La Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI) busca sancionar una “ley anti Shein” para frenar las importaciones de ropa y el crecimiento de las plataformas de compras online.
Para lograrlo, los empresarios prebendarios proponen un aumento de impuestos y regulaciones para generar una suba de precios en los productos importados, desalentando su consumo, reduciendo la competencia y perjudicando gravemente a los hogares argentinos.
El proyecto, inspirado en medidas similares adoptadas en Francia, plantea la aplicación de mayores aranceles e impuestos a los envíos internacionales, junto con controles adicionales sobre certificaciones y regulaciones ambientales.
Ropa.
Para la industria textil, esto permitiría contrarrestar lo que consideran prácticas de supuesta "competencia desleal". Sin embargo, esto trasladaría los costos al consumidor final, lo que implica un fuerte golpe a miles de personas que utilizan plataformas como Shein o Temu, una alternativa que hoy es fuertemente defendida por los argentinos debido a elevados precios internos que, en muchos casos, resultan inalcanzables para muchos consumidores.
El fenómeno del comercio puerta a puerta creció de manera exponencial en la región. Según datos oficiales, el volumen de paquetes recibidos en Ezeiza alcanzó niveles récord, impulsado por la demanda de indumentaria y artículos de consumo masivo.
Frente a este contexto, países como México, Ecuador o Chile endurecieron sus políticas arancelarias, lo que generó fuertes críticas internas. Sin embargo, en Argentina el Gobierno de Javier Milei impulsa una política de desregulación y baja de impuestos que favorece el acceso a bienes importados y beneficia a los consumidores, que pueden acceder a productos de mejor calidad y precio que los del mercado local.
Ropa de Shein.
La propuesta de la CIAI contempla una convocatoria abierta a todos los partidos políticos y sectores productivos con el fin de reunir apoyos a la iniciativa. Como modelo de referencia, se considera la normativa francesa, que establece tasas ecológicas progresivas por cada prenda comercializada, la prohibición de publicitar moda de consumo ultrarrápido y la aplicación de sanciones en caso de incumplir las "regulaciones ambientales".
La eventual sanción de una “ley anti Shein” significaría un giro proteccionista, en donde se volvería a una situación en donde las personas paguen más por menos opciones y sean rehenes de las industrias nacionales.
