Los terroristas de la comunidad autodenominada mapuche Lof Paillako ocuparon las tierras en 2020, bajo la gestión K.
Milei habló tras el sobreseimiento: "¿Y ahora quién me compensa por un año, ocho meses y nueve días de mentiras?"
Los terroristas de la comunidad autodenominada mapuche Lof Paillako, liderados por Cruz Cárdenas, serán expulsados de las tierras que ocuparon ilegalmente en 2020, bajo el gobierno kirchnerista de Alberto Fernández, dentro del Parque Nacional Los Alerces, ubicado en Chubut.
La administración de Javier Milei anunció que este jueves se llevará a cabo el desalojo, tras agotarse todas las instancias legales y los intentos de lograr una retirada pacífica.
"El operativo se realizará bajo estrictos protocolos de seguridad, con el fin de proteger tanto la integridad de las personas como la preservación del entorno natural. Este procedimiento tiene como objetivo poner fin a una situación que ha alterado la tranquilidad de la comunidad local y perjudicado, de manera directa o indirecta, los intereses de todos los argentinos", sostuvo el ministerio dirigido por Patricia Bullrich.
La semana pasada, el juez federal de Esquel, Guido Otranto, fijó la fecha para la intervención en las tierras ocupadas, en el marco de un conflicto que se ha prolongado durante varios años, con el aval de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia.
Los terroristas de la comunidad mapuche ya fueron notificados sobre la resolución judicial mediante un oficial de Justicia acompañado por agentes de la Policía Federal Argentina (PFA).
El Gobierno de Javier Milei, además, resolvió no extender la vigencia de la Ley N.º 26.160 de emergencia territorial indígena, calificándola como "una legislación impulsada y respaldada por administraciones anteriores, que suspendía la ejecución de desalojos en territorios reclamados por determinados grupos".
"Con esta decisión, recupera la facultad de actuar en defensa de la propiedad y del orden legal en todo el territorio nacional, siempre que existan sentencias firmes dictadas por la Justicia", subrayaron.
De acuerdo con el Ministerio de Seguridad, la ocupación "ha generado conflictos en la zona, con ataques verbales y físicos al personal de la Administración de Parques Nacionales, además de un grave perjuicio al derecho de propiedad del Estado Nacional".
