El Gobierno solicitó la suspensión del fallo de Prezka y trabaja en la apelación

El Gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, solicitó formalmente la suspensión del escandaloso fallo de la jueza estadounidense Loretta Preska, que ordena la entrega del 51% de las acciones de YPF al fondo buitre Burford Capital. A diferencia del silencio cómplice o la defensa ideológica del desastre kirchnerista, la actual administración actúa con racionalidad jurídica y soberanía institucional.

“El Gobierno solicitó la suspensión del fallo de la jueza Preska y trabaja en la apelación. La sentencia es jurídicamente inaplicable: contradice la Ley 26.741, que exige autorización del Congreso por mayoría agravada y desconoce la inmunidad soberana. Las acciones no están en poder del Estado ni son legalmente transferibles. Fin.”, explicó el vocero presidencial Manuel Adorni a través de su cuenta oficial en X.

La Procuración del Tesoro presentó este martes una solicitud de “stay”, figura del derecho norteamericano que busca congelar temporalmente la ejecución de la sentencia mientras se tramita la apelación.

En los próximos días se presentará también la apelación formal ante la Corte de Apelaciones, segundo escalón del sistema judicial estadounidense, y en caso de necesidad se recurrirá directamente a la Corte Suprema. “No está dentro de las opciones acatar un fallo de cumplimiento imposible”, sintetizan en la Casa Rosada.

La administración de Milei sostiene con razón que el fallo de Preska incurre en severas inconsistencias. Primero, porque ordena la transferencia de acciones que no están legal ni operativamente en poder del Estado nacional, lo cual constituye un exceso judicial evidente. Segundo, porque el fallo se basa en una interpretación distorsionada del estatuto de YPF, al exigir que la oferta de compra realizada a Repsol en 2012 se extendiera al resto de los accionistas, como el Grupo Petersen —socios “de ocasión” del kirchnerismo, introducidos sin licitación ni capital real.

Además, el monto que Preska impuso —unos 16.000 millones de dólares— es altamente cuestionable. En el Ejecutivo explican que ese cálculo no está consolidado, y que será uno de los ejes centrales de la apelación. Se discutirá, entre otras cosas, la fecha de valuación de las acciones, el tipo de cambio y la fórmula de cálculo establecida en el estatuto de YPF, que estaba expresada en pesos argentinos. En efecto, el modo en que Preska dolarizó artificialmente la indemnización es considerado una debilidad jurídica clave para lograr una reducción sustancial. Según fuentes oficiales, el monto real podría caer a “unos pocos cientos de millones de dólares”, es decir, menos del 5% del valor actual del fallo.

En línea con la firmeza presidencial, el Gobierno descarta de plano cualquier tipo de negociación con Burford Capital hasta que no haya un fallo definitivo. Sería, en palabras de los funcionarios, “un daño irreparable” entregar el control accionario de YPF. La intención del oficialismo es clara: ganar tiempo legal sin incumplir fallos ni claudicar soberanía. Incluso si Preska no accede a la suspensión, se pedirá el “stay” a la cámara, lo que permitiría dilatar la ejecución hasta que el proceso judicial se agote.

El peor escenario, admiten, sería que ninguna instancia superior acepte suspender el fallo. En ese caso, la orden de transferencia de acciones podría activarse a mediados de mes. Pero en términos prácticos, la transferencia es inviable, ya que esas acciones no son fácilmente ejecutables, y de concretarse una reversión en la Corte, sería casi imposible para el Estado recuperar el capital entregado.

El arquitecto de esta catástrofe jurídica es indiscutible: Axel Kicillof, entonces ministro de Economía de Cristina Kirchner y actual gobernador bonaerense. El mismo que hoy, en vez de pedir perdón, acusa al presidente Milei de “topo” y denuncia una “intolerable intromisión en la soberanía”.

Mientras intenta impugnar el fallo desde una posición nacionalista, defiende la expropiación de YPF sin haber respetado las normas básicas del derecho societario. “No soy especialista en esto, pero la facultad de expropiar está por encima del estatuto de una empresa”, dijo con insólita liviandad en una conferencia de prensa. Ese desprecio por la legalidad, típico del kirchnerismo, es el que hoy pone a la Argentina en riesgo financiero internacional.