La Legislatura de Córdoba sancionó este miércoles una nueva ley de Procedimiento Penal Juvenil, que establece la aplicación de medidas de resguardo institucional para menores de 16 años que hayan cometido delitos graves. Los adolescentes alcanzados por la norma serán alojados en un espacio especial dentro del Complejo Esperanza, con medidas de contención y seguimiento.
El proyecto obtuvo un amplio respaldo en el recinto, con el apoyo del oficialismo, Juntos por el Cambio y otros sectores opositores, mientras que la legisladora de izquierda Luciana Echevarría y el justicialista disidente Federico Alesandri votaron en contra.
Puntos clave de la nueva normativa
La nueva ley establece que, cuando un menor de 16 años comete un delito grave, el juez Penal Juvenil podrá:
Archivar la causa, si considera que su edad lo excluye de responsabilidad penal.
Ordenar medidas socioeducativas, para abordar el caso sin privación de libertad.
Disponer un resguardo institucional, en situaciones excepcionales y por hasta tres meses, con posibilidad de una prórroga de otros 90 días.
En casos de delitos graves, como homicidio, robo agravado con armas o lesiones graves, el juez deberá dar intervención al fiscal Penal Juvenil, quien verificará la existencia del hecho y la participación del menor.
La medida establece la aplicación de medidas de resguardo institucional para menores de 16 años que hayan cometido delitos graves.
Un espacio exclusivo en el Complejo Esperanza
El resguardo institucional en Córdoba implica que el adolescente no podrá salir por su cuenta, quedando a disposición de la Justicia en un sector especial del Complejo Esperanza. El objetivo es asegurar medidas progresivas para la reintegración social, evitando el ingreso directo al sistema penitenciario.
Desde el oficialismo, el legislador Miguel Siciliano explicó que la iniciativa busca dar herramientas a la Justicia y al Ejecutivo para abordar de manera efectiva el problema de los menores en conflicto con la ley.
"Mientras en el Congreso Nacional se discute la baja de la edad de imputabilidad, en Córdoba estamos avanzando con soluciones concretas para un problema urgente", afirmó Siciliano.
Incorporación de una Mesa de Coordinación y Seguimiento
A pedido de la Unión Cívica Radical (UCR), la ley prevé la creación de una Mesa de Coordinación y Seguimiento, integrada por representantes del Ejecutivo, el Legislativo, el Poder Judicial y el ámbito académico.
La legisladora opositora Brenda Austin destacó la importancia de esta instancia: "Vamos a seguir de cerca la aplicación de la ley para garantizar que cuente con el financiamiento necesario y que se implementen medidas efectivas de acompañamiento".
Posturas a favor y en contra
Desde la oposición, la juecista Nancy Almada respaldó el proyecto, aunque con reparos: "Acompañamos solo si se garantiza la reinserción. No podemos seguir viviendo con miedo a que un menor que no tiene nada que perder cometa un delito".
Por otro lado, la legisladora de izquierda Luciana Echevarría rechazó la iniciativa y responsabilizó al Estado provincial: "Este sistema busca apartar y marginar a los jóvenes. No les dan una oportunidad real de integración".
Un debate caliente en la Legislatura
La sesión tuvo momentos de alta tensión. El oficialismo impuso un cambio en el Reglamento Interno con el voto de la vicegobernadora Myrian Prunotto, lo que desató gritos desde la oposición, que denunció censura y falta de debate.
Además, varios legisladores intentaron acelerar el tratamiento de la ley para llegar a tiempo al partido de Talleres, lo que generó cruces en el recinto.
A pesar de las controversias, el nuevo Procedimiento Penal Juvenil ya es ley en Córdoba y se espera su pronta implementación para abordar los casos de menores infractores en la provincia.
