El golpeador Alberto Fernández podría enfrentar 12 años de prisión por violencia

El proceso judicial comenzó formalmente en agosto de 2023, impulsado por el Ministerio Público Fiscal, que inició la investigación sobre nueve hechos denunciados. Sin embargo, tras un año de pesquisas, se considera probada la comisión de tres hechos punibles, aunque la querella insiste en que el número es mayor. El expresidente se encuentra procesado por dos hechos de lesiones leves y uno de lesiones graves, todos doblemente agravados por el vínculo con la víctima, abuso de poder y amenazas coactivas.

Según se detalla en el expediente, entre 2016 y el 6 de agosto de 2024, Fernández habría ejercido violencia psicológica sistemática contra Yañez, “en un contexto de violencia de género signado por la particular relación asimétrica de poder” que existía entre ambos. Entre los comportamientos que se le imputan figuran:

Acoso, hostigamientos y controles

Indiferencia, insultos, culpabilización

La sombra del juicio oral ya se proyecta sobre el violento expresidente Alberto Fernández, luego de que la defensa de Fabiola Yañez –su expareja y ex primera dama– solicitara formalmente que se lo siente en el banquillo de los acusados. La acusación es contundente: violencia de género con expectativa de una pena máxima de 12 años de prisión.

Los abogados Mauricio D’Alessandro y Gastón Marano, representantes de Yañez, respondieron al fiscal federal Ramiro González –quien dio por clausurada la etapa de instrucción– con un escrito que sostiene que “los delitos corroborados son más de tres”, en contra de lo que figura en el planteo fiscal. Según D’Alessandro, la pena que correspondería a la conducta del expresidente va de un mínimo de 4 a 6 años, hasta una pena máxima de 12 años de prisión efectiva, según el Código Penal.

Destrato, ninguneo y hostilidad persistente

En su dictamen, el fiscal González indicó que “se produjeron las medidas de prueba pertinentes” y que tanto la querella como la defensa habían aportado elementos suficientes para corroborar o descartar las hipótesis delictivas. En este sentido, la Fiscalía consideró “materializadas todas aquellas diligencias relevantes”, por lo que la instrucción fue dada por concluida, y se abre paso al juicio oral.

No obstante, el Ministerio Público aclaró que se podrían admitir nuevas pruebas “en la etapa ulterior del proceso”, como parte de los alegatos de las partes. Será allí donde la defensa de Yañez reiterará su pedido de pena, y donde la fiscalía podrá ajustar su requerimiento en función de la acusación formal.

El exmandatario, cuya presidencia quedó marcada por el descontrol económico, el encierro autoritario durante la pandemia y los escándalos de corrupción, ahora enfrenta un nuevo capítulo de su decadencia: responder ante la Justicia por su conducta personal y privada, que refleja el mismo patrón de abuso de poder e impunidad que caracterizó su gobierno.