Se trataba de un micro de larga distancia que transportaba a varias mujeres embarazadas provenientes de Bolivia.
Tras un operativo de control en la frontera norte argentina, Gendarmería Nacional rechazó el ingreso de un micro de larga distancia que transportaba a varias mujeres embarazadas provenientes de Bolivia que venían a intentar hacerse atender gratis en hospitales argentinos.
El caso generó fuerte repercusión y volvió a instalar el debate sobre el denominado “turismo sanitario”, en medio de un contexto de mayores controles migratorios por el Gobierno de Javier Milei.
Según se informó, durante las entrevistas y la verificación de documentación, algunas de las mujeres habrían reconocido que su intención era dar a luz en hospitales públicos de la Argentina. Esta situación encendió alertas en los agentes de frontera, ya que el motivo del viaje no coincidía con los requisitos establecidos para el ingreso como visitante temporal.
El episodio ocurrió en la provincia de Salta, durante una inspección llevada adelante por la Dirección Nacional de Migraciones en conjunto con Gendarmería Nacional.
En ese procedimiento, las autoridades detectaron que en el colectivo viajaban varias pasajeras con avanzados meses de gestación que intentaban ingresar al país bajo la categoría de turistas.
Frente a esta irregularidad, las autoridades decidieron aplicar la figura legal de “falso turismo”, un mecanismo que se utiliza cuando un ciudadano extranjero declara un propósito de viaje que no se ajusta a la realidad o a las condiciones exigidas por la normativa vigente. En este caso, se determinó que las pasajeras no cumplían con los criterios necesarios para ingresar al país bajo ese estatus.
Como consecuencia, se procedió al rechazo del ingreso y a la reconducción del micro hacia territorio boliviano. La medida se tomó tras constatar inconsistencias como la falta de elementos que acreditaran una estadía turística, entre ellos pasajes de regreso, reservas de alojamiento o demostración de solvencia económica, sumado a la admisión de que el objetivo principal del viaje era acceder al sistema de salud público argentino.
En este contexto, las autoridades buscaron evitar el uso indebido de servicios públicos por parte de personas que no cumplen con los requisitos establecidos, como los inmigrantes ilegales.
El caso ocurrido en Salta se suma así a una serie de episodios que ponen el foco en la política migratoria y en el uso de recursos públicos argentinos por parte de extranjeros, en un escenario donde el Gobierno de Milei busca reforzar los mecanismos de control en las fronteras.
