Las autoridades de la Universidad de Buenos Aires anunciaron que iniciarán acciones judiciales para evitar las auditorías de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) planeadas por el Gobierno de Javier Milei.
Ante esto, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, respaldó la medida de supervisar los gastos de las universidades públicas nacionales y subrayó que hasta el 2022 estas auditorías eran comunes.
"En 2011 la SIGEN hizo una auditoría sobre los títulos de la Facultad de Ciencias Económicas y no pasó nada. Hay antecedentes de la SIGEN sobre la UBA y no pasó nada", explicó Álvarez y señaló que estas revisiones se suspendieron hace dos años.
Según el funcionario, en esa fecha la Sindicatura "detectó una irregularidad importante en la Universidad de Tucumán, está en juicio por un desfalco importante, cobraba un canon de una minera para construir la ciudad universitaria y no hicieron nada".
"Imaginemos que de pronto se dieron cuenta en 2022 que había una puerta abierta para la transparencia y en un acuerdo entre (Emiliano) Yacobitti y (Carlos) Zannini hicieron un dictamen de la Procuración cerrándole la puerta a la SIGEN. Puerta que volvimos a abrir", destacó Álvarez en una entrevista con Radio Mitre y enfatizó que detrás del conflicto "hay intenciones políticas".
Recientemente, el Gobierno de Milei informó que el lunes 28 de octubre comenzarán las auditorías en la UBA. A través de un comunicado, la SIGEN expuso a principios de esta semana los fundamentos que justifican la necesidad de auditar los fondos públicos que el Estado nacional asigna a las universidades.
"Cuando no existe control se facilita la existencia de un ambiente propicio para la ocurrencia de maniobras que permiten desviar el dinero público a fines no queridos", argumentó el organismo a cargo de Miguel Blanco.
Para el rector de la UBA, Ricardo Jorge Gelpi, esta medida es "unilateral" y constituye una supuesta violación de la autonomía constitucional de la institución.
La universidad sostiene que su administración no debe quedar subordinada a la esfera del Poder Ejecutivo mediante normas de jerarquía inferior a la Constitución.








