El Gobierno de Javier Milei avanzará con multas millonarias contra los sindicatos del transporte La Fraternidad y la Unión Tranviarios Automotor (UTA) luego de determinar que ambas organizaciones incumplieron la conciliación obligatoria vigente y participaron del paro nacional convocado por la CGT el pasado 19 de febrero.
Según trascendió, las sanciones económicas que analiza aplicar la administración libertaria alcanzan cifras de gran magnitud: el gremio que representa a los conductores de locomotoras debería afrontar una multa cercana a 21 mil millones de pesos, mientras que el sindicato de choferes de colectivos podría recibir una penalización que rondaría los 70 mil millones de pesos.
Desde la Confederación General del Trabajo (CGT) manifestaron su rechazo a la iniciativa oficial. La central obrera se victimizó y sostuvo que la decisión de sancionar a los gremios del transporte responde, según ellos, a un acto de “persecución política y sindical”.
El presidente Javier Milei.
La sanción contra los sindicatos
La medida se tomó luego de que la Secretaría de Trabajo, conducida por Julio Cordero, verificara que ambos sindicatos desobedecieron la conciliación obligatoria durante el paro del 19 de febrero, que tuvo un costo económico estimado de 575 millones de dólares para la Argentina.
Tras constatar el incumplimiento, el organismo inició los correspondientes sumarios administrativos para avanzar con las sanciones.
Desde el Ministerio de Capital Humano difundieron un comunicado en el que se explicaron los fundamentos legales de la decisión. En ese texto se indicó que “las infracciones tipificadas en el artículo 4° del régimen general de sanciones por infracciones laborales, ratificado por Ley N° 25.212, conllevan una sanción de multa del 50% al 2000% del valor mensual del salario mínimo, vital y móvil por cada trabajador afectado".
Las multas que se aplicarían a los sindicatos no tendrían un monto único fijo. De acuerdo con lo establecido por la normativa vigente, el valor final dependerá de distintos factores, entre ellos la fecha precisa en la que se produjo la infracción y también el número de trabajadores alcanzados por la medida de fuerza.
La CGT.
Además del impacto económico, las sanciones podrían tener otras consecuencias institucionales. La legislación vigente contempla la posibilidad de retirar la personería gremial a aquellas organizaciones sindicales que violen la conciliación obligatoria.
Desde Capital Humano señalaron que la aplicación de estas penalidades busca “resguardar el interés general y garantizar el cumplimiento de la normativa laboral vigente”, remarcando que el respeto a las instancias de conciliación es un requisito central del sistema de relaciones laborales.
La conciliación obligatoria
La conciliación obligatoria es un mecanismo previsto por la legislación laboral que se activa cuando surge un conflicto entre sindicatos y empleadores. Al aplicarse, ambas partes quedan obligadas a abrir un período de negociación bajo la supervisión de la Secretaría de Trabajo.
Ese proceso tiene una duración inicial de 15 días, con la posibilidad de extenderse por cinco días adicionales. Durante ese plazo, las partes deben retroceder a la situación previa al conflicto y abstenerse de realizar medidas de acción directa, como paros o protestas, bajo pena de recibir sanciones.
