La administración de Milei busca avanzar con un Presupuesto que prioriza disciplina fiscal, previsibilidad económica y el cumplimiento de fallos judiciales largamente postergados.
Luego de obtener dictamen favorable, el Gobierno nacional buscará este miércoles en la Cámara de Diputados la media sanción del Presupuesto 2026, una pieza central de la estrategia oficial para consolidar el orden fiscal, reducir discrecionalidades y enviar señales de seriedad institucional. El proyecto llega al recinto con el respaldo de bloques aliados y con modificaciones sustantivas que, según el oficialismo, apuntan a sanear el esquema de gastos y a corregir distorsiones heredadas.
Durante la sesión celebrada este martes en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el Poder Ejecutivo logró aprobar el dictamen por mayoría, con 28 firmas y 6 disidencias. Entre los sectores que acompañaron al Gobierno se ubicaron representantes del PRO, la UCR, el MID, Producción y Trabajo e Innovación Federal. También se sumaron los bloques provinciales Elijo Catamarca, que responde al gobernador Raúl Jalil, e Independencia, alineado con el tucumano Osvaldo Jaldo, aunque seis de esos legisladores dejaron constancia de disidencias parciales.
El proyecto del Presupuesto 2026 obtuvo el dictamen para ser tratado este miércoles.
En paralelo, y con el mismo número de firmas pero cuatro disidencias, se emitió dictamen para la Ley de Compromiso Fiscal. Desde la oposición adelantaron la presentación de proyectos y dictámenes alternativos, anticipando una sesión atravesada por fuertes cruces políticos.
En el tramo final de la reunión, se confirmaron cambios relevantes respecto del texto enviado por el Ejecutivo en septiembre. Entre las modificaciones más significativas figuran la derogación de la ley de financiamiento para las universidades nacionales, la ley de Emergencia en Discapacidad y la eliminación de fondos específicos para el Hospital Garrahan.
Según la información a la que accedieron los medios, el artículo 75 del dictamen establece de manera explícita: “Se derogan las leyes 27.793 y 27.795”, correspondientes a la emergencia en discapacidad y a los presupuestos universitarios, respectivamente. En cuanto al hospital pediátrico de alta complejidad, el Gobierno sostuvo que ya cumplió con las obligaciones previstas.
El documento que será debatido en el recinto también contempla la indexación del tipo de cambio a la inflación, la eliminación de la actualización automática de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de otras asignaciones. Estas definiciones provocaron un rechazo frontal de los bloques opositores, que anunciaron que no acompañarán ni la ley de Presupuesto ni la de Inocencia Fiscal, y sumaron objeciones a la reforma laboral, que tampoco contará con respaldo de algunos sectores.
Desde el oficialismo, el jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, defendió la búsqueda de un dictamen favorable “para darle claridad a los argentinos y a los inversores del mundo para que vean que la Argentina de Milei es seria”. En contraposición, el presidente del bloque de Fuerza Patria, Germán Martínez, afirmó que “fue responsabilidad del Gobierno no tener presupuesto” y agregó: “No quiso en 2024 y en 2025 para incrementar los niveles de discrecionalidad con los que se manejó. Nos alegra que el Gobierno ahora quiera un Presupuesto, pero necesitamos otro presupuesto”.
Germán Martínez.
Al formalizar el rechazo del bloque peronista, Martínez anunció la presentación de un dictamen y un proyecto propios. Además, cuestionó el artículo 30 del proyecto oficialista, que elimina el 6% destinado al financiamiento educativo, y propuso garantizar los fondos para la ley de educación técnica. “Por cada tema vamos a tener una propuesta alternativa siempre, porque nosotros no nos rendimos”, afirmó.
El dictamen de Fuerza Patria reunió dieciocho firmas y se constituyó como el primer dictamen de minoría, al que se sumó el de Unidos. Con este escenario de apoyos y objeciones, los proyectos quedaron listos para su tratamiento en el recinto, donde el oficialismo buscará la media sanción de ambas iniciativas.
Entre las modificaciones incorporadas por el Poder Ejecutivo, una de las cláusulas más relevantes establece el pago de la deuda de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, un conflicto que arrastra años de disputas, tanto con la actual administración como durante la nefasta gestión de Alberto Fernández. De aprobarse la media sanción, el Estado quedaría un paso más cerca de saldar la deuda que mantiene con la Capital desde 2020, tras el recorte de fondos coparticipables.
La iniciativa apunta a cumplir con el fallo de la Corte Suprema, que ordenó restituir a la Ciudad el 2,95% de la masa coparticipable, una transferencia que no se había concretado pese a la resolución judicial de diciembre de 2022. En el cierre de las negociaciones, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el ministro del Interior, Diego Santilli, aceptaron incorporar el artículo reclamado por el PRO, luego de que el jefe de la bancada, Cristian Ritondo, obtuviera el compromiso de sumarlo al texto durante la sesión de este miércoles.
El nuevo párrafo faculta al jefe de Gabinete a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para cumplir con los actos procesales dispuestos por la Corte Suprema en la causa “Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Estado Nacional s/ acción declarativa de inconstitucionalidad – cobro de pesos”. Cabe recordar que en septiembre de 2024 se habían reunido representantes judiciales, nacionales y porteños para avanzar en un principio de acuerdo que permitiera cumplir la medida cautelar, aunque la deuda permaneció sin ser liquidada hasta el momento.
