El mismo juez que Néstor Kirchner impulsó para integrar la Corte Suprema terminó siendo una pieza central en la debacle judicial del kirchnerismo. Ricardo Lorenzetti, designado como ministro del máximo tribunal en 2004 y presidente del cuerpo desde 2007 hasta 2015, fue uno de los tres jueces que confirmó la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad.
El dato no es menor: Lorenzetti fue votado por unanimidad por todos los senadores de aquel entonces, en tiempos de consolidación del modelo K. Su trayectoria, sin antecedentes judiciales previos, fue impulsada directamente por el entonces presidente Néstor Kirchner. Lo que parecía una jugada de control institucional se transformó dos décadas después en uno de los reveses más demoledores para el legado kirchnerista.
¿Quién es Ricardo Lorenzetti?
Ricardo Luis Lorenzetti nació en Rafaela, provincia de Santa Fe, y está próximo a cumplir 63 años. Se graduó de abogado a los 22 años en la Universidad Nacional del Litoral, donde también obtuvo su Doctorado en Ciencias Jurídicas y Sociales en 1983. Su carrera se forjó en el ámbito académico y privado: fue profesor universitario de Derecho Civil y dirigió posgrados en Derecho de Daños y Derecho Ambiental en la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde aún ejerce la docencia.
Antes de ingresar al Poder Judicial, Lorenzetti jamás había ocupado un cargo público: se dedicaba a su estudio jurídico y a la docencia. Su inserción en el sistema judicial llegó en agosto de 2004, cuando fue designado brevemente como representante del Senado en el Jury de Enjuiciamiento del Ministerio Público. Poco después, con la renuncia de Adolfo Vázquez, Néstor Kirchner lo propuso como ministro de la Corte Suprema. En diciembre de ese mismo año, asumió con el respaldo de todos los bloques políticos.
En 2007 reemplazó a Enrique Petracchi como presidente del máximo tribunal, rol que desempeñó durante ocho años. Durante su gestión, promovió una política de comunicación judicial más abierta, creando instituciones como el Centro de Información Judicial (CIJ) y la Conferencia Nacional de Jueces, e impulsó que los magistrados tributen el Impuesto a las Ganancias.
Tuvo una relación ambivalente con el kirchnerismo. En 2013, votó contra la inconstitucional reforma del Consejo de la Magistratura impulsada por Cristina Kirchner, pero ese mismo año consideró válida la Ley de Medios, una herramienta clave para el disciplinamiento mediático kirchnerista. Fue también objeto de críticas por parte de Elisa Carrió, quien impulsó un pedido de juicio político en su contra vinculado a las causas de Fútbol Para Todos y presuntas irregularidades en el sistema informático del Poder Judicial.
