Por otro lado, una auditoría realizada por la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre la gestión del ENACOM, correspondiente al período del 1° de enero de 2019 al 31 de agosto de 2020, reveló que las compañías Telecom y Telefónica adeudan más de $3.000 millones en concepto de aportes al Fondo Fiduciario del Servicio Universal (FFSU).
El informe también señaló que Telecom abonó los intereses por mora dos años después de la liquidación, y que el ENACOM cometió serias fallas en la supervisión de estas empresas, tales como omisiones en las intimaciones y retrasos en la resolución de los recursos presentados.
A raíz de estos descubrimientos, el Estado Nacional decidió llevar a cabo una revisión exhaustiva de todos los contratos vigentes en el sector de telecomunicaciones, con el propósito de verificar su cumplimiento y tomar las medidas necesarias.
Además, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia emprenderá investigaciones a nivel nacional para detectar posibles prácticas anticompetitivas en la industria y actuar en consecuencia.
Estas iniciativas forman parte del plan del Gobierno de Javier Milei para impulsar la desregulación, abrir los mercados y corregir cualquier distorsión que perjudique la calidad y las condiciones de los servicios de telecomunicaciones, asegurando un ambiente competitivo que favorezca a los consumidores y al crecimiento del sector.
