El 5 de agosto de 2020, Castell acudió al Sindicato de Choferes de Camiones, en San José al 1700, en Constitución. Llevaba consigo una idea clave que ayudaría en la posterior acusación: le pidió a Dutrá que le enviara la ubicación exacta del lugar donde debía ir, dado que no conocía bien la ciudad. Estos mensajes de WhatsApp y la constancia de la ubicación fueron fundamentales para confirmar que Dutrá estaba dentro del sindicato de Moyano.
Allí, Dutrá lo condujo hasta la oficina de Omar Pérez, uno de los altos dirigentes de Camioneros. "¿Por qué te hacés el rebelde y no pagás?", fue el saludo que Castell recibió. "Ustedes me están extorsionando. Piden plata que no es legal. Necesito que me intimen legalmente", respondió el empresario. "Mirá, no somos la gorra, pero podemos cruzar la información con la AFIP", replicó Pérez.
En ese tenso encuentro, Pérez prometió enviarle el detalle de la deuda para que pudiera saldarla, y Castell pudo marcharse. Para entonces, respaldado por Arietto, Castell había presentado una denuncia contra Hugo Moyano, Omar Pérez, Omar Dutrá y 15 sindicalistas por extorsión, usurpación, atentado contra la libertad de trabajo y privación ilegítima de la libertad.
Las pruebas clave para la acusación fueron las filmaciones de una empleada que captó el enfrentamiento con los sindicalistas y las grabaciones de las cámaras de seguridad que documentaron las acciones de los agresores.
Aunque Pérez nunca envió el detalle de la deuda, dos semanas después de la denuncia, Castell recibió un requerimiento de la AFIP para auditar los documentos de su empresa, sin encontrar irregularidades.
Al mes siguiente, los inspectores volvieron: "Abrían y cerraban los balances, revisaban las liquidaciones de los sueldos. Revolvieron todo. Mi contador dijo que nunca vio una inspección así", relató Castell. "Tuve nueve meses a la AFIP en mi empresa. ¿Y al sindicato quién lo controla?", cuestionó.
La causa penal
El fiscal Mahiques investigó el caso, tomando declaración a siete testigos del bloqueo, revisando las filmaciones, identificando a algunos de los sindicalistas involucrados y confirmando que Dutrá también estuvo presente.
Tras el entrecruzamiento de llamadas, se comprobó que los sindicalistas estuvieron en el lugar durante el bloqueo. Así, el fiscal concluyó que la deuda era "inexistente" y solicitó la indagatoria de seis representantes sindicales.
El 16 de noviembre de 2021, el juez Fernando Caunedo procesó a cinco dirigentes del Sindicato de Camioneros, embargándoles bienes por 300 mil pesos a cada uno por su responsabilidad en el delito de coacción contra Andar.
Un mes después, la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional ratificó la condena y señaló que "ningún derecho puede ejercerse abusivamente". En agosto de 2022, Caunedo elevó el caso a juicio por extorsión en grado de tentativa.
En su solicitud de juicio, el fiscal Mahiques destacó que las pruebas reunidas respaldaban la acusación de que el "relevamiento" realizado por los imputados en el depósito de Castell, lejos de ser pacífico, consistió en un violento bloqueo con el objetivo de forzar el pago de la deuda falsa.
Sobre el papel de Pérez, el fiscal concluyó que la reunión de Castell con él en el sindicato fue parte de una estrategia concertada para continuar la coacción, especialmente cuando Pérez le insinuó que podían obtener información de los organismos fiscales.
