El vocero subrayó que, desde el inicio del proceso, el Gobierno de Milei se comprometió a llevar a cabo una licitación "transparente y competitiva". Además, recordó que se había establecido como condición la cancelación del proceso si solo se presentaba un único oferente.
Según sus declaraciones, durante el proceso hubo "presiones" provenientes de sectores políticos, empresariales y mediáticos para modificar los requisitos técnicos del pliego, así como acusaciones falsas hacia el Gobierno de Milei por un presunto direccionamiento a favor de Jan de Nul, la actual concesionaria de la Hidrovía, que finalmente no presentó ninguna oferta.
En este contexto, la administración de Milei respondió a las impugnaciones de los posibles oferentes, asegurando que la justicia validó en tres instancias la legalidad del proceso licitatorio.
