En Brasil, la democracia está siendo sofocada por una red de censura, persecución judicial y manipulación política. Los Archivos del 8 de enero, recientemente filtrados, confirman lo que desde hace años medios censurados como La Derecha Diario venían denunciando: el régimen de Lula da Silva utilizó al Tribunal Supremo para criminalizar la libertad de expresión y consolidar una dictadura judicial al estilo cubano o chino.
El episodio del 8 de enero de 2023, donde simpatizantes de Jair Bolsonaro ingresaron a edificios públicos en Brasilia, fue presentado por la prensa oficialista y el propio Lula como un “golpe de Estado”. Sin embargo, nuevos documentos muestran que muchos de los detenidos ni siquiera participaron en actos violentos. Ancianos, enfermos y manifestantes pacíficos fueron igualmente etiquetados como “terroristas” y encarcelados.
Lula y Moraes.
Los archivos revelan la existencia de un grupo de trabajo clandestino dirigido por el juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes, aliado directo del presidente Lula. Este equipo operaba de forma ilegal a través de un grupo de WhatsApp secreto, donde se elaboraban “informes de inteligencia” falsos o sin validez judicial.
Según los documentos:
Se mantuvo a los detenidos encerrados mientras se escaneaban sus redes sociales en busca de publicaciones antigubernamentales.
Se utilizaron bases de datos biométricas sin autorización judicial para identificar personas.
Se negó el acceso a las pruebas a los abogados defensores.
Se ordenó prisión preventiva basándose únicamente en posteos de redes sociales, violando principios constitucionales.
El objetivo era legitimar una narrativa falsa: la de un supuesto golpe de Estado impulsado por Bolsonaro, que sirviera de base para proscribirlo políticamente. El propio Lula calificó públicamente a los manifestantes como “fascistas”, y Moraes los trató como “enemigos del Estado”.
Este sistema autoritario no solo apuntó contra ciudadanos comunes, sino también contra medios independientes. La Derecha Diario, primer medio censurado por el régimen, fue bloqueado en Brasil en 2022 por revelar evidencia concreta de fraude electoral. Esa censura se amplió luego a toda la red social X, luego de que Elon Musk se negara a eliminar cuentas de opositores brasileños.
El consultor político Fernando Cerimedo, socio de este medio, fue también víctima directa. Por denunciar las irregularidades del proceso electoral brasileño con datos oficiales, fue perseguido y bloqueado en redes sociales, sin que jamás se investigaran sus denuncias. Facebook y otras plataformas colaboraron activamente con la censura dictada por el TSE bajo el control de Moraes.
Cerimedo había expuesto anomalías graves: patrones de votación sospechosos, inconsistencias en urnas electrónicas, y falta de transparencia. En lugar de dar respuestas, el sistema judicial respondió con persecución.
Uno de los blancos preferidos del aparato de persecución fue Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente. Conversaciones filtradas entre Marco Antônio Vargas, juez asistente de Moraes, y Eduardo Tagliaferro, jefe de la Asesoría Especial contra la Desinformación, muestran que la intención era inventar una vinculación penal con Cerimedo.
El 4 de noviembre de 2022, Vargas escribió:
“Quiere atrapar a Eduardo Bolsonaro”.
Tagliaferro respondió: “Hay un video de Eduardo con la bandera del diario que hizo la live de ayer, podemos relacionarlo con eso”.
Alexandre de Moraes.
Incluso enviaron un informe titulado “Análisis de manifestaciones antidemocráticas Fernando Cerimedo”, donde se usaron imágenes de Eduardo sosteniendo la bandera de La Derecha Diario como supuesta “evidencia” de actividad criminal. En una de las conversaciones, Vargas afirmó sin tapujos:
“Este es un delincuente”.
El propio Tagliaferro llegó a bromear:
“Si arrestan a EB, Brasil entra en colapso”.
La estrategia incluyó preparar una investigación en el STF y manipular material gráfico para justificar detenciones. Todo fuera de los marcos legales habituales.
