El Gobierno de Javier Milei amplió el alcance del bloqueo de celulares en las cárceles, incorporando ahora a las provinciales, y habilitó la inhabilitación de equipos, tarjetas SIM y líneas telefónicas activadas en establecimientos penitenciarios de las jurisdicciones que adhieran al protocolo nacional.
La decisión quedó formalizada este jueves mediante la Resolución 734/2026 del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), publicada en el Boletín Oficial. Con esta medida, el mecanismo que hasta ahora estaba limitado al sistema penitenciario federal podrá extenderse a las unidades administradas por las provincias que se incorporen al esquema.
El objetivo de la disposición es evitar que los teléfonos celulares utilizados dentro de los penales puedan convertirse en una herramienta para planificar o coordinar delitos desde el encierro. La resolución establece un procedimiento específico para bloquear los dispositivos detectados dentro de los establecimientos alcanzados.
