A partir de 2030 todas las viviendas deberán estar bajo los costosos nuevos criterios para ser vendidas o alquiladas.
Según un informe de Idealista, más del 51% de las viviendas en España tienen más de 40 años. Estas propiedades, muchas veces construidas con estándares energéticos obsoletos, necesitarán reformas significativas para cumplir con las nuevas exigencias.
Entre las reformas necesarias para mejorar la eficiencia energética de los inmuebles destacan:
La implementación de esta normativa podría exacerbar el problema del acceso a la vivienda en España. Las reformas obligatorias incrementarán los costos asociados a la venta y alquiler de inmuebles. Esto implica que se traslada este encarecimiento a los compradores y arrendatarios.
Las principales implicancias de esta medida son:
Las ayudas no se entregan como subvenciones directas, sino como deducciones fiscales en función del grado de mejora energética alcanzado:
En casos de vulnerabilidad económica, estas ayudas pueden cubrir hasta el 100% de los costos de las obras.
Las subvenciones están dirigidas a propietarios, usufructuarios y arrendatarios que ejecuten reformas en su vivienda habitual. Los pasos para acceder a estas ayudas incluyen:
Estas obras representan un costo elevado que puede ser prohibitivo para numerosos propietarios, especialmente si el retorno de inversión a través de alquileres o ventas no es significativo. Para mitigar el impacto económico de estas reformas, el Gobierno lanzó un programa de ayudas enfocado en la rehabilitación energética.
La reciente actualización de la Directiva Europea de Eficiencia Energética de la Edificación plantea un reto significativo para propietarios que busquen vender o alquilar sus viviendas. A partir de 2030, será obligatorio que los inmuebles cumplan con estrictos requisitos energéticos, lo que obligará a muchos a realizar costosas reformas.
Hasta ahora, bastaba con tener un Certificado de Eficiencia Energética (CEE) vigente. El documento que clasifica el consumo energético y las emisiones de CO2 de las propiedades en una escala de la A (máxima eficiencia) a la G (mínima eficiencia). Sin embargo, la nueva normativa va más allá.
Desde 2030, los inmuebles deberán tener, como mínimo, una calificación energética E para ser vendidos o alquilados. A partir de 2033, este requisito se endurecerá a una calificación D, lo que supone un desafío mayor para el envejecido parque inmobiliario español.
