Los demócratas dan inicio a una importante batalla legal contra una de las medidas más destacadas del nuevo gobierno.
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Este martes, más de una docena de fiscales generales de estados demócratas presentaron una demanda para intentar revocar el decreto del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento, iniciando una importante batalla legal contra una de las medidas más destacadas de la nueva administración.
La demanda de los demócratas sostiene que la orden ejecutiva firmada por Trump el lunes infringe la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, que garantiza la ciudadanía a todos los niños nacidos en suelo estadounidense.
"Sin embargo, a pesar de los amplios poderes del presidente para establecer la política de inmigración, la Orden de Privación de la Ciudadanía está muy por encima de los límites legales de la autoridad del presidente", señala el documento legal.
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
Este caso podría convertirse en el primer gran enfrentamiento en la Corte Suprema en el segundo mandato de Trump. La demanda fue presentada en un tribunal federal en Massachusetts, lo que implica que cualquier apelación será evaluada por el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito, donde todos los jueces han sido nombrados por demócratas.
Dieciocho estados, junto con las ciudades de San Francisco y Washington, también solicitaron una orden preliminar para bloquear la implementación de la política antes de que la administración Trump intente aplicarla.
Esta es la segunda demanda presentada contra la medida desde que Trump firmó la orden ejecutiva. La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) y otros grupos de izquierda presentaron una impugnación similar el lunes en un tribunal federal en Nueva Hampshire, también bajo la jurisdicción del Primer Circuito.
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
El decreto de Trump
La orden ejecutiva de Trump sostiene que el significado original de la frase "sujetas a su jurisdicción", respecto a la ciudadanía por nacimiento, ha sido malinterpretado por las cortes desde la ratificación de la enmienda en 1868.
La orden ejecutiva argumenta que "la Decimocuarta Enmienda nunca fue concebida para otorgar ciudadanía universal a todas las personas nacidas en los Estados Unidos". Según el texto, históricamente, la ciudadanía por derecho de nacimiento ha excluido a quienes nacieron en el país pero no estaban "sujetas a su jurisdicción".
La orden establece una reinterpretación del concepto de "estar sujeto a la jurisdicción" de Estados Unidos y aclara: "Entre las categorías de personas nacidas en Estados Unidos y no sujetas a su jurisdicción, el privilegio de la ciudadanía estadounidense no se extiende automáticamente a las personas nacidas en Estados Unidos cuando la madre de esa persona está presente ilegalmente en Estados Unidos y el padre no es ciudadano de Estados Unidos ni residente permanente legal en el momento del nacimiento de dicha persona".
Asimismo, esta exclusión aplica cuando la madre se encuentra en Estados Unidos legalmente pero de manera temporal —por ejemplo, con una visa de estudiante, trabajo o turista— y el padre tampoco es ciudadano ni residente permanente legal en el momento del nacimiento.
La orden también dispone que "es la política de Estados Unidos que ningún departamento o agencia del Gobierno ... emitirá documentos que reconozcan la ciudadanía estadounidense, ni aceptará documentos emitidos por gobiernos o autoridades estatales, locales u otros que pretendan reconocer la ciudadanía estadounidense" a quienes se ajusten a las categorías mencionadas.
