Diputados aprobó el proyecto deficitario kirchnerista para aumentar las jubilaciones

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el costo del bono de $110.000 implicaría un gasto adicional equivalente a 0,26% del PBI, mientras que el aumento del 7,2% en haberes jubilatorios supondría 0,20% del PBI en 2025 y 0,42% en 2026, lo que acumula un total de 0,7% del PBI en solo dos años. Un golpe a las cuentas públicas que amenaza con desandar el histórico superávit logrado en el primer trimestre del año.

Desde el Palacio de Hacienda se denunció la irresponsabilidad fiscal de la oposición. El kirchnerismo y sus aliados no sólo omitieron detallar los recursos para financiar la medida, sino que incluyeron propuestas de dudosa factibilidad, como la eliminación de exenciones al IVA para directores de empresa, el impuesto a las sociedades de garantía recíproca o la nacionalización de fondos de entes. Medidas improvisadas, sin análisis técnico ni viabilidad legal.

Moratoria previsional y régimen proporcional

Con 111 votos afirmativos, 100 negativos y 15 abstenciones, también fue aprobada la restitución por dos años de la moratoria previsional, un régimen que habilita la compra de años no aportados para acceder a una jubilación. Esta medida había sido dejada sin efecto en marzo por el Gobierno Nacional, en línea con el principio de premiar al esfuerzo genuino y no la informalidad.

El diputado Itai Hagman (UxP) defendió la iniciativa al afirmar que “sin la moratoria 7 de cada 10 personas no podrán jubilarse”, y consideró “injusto” que no accedan quienes trabajaron en negro. Desde el oficialismo y sectores liberales se señaló que esta lógica naturaliza la informalidad y perpetúa un sistema previsional deficitario que castiga a quienes aportaron durante décadas.

La Cámara de Diputados dio media sanción a un conjunto de proyectos que, sin previsión de financiamiento ni compensación presupuestaria, atentan contra el superávit fiscal alcanzado por el gobierno de Javier Milei tras décadas de despilfarro y emisión. En una jugada propia del populismo económico que caracterizó al kirchnerismo, la oposición –conformada por Unión por la Patria, la izquierda, la Coalición Cívica y parte de la UCR– logró aprobar un aumento del 7,2% en todas las jubilaciones (excepto los regímenes especiales), la suba del bono previsional de $70.000 a $110.000 con actualización por inflación, y la restitución por dos años de la moratoria previsional.

El presidente Javier Milei, comprometido con el equilibrio fiscal, ya advirtió que vetará cualquier iniciativa que implique un retroceso en la responsabilidad financiera del Estado. El peronismo necesita apenas tres votos para ratificar la ley. De lograrse, el Ejecutivo deberá usar su poder constitucional de veto, y el Congreso sólo podrá insistir con una mayoría calificada de dos tercios.

La aprobación fue posible gracias al acompañamiento de sectores autodenominados “dialoguistas”. La UCR, Encuentro Federal y Democracia para Siempre se abstuvieron, privando al oficialismo de sumar voluntades para frenar el avance del proyecto. El radical Lisandro Nieri había advertido que “no queremos ir a una situación de veto sin solución para los jubilados” y propuso un esquema alternativo basado en la “prestación proporcional”, que contemple los años efectivamente aportados.

Sin embargo, esa opción quedó sepultada por el apuro de la oposición por imponer una solución inmediata y sin respaldo financiero. En palabras de un funcionario libertario, “es fácil ser generoso con la plata que no tenés”.

¿Qué sigue?

Ahora el proyecto pasa al Senado, donde el kirchnerismo y sus aliados podrían reunir los votos necesarios para ratificarlo. Si eso ocurre, el presidente Milei hará uso del veto presidencial para frenar el retorno de prácticas fiscales irresponsables. El Gobierno ya dejó en claro que no avalará ningún retroceso que comprometa el equilibrio alcanzado tras años de descontrol fiscal kirchnerista.