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El Gobierno de Milei defendió las auditorías de la SIGEN a las universidades públicas

El Gobierno de Milei defendió las auditorías de la SIGEN a las universidades públicas
Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias.
porRedacción
Política

Las autoridades de la UBA anunciaron que iniciarán acciones judiciales para evitar la auditoría de sus fondos.

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Las autoridades de la Universidad de Buenos Aires anunciaron que iniciarán acciones judiciales para evitar las auditorías de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) planeadas por el Gobierno de Javier Milei.

Ante esto, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, respaldó la medida de supervisar los gastos de las universidades públicas nacionales y subrayó que hasta el 2022 estas auditorías eran comunes.

"En 2011 la SIGEN hizo una auditoría sobre los títulos de la Facultad de Ciencias Económicas y no pasó nada. Hay antecedentes de la SIGEN sobre la UBA y no pasó nada", explicó Álvarez y señaló que estas revisiones se suspendieron hace dos años.

Según el funcionario, en esa fecha la Sindicatura "detectó una irregularidad importante en la Universidad de Tucumán, está en juicio por un desfalco importante, cobraba un canon de una minera para construir la ciudad universitaria y no hicieron nada".

"Imaginemos que de pronto se dieron cuenta en 2022 que había una puerta abierta para la transparencia y en un acuerdo entre (Emiliano) Yacobitti y (Carlos) Zannini hicieron un dictamen de la Procuración cerrándole la puerta a la SIGEN. Puerta que volvimos a abrir", destacó Álvarez en una entrevista con Radio Mitre y enfatizó que detrás del conflicto "hay intenciones políticas".

Recientemente, el Gobierno de Milei informó que el lunes 28 de octubre comenzarán las auditorías en la UBA. A través de un comunicado, la SIGEN expuso a principios de esta semana los fundamentos que justifican la necesidad de auditar los fondos públicos que el Estado nacional asigna a las universidades.

"Cuando no existe control se facilita la existencia de un ambiente propicio para la ocurrencia de maniobras que permiten desviar el dinero público a fines no queridos", argumentó el organismo a cargo de Miguel Blanco.

Para el rector de la UBA, Ricardo Jorge Gelpi, esta medida es "unilateral" y constituye una supuesta violación de la autonomía constitucional de la institución.

La universidad sostiene que su administración no debe quedar subordinada a la esfera del Poder Ejecutivo mediante normas de jerarquía inferior a la Constitución.

"Que las decisiones expresadas por el Síndico General de la SIGEN, organismo dependiente del Poder Ejecutivo Nacional, en torno a disponer unilateralmente actividades dentro del ámbito de la Universidad, conllevaría una intervención inconstitucional e ilegal", afirmó.

En consecuencia, el Consejo Superior de la UBA instruyó a la Dirección de Juicios de la Dirección General de Asuntos Jurídicos para emprender las acciones legales necesarias en "defensa de su autonomía universitaria".

"La gente merece saber en qué se gasta el dinero de sus impuestos: algunos parecen no entenderlo", respondió el vocero presidencial Manuel Adorni a través de redes sociales.

En relación con las protestas de agrupaciones de izquierda en las universidades, Álvarez explicó: "El sistema universitario tiene entre un millón y un millón setecientos mil alumnos. No podemos tomar como referencia a 60 en Plaza de Mayo". 

"Hoy el cuatrimestre no se perdió, se dan clases, se están tomando exámenes y va a terminar con normalidad el cuatrimestre", aseguró.

Además, explicó que "cuando hacen clases pública" los estudiantes y docentes "abusan" de esta práctica y acusó a los profesores de obligar a los alumnos a participar "porque si no les marcan ausente". En este contexto, consideró que "están violando el derecho a la educación de los alumnos".

Álvarez cuestionó de forma retórica "dónde está el recorte" si "todos los programas en ejecución están financiados".

Ante la respuesta de los periodistas de Mitre, quienes mencionaron los salarios, el funcionario precisó: "La actualización salarial no está incluida en el presupuesto. Eso va por paritaria. Si la oposición lo quiere incluir, muy bien, que la ponga en el presupuesto. Para eso (está) el funcionamiento republicano del Congreso".

Sin embargo, insistió: "Si te financio las carreras que tenés en ejecución y lo único que hago es no poner la actualización salarial, no entiendo dónde está el recorte".


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