La Justicia también impuso 18 años de inhabilitación al exdirigente socialista Miguel Ángel Gallardo por la creación y adjudicación irregular de cargos públicos.
El juez José Antonio Patrocinio condenó a David Sánchez, hermano del presidente socialista español Pedro Sánchez, a nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio.
El tribunal lo consideró responsable, en calidad de cooperador necesario, de un delito de prevaricación administrativa en el marco de una causa por contratación irregular.
El fallo judicial se centra en las condiciones en las que se creó y adjudicó el puesto que ocupó Sánchez dentro de una administración provincial.
La sentencia detalla además el desempeño de Sánchez tras su nombramiento, señalando que apenas acudía a su despacho y que se desvinculó de las funciones de coordinación de los conservatorios, tarea para la que había sido contratado.
Pedro Sánchez y David Sánchez.
Según la resolución, dicha posición estaba sujeta a condiciones laborales y retributivas “propias del personal de alta dirección” y fue diseñada de manera “espuria y carente de contenido real”. El tribunal concluyó que la creación del cargo respondió a intereses particulares y que su adjudicación vulneró los principios de mérito, capacidad y publicidad exigidos en el ámbito público.
Exdirigente socialista condenado
En el mismo proceso también fue condenado el exsecretario general del PSOE de Extremadura y expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo. En su caso, la Justicia lo halló culpable como autor de dos delitos de prevaricación administrativa, imponiéndole dos penas de inhabilitación que suman un total de 18 años para ejercer cargos públicos y el derecho de sufragio pasivo.
Pedro Sánchez y David Sánchez.
En su lugar, centró su actividad en el programa Ópera Joven, descrito como un proyecto personal que absorbió la mayor parte de su tiempo y de los recursos públicos asignados.
El tribunal también remarcó que el puesto fue modificado y rebautizado como “Jefe de la Oficina de Artes Escénicas” con el objetivo de adaptar formalmente las funciones a una realidad laboral que calificó como “hecha a la medida” del interesado. Esta modificación incluyó la supresión de una incompatibilidad legal previa y no incorporó una definición concreta de nuevas responsabilidades.
En cuanto a la estructura administrativa, la resolución señala que en 2023 se activó nuevamente un procedimiento para crear otra plaza que describe como “innecesaria y huérfana de contenido”. Esta posición fue adjudicada en comisión de servicios a Luis María Carrero Pérez, amigo y colaborador de Sánchez, quien pasó a integrarse en su entorno de trabajo con funciones poco definidas y compartiendo despacho.
De este modo, la resolución judicial establece responsabilidades penales en torno a la creación y gestión de cargos dentro de la Diputación de Badajoz, en un nuevo caso que se suma a las numerosas condenas judiciales del entorno de Pedro Sánchez.
