Greenpeace ignoró la salmonera británica en Malvinas mientras impulsó su prohibición en Tierra del Fuego

La soberanía de la Argentina sobre las Islas Malvinas, territorio nacional usurpado bajo ocupación británica desde 1833, enfrenta hoy una nueva provocación geopolítica y económica.

En este escenario de asimetría, el gobierno británico que administra de facto las islas abrió el 7 de agosto una consulta pública de 12 semanas, que cerrará el 30 de octubre de 2026, para evaluar el desarrollo de la salmonicultura marítima a gran escala en el archipiélago.

El silencio de Greenpeace ante este fenomenal avance pesquero británico en nuestras aguas soberanas es absoluto. Esta sospechosa pasividad contrasta de manera violenta con el lobby feroz que estas mismas organizaciones extranjeras desplegaron en 2021 para aniquilar el desarrollo en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

En aquel año, la legislatura fueguina sancionó la destructiva Ley 1.355, prohibiendo por completo la salmonicultura industrial bajo la presión de Greenpeace y la fundación Rewilding, liderada por Kristine Tompkins (viuda del magnate Douglas Tompkins, creador de la marca North Face), con el festejo cómplice de empresarios extranjeros como Yvon Chouinard (dueño de Patagonia INC.) y un grupo de cocineros de elite afines al relato como Narda Lepes y Germán Martitegui.

Mientras Greenpeace celebraba con bombos y platillos un “suceso que sienta un precedente histórico para el resto del país y el mundo”, condenaba a la provincia a una profunda decadencia económica.

El proyecto de referencia, presentado por la empresa Unity Marine, contempla una producción anual descomunal de hasta 50.000 toneladas de salmón, que se distribuirá inicialmente en 16 sitios alrededor de la Isla Soledad, equipando cada uno con 10 jaulas y una barcaza de alimentación, además de barcos de trabajo, un well boat y un buque de abastecimiento.

Además, sostiene un ecosistema de más de 150 microempresas de servicios que reactivan la hotelería y el transporte locales.

Expertos chilenos estiman que Tierra del Fuego podría albergar perfectamente 50 centros de producción en el Beagle, equivalentes a un potencial inmediato de concesiones con un valor promedio de USD 1 millón cada una para alcanzar las 180.000 toneladas de producción (es decir, 50 concesiones).

Además, construir una planta procesadora de alta tecnología en la provincia para dar empleo a 1.000 operarios en dos turnos demoraría “Un año o menos, hemos avanzado mucho en materia de tecnología”.

Más contundente aún es el estudio de 2018 del Centro Interdisciplinario de Estudios en Ciencia, Tecnología e Innovación (Ciecti), el cual calculó que el potencial acuícola de la Argentina podría generar exportaciones por montos de entre 60.000 millones a 600.000 millones de dólares de exportación, lo que representa desde el 12 por ciento a más del 100 por ciento del PBI argentino.

En su momento, el Doctor en Sociología y director de CEP XXI, Daniel Schteingart, denunció la prohibición como un “grave error estratégico” afirmando: “no creo que esté bueno festejar una prohibición a una actividad productiva. Me parece bien discutir cómo regularla, escalas, zonificaciones, pruebas piloto, modos de producción, pero no prohibir de cuajo. Mucho menos me parece atinado cuando la pobreza subió dieciséis puntos en tres años, la economía se achicó y cuando nos cuesta muchísimo desarrollar actividades productivas nuevas y hacer crecer las existentes. Discutamos estándares, controles estatales, regulaciones, zonificaciones, rentas. Las prohibiciones que se festejan son las que prohíben el trabajo infantil y la trata de personas, no la de actividades productivas”.

Ante este panorama de desidia y sometimiento soberano, el gobierno liberal del Presidente Javier Milei ha decidido poner fin a la tiranía del ecologismo. Con un giro estratégico rotundo y de la mano de las ideas de la libertad, la administración nacional ha impulsado la liberalización del sector acuícola en Tierra del Fuego para atraer inversiones masivas de altísimo valor exportador.

El legislador provincial Agustín Coto lideró esta batalla cultural y legislativa presentando el proyecto para autorizar la actividad.

Gracias a esta firme decisión política de la gestión de Javier Milei, la provincia ha avanzado en la modificación de la absurda prohibición total de la Ley 1.355 de 2021.

Bajo este nuevo esquema de zonificación, se resguardan áreas de extrema sensibilidad ambiental como el Canal Beagle, la Laguna Esmeralda y el Lago Fagnano, pero se habilitan nuevas áreas de explotación comercial controlada.

Paralelamente, el Gobierno Nacional de Javier Milei ha facilitado el despegue económico mediante una notable reducción de cargas fiscales para dotar de competitividad a los productores locales frente al gigante chileno. Asimismo, el SENASA implementó un sistema ágil y moderno de trazabilidad electrónica y fiscalización sanitaria para garantizar los estándares biológicos mundiales sin asfixiar la iniciativa privada.

Una industria de apenas 30.000 toneladas anuales inyectaría entre 30 y 35 millones de libras al producto del archipiélago, sumando regalías e impuestos, y generando más de 100 puestos de trabajo directos en un entramado logístico que incluso prevé importar alimento para peces desde Chile.

El impacto de este sabotaje ambientalista ha sido devastador para los ciudadanos. Mientras la provincia se sumergía en una crisis de empleo con alrededor de 90.000 pobres, enfrente, en la región chilena de Magallanes, la salmonicultura ya representa el 50% del PBI regional, exportando bienes y servicios por más de USD 1.200 millones.

La producción de Magallanes alcanza las 180.000 toneladas y exporta USD 650 millones anuales a mercados premium, generando entre 7.000 y 8.000 personas ocupadas directamente, con salarios promedio de USD 1.500 a USD 1.700 y sueldos ejecutivos que van de los USD 3.000 a USD 4.000 con topes superiores a USD 8.000.