El Gobierno de Javier Milei dio a conocer una serie de disposiciones con el objetivo de asegurar que las empresas de telecomunicaciones operen en un entorno de mercado equitativo, eliminando ventajas y promoviendo una mayor competencia.
Estas acciones están orientadas a la protección de los derechos de los usuarios y a optimizar el uso de los recursos estatales.
En primer lugar, se eliminarán las exenciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que actualmente favorecen a los "diarios, revistas y publicaciones periódicas, así como a las suscripciones de ediciones digitales de información en línea", de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7, inciso a) de la Ley del Impuesto.
Esta modificación implicará que quienes se dedican a estas actividades tributen el IVA en igualdad de condiciones que otros sectores económicos, sin privilegios fiscales.
Adicionalmente, el Gobierno de Milei decidió avanzar en la liberación de 100 MHz del espectro reservado a Arsat y 50 MHz administrados por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), los cuales serán destinados al desarrollo de la red 5G en el país. +
Esta medida busca aprovechar recursos inactivos, lo que facilitará inversiones necesarias para mejorar la calidad de los servicios de telecomunicaciones y eliminará los beneficios desmedidos de las empresas públicas, fomentando una mayor competencia.
En el ámbito educativo, el Estado Nacional llevará a cabo una nueva licitación para proveer servicios de conectividad en más de 16.000 escuelas de todo el territorio nacional. Esta decisión responde a la necesidad de asegurar acceso a internet de calidad en los establecimientos educativos, promoviendo la equidad en el acceso a la educación digital, especialmente en áreas con menor conectividad.
Por otro lado, una auditoría realizada por la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre la gestión del ENACOM, correspondiente al período del 1° de enero de 2019 al 31 de agosto de 2020, reveló que las compañías Telecom y Telefónica adeudan más de $3.000 millones en concepto de aportes al Fondo Fiduciario del Servicio Universal (FFSU).
El informe también señaló que Telecom abonó los intereses por mora dos años después de la liquidación, y que el ENACOM cometió serias fallas en la supervisión de estas empresas, tales como omisiones en las intimaciones y retrasos en la resolución de los recursos presentados.
A raíz de estos descubrimientos, el Estado Nacional decidió llevar a cabo una revisión exhaustiva de todos los contratos vigentes en el sector de telecomunicaciones, con el propósito de verificar su cumplimiento y tomar las medidas necesarias.
Además, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia emprenderá investigaciones a nivel nacional para detectar posibles prácticas anticompetitivas en la industria y actuar en consecuencia.
Estas iniciativas forman parte del plan del Gobierno de Javier Milei para impulsar la desregulación, abrir los mercados y corregir cualquier distorsión que perjudique la calidad y las condiciones de los servicios de telecomunicaciones, asegurando un ambiente competitivo que favorezca a los consumidores y al crecimiento del sector.
