y falta de imparcialidad. Como prueba, presentó chats privados supuestamente intercambiados entre ambos entre octubre de 2017 y marzo de 2018, antes de que Fernández asumiera la presidencia. “Ercolini me quiere preso. Estoy seguro de que es parcial. Me detesta y me quiere cobrar venganza”, aseguró el ex mandatario en una audiencia ante la Cámara Federal.
Por qué la Justicia desestimó la recusación
Causa Seguros: la Corte Suprema desestimó la recusación de Alberto Fernández | La Derecha Diario
El recurso había sido rechazado en primera instancia por el camarista Roberto Boico, quien consideró que los mensajes presentados como prueba no tenían validez por haber sido aportados fuera de término y sin respaldo técnico suficiente:
No se identificó el dispositivo del que provienen los chats.
No se estableció la titularidad del teléfono.
No se acompañó el dispositivo para su peritaje.
La decisión fue luego ratificada por la Cámara de Casación y ahora por la Corte Suprema, lo que consolida el rechazo a los intentos de apartar a Ercolini.
El procesamiento por negociaciones incompatibles
Causa Seguros: la Corte Suprema desestimó la recusación de Alberto Fernández | La Derecha Diario
La causa quedó en manos del juez Sebastián Casanello, quien el 4 de julio resolvió procesar a Alberto Fernández por negociaciones incompatibles con la función pública. Además, le aplicó un embargo millonario por $14.634.220.283.
El expediente investiga el decreto 823/21, que obligó a ministerios y organismos del Estado a contratar seguros exclusivamente con Nación Seguros. También se cuestiona la designación de María Cantero, secretaria privada del ex presidente, como parte de un entramado presuntamente destinado a beneficiar al empresario Héctor Martínez Sosa, pareja de Cantero y vinculado comercialmente a Fernández.
Según el fallo, la Casa Rosada habría funcionado como “asiento de negocios del grupo empresarial del que Fernández formaba parte”, lo que evidencia una “confusión de intereses”.
Casanello también procesó a Martínez Sosa y a Cantero por su presunta participación en la maniobra.
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