El Gobierno de Javier Milei amplió el alcance del bloqueo de celulares en las cárceles, incorporando ahora a las provinciales, y habilitó la inhabilitación de equipos, tarjetas SIM y líneas telefónicas activadas en establecimientos penitenciarios de las jurisdicciones que adhieran al protocolo nacional.
La decisión quedó formalizada este jueves mediante la Resolución 734/2026 del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), publicada en el Boletín Oficial. Con esta medida, el mecanismo que hasta ahora estaba limitado al sistema penitenciario federal podrá extenderse a las unidades administradas por las provincias que se incorporen al esquema.
El objetivo de la disposición es evitar que los teléfonos celulares utilizados dentro de los penales puedan convertirse en una herramienta para planificar o coordinar delitos desde el encierro. La resolución establece un procedimiento específico para bloquear los dispositivos detectados dentro de los establecimientos alcanzados.
Javier Milei y Patricia Bullrich en una prisión federal.
Qué elementos serán bloqueados
De acuerdo con el texto oficial, las empresas de comunicaciones móviles deberán bloquear tres elementos vinculados con cada dispositivo identificado.
El primero es el IMEI, que permite identificar al equipo celular. También deberá bloquearse el IMSI, asociado a la tarjeta SIM, y la línea telefónica vinculada al dispositivo.
El alcance de la medida contempla los equipos que sean activados tanto dentro del área de detención como en sectores de acceso restringido al público ubicados dentro de los establecimientos penitenciarios alcanzados por el protocolo.
Sin embargo, la aplicación del bloqueo no quedará librada a una decisión directa de las empresas telefónicas ni podrá ser ordenada unilateralmente por cada provincia.
El presidente Javier Milei.
La resolución establece que cada inhabilitación deberá contar con una solicitud expresa del Ministerio de Seguridad de la Nación. La cartera nacional será, además, el único canal habilitado para comunicar a las empresas prestadoras los pedidos de bloqueo formulados por las provincias que adhieran al protocolo.
De esta manera, una provincia que se incorpore al esquema no podrá solicitar por sí misma a las compañías de telefonía la inhabilitación de un dispositivo. El procedimiento quedará centralizado en el Ministerio de Seguridad nacional, que concentrará el envío de la información y la activación del mecanismo.
El pedido desde Mendoza
La incorporación de las cárceles provinciales al régimen se produjo luego de una presentación realizada por el Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza ante el Enacom.
La cartera mendocina había advertido sobre el uso de teléfonos celulares dentro de las cárceles administradas por la provincia y reclamó una norma complementaria que incluyera expresamente a los establecimientos penitenciarios provinciales dentro del esquema de prevención.
