Se trata de la agrupación feminista “Católicas por el Derecho a Decidir”, que defiende el asesinato de vidas inocentes.
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En una firme decisión que ratifica el compromiso con la defensa de los derechos humanos más fundamentales, el Gobierno de Javier Milei presentó un rechazo formal ante la Organización de Estados Americanos (OEA) para oponerse a la inclusión de la agrupación “Católicas por el Derecho a Decidir” (CDD).
Este grupo feminista radical pro-aborto estaba en el listado oficial de organizaciones argentinas convocadas a la próxima Asamblea General del organismo, a realizarse del 25 al 27 de junio en Antigua y Barbuda.
La medida fue respaldada en una declaración en la que el Gobierno de Milei se “disocia de manera específica” de la participación de CDD, recordando que su postura es incompatible con el principio de protección del derecho a la vida desde la concepción, consagrado en el artículo 4º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Javier Milei, presidente de Argentina.
Lejos de ser un acto de censura, como denunció la agrupación feminista, esta acción constituye un mensaje claro y coherente con la postura de una gestión que valora la vida humana como un derecho inalienable, incluso antes del nacimiento.
En un país donde la vida de los más indefensos ha sido vulnerada durante años en nombre de una supuesta libertad reproductiva, el Gobierno de Milei marca un precedente ético y jurídico.
Organizaciones como CDD, que se presentan como “católicas y feministas”, solo buscan militar el asesinato de bebés e intentan reinterpretar doctrinas religiosas con fines ideológicos.
Javier Milei, presidente de Argentina.
El uso del término “católicas” por parte de un grupo que impulsa la eliminación deliberada de vidas humanas inocentes contradice abiertamente los valores tradicionales del catolicismo.
En este sentido, la decisión del Gobierno de Milei de rechazar su representación como organización argentina en el marco de la OEA es una muestra de coherencia diplomática y moral.
La gestión de Javier Milei se distingue por no ceder ante presiones ideológicas del progresismo y está comprometida con la construcción de un país donde el respeto por la vida, la familia y los valores esenciales prevalezcan por encima de intereses sectoriales que buscan imponer una mirada parcial sobre los derechos humanos.
