En una resolución con fuerte repercusión política y judicial, la Corte Suprema de Justicia dejó firmes las condenas en la causa conocida como la "ruta del dinero K", al rechazar, por mayoría, los recursos presentados por los condenados, entre ellos el empresario Lázaro Báez.
Para completar el fallo, fue necesario incorporar a dos conjueces: Mariano Lozano y Ramón Luis González, quienes firmaron junto a los jueces Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti. El único voto en disidencia fue el del magistrado Carlos Rosenkrantz.
Tras esta decisión, el Tribunal Oral Federal N° 4, que intervino en la etapa de juicio, deberá determinar qué condenas deben ser cumplidas de manera efectiva y proceder, en su caso, a dictar las órdenes de detención correspondientes. Báez, por su parte, ya se encuentra bajo arresto domiciliario con tobillera electrónica.
El empresario Lázaro Báez.
Este fallo podría convertirse en un precedente clave para el análisis que la Corte deberá realizar en la causa “Vialidad”, en la que la corrupta expresidente Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión. Una eventual confirmación de esa sentencia antes del mes de agosto podría inhabilitarla para postularse como candidata a diputada nacional.
En el expediente de la Ruta del dinero K, las presentaciones ante la Corte estaban ligadas a la investigación sobre Lázaro Báez y un entramado de personas y sociedades vinculadas al Grupo Austral, acusadas de participar en maniobras de lavado de dinero. Tanto el Tribunal Oral como la Sala IV de la Cámara de Casación Penal concluyeron que el origen de los fondos involucrados derivaba de delitos como fraude al Estado o evasión fiscal.
Cristina Kirchner, expresidente de Argentina.
De esta manera, quedan firmes las condenas de Lázaro Báez y otros implicados en la causa. Báez deberá cumplir 10 años de prisión; Martín Báez a 6 años y 6 meses; Leonardo Fariña a 3 años y 6 meses; tanto Daniel Pérez Gadín como Jorge Chueco a 6 años; Julio Mendoza a 5 años; y Fabián Rossi, Cesar Fernández y Juan De Rasis a 4 años y 6 meses de cárcel.
Además, se dispuso el decomiso de 54.872.866,69 dólares estadounidenses, originado del lavado de dinero realizado entre 2010 y 2013, y se aplicaron multas a las empresas vinculadas con el caso.
