El presidente Javier Milei anunció que vetará el proyecto de ley aprobado por el Senado que aumenta jubilaciones y pensiones, y dejó claro que no cederá ante ninguna medida que implique romper con el equilibrio fiscal. La decisión, comunicada desde la Bolsa de Comercio, busca enviar una señal fuerte a los mercados financieros e inversores, ratificando que el superávit fiscal es innegociable.
"Esto es un acto de desesperación porque saben que en octubre la libertad arrasa", dijo Milei en tono desafiante, aludiendo a que el avance legislativo es, según su interpretación, una maniobra electoral y no un intento genuino de mejorar los ingresos de los jubilados.
El costo fiscal de la ley jubilatoria preocupa al oficialismo
El proyecto aprobado contempla un aumento real del 7,2% en todos los haberes y pensiones, además de elevar el bono previsional de $70.000 a $110.000 con actualizaciones por inflación. También restituye por dos años la moratoria previsional, lo que permitiría acceder a una jubilación a quienes no tengan los 30 años de aportes.
El Senado de Argentina.
Desde el Gobierno advierten que esto implicaría romper con el superávit fiscal primario logrado en los primeros meses del año. Según estimaciones de la consultora Empiria, solo este paquete implica un costo de 0,9% del PBI en 2025 y 1,3% en 2026, sin contar otras medidas complementarias.
Si se suman las modificaciones en el Aporte del Tesoro Nacional, coparticipación del impuesto a los combustibles y programas sociales, el impacto total ascendería a 2,5% del PBI el próximo año, eliminando el superávit que el Gobierno proyecta en 1,6%.
Temor en los mercados e impacto político
La señal de veto presidencial apunta a calmar a los mercados, que temen una reversión del rumbo fiscal. Una aprobación sin freno podría desencadenar caídas en los bonos soberanos, suba del riesgo país y presión cambiaria, como advirtió el ministro de Economía, Luis Caputo.
El Senado aprobó ilegalmente 4 leyes que buscan destruir la economía argentina
Además, el Gobierno apunta contra los gobernadores y senadores que apoyaron la ley, acusándolos de priorizar intereses electorales por sobre la estabilidad. Desde esos sectores responden que el Ejecutivo tiene espacio para recortar gastos —como los destinados a inteligencia— y no lo hace, mientras presiona a las provincias para que bajen el gasto y reduzcan impuestos.
El debate se trasladará a la futura reforma impositiva que el Gobierno prevé impulsar después del 10 de diciembre, con una nueva composición del Congreso.
