Escándalo en Caminos de las Sierras: Denuncia penal por sobreprecios y falta de transparencia
El Tribunal de Cuentas de la Provincia radicó una denuncia penal contra la empresa estatal Caminos de las Sierras por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público.
porRedacción Córdoba
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El organismo de control detectó irregularidades en contrataciones directas y un incremento del 150% en obras de la Ruta 38.
El Tribunal de Cuentas de la Provincia radicó una denuncia penal contra la empresa Caminos de las Sierras por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público. La presentación judicial apunta a la negativa sistemática de sus autoridades para rendir cuentas sobre el manejo de fondos públicos. El organismo de control sospecha de la existencia de sobreprecios y contrataciones diseñadas bajo la modalidad de "trajes a medida".
El contador Beltrán Corvalán, presidente del Tribunal, y la vocal Fernanda Leiva formalizaron la acusación en Tribunales 2. Según la denuncia, el titular de la firma estatal, Julio Bañuelos, rechazó reiterados pedidos de informes desde diciembre de 2025. Los requerimientos abarcaban desde el mantenimiento de accesos hasta el gasto en personal y contrataciones realizadas entre 2022 y 2025.
La transparencia institucional es el eje del conflicto, dado que la empresa se financia con recursos de todos los cordobeses. El Tribunal sostiene que la administración de dinero estatal conlleva la obligación constitucional de brindar información clara. La negativa a entregar documentación técnica sobre las cabinas de peaje y compras directas forzó la apertura de esta etapa penal.
El contador Beltrán Corvalán, presidente del Tribunal, y la vocal Fernanda Leiva formalizaron la acusación en Tribunales 2
Contratos sin licitación y presupuestos inflados
Entre las irregularidades más graves figura la obra de la Autovía de la Ruta 38. El presupuesto inicial sufrió un aumento del 150% mediante adjudicaciones directas sin pasar por procesos licitatorios transparentes. Esta discrecionalidad en la asignación de obras públicas atenta contra la eficiencia del gasto y la libre competencia de la iniciativa privada.
Otro punto crítico es un contrato de servicios de alimentos para 700 empleados que se renueva sin licitación desde 2014. El organismo de control desconoce el monto exacto de estos acuerdos directos debido al ocultamiento de datos. Para los denunciantes, esta estructura de contrataciones opacas favorece el desvío de recursos que deberían destinarse a infraestructura vial.
La presentación judicial apunta a la negativa sistemática de sus autoridades para rendir cuentas sobre el manejo de fondos públicos.
La denuncia se encuadra en el artículo 249 del Código Penal, que sanciona el incumplimiento de deberes públicos. La justicia deberá investigar si la falta de transparencia encubre delitos más graves contra la administración estatal. El Tribunal remarcó que el control de legalidad es una potestad continua que no puede ser limitada por las propias empresas auditadas.
El manejo de las sociedades con capital estatal requiere un estándar ético superior para proteger el orden fiscal. El rechazo de Caminos de las Sierras a ser auditada constituye un desafío a la potestad de control de la Constitución Provincial. Los cordobeses aguardan que la investigación penal determine el destino de los millonarios fondos gestionados por la concesionaria.
El Tribunal remarcó que el control de legalidad es una potestad continua que no puede ser limitada por las propias empresas auditadas.
