Inseguridad en Córdoba: Un mapa delictivo revela el abandono total de la gestión de Passerini

Los repartidores también marcaron 17 sectores en "zona roja", donde los robos de motos y celulares son moneda corriente. Barrios como Villa El Libertador y Argüello Norte presentan un nivel de peligrosidad que obliga a los trabajadores a extremar precauciones. La improvisación municipal en materia de prevención ha dejado a quienes dependen de la calle en un estado de vulnerabilidad absoluta. El descontrol del espacio público impide el normal desarrollo del comercio.

Zonas liberadas y el fracaso de los programas oficiales de control

La ineficiencia del gasto en programas como "Ojos en Alerta" queda expuesta ante la magnitud del mapa delictivo. Los trabajadores organizaron grupos de autodefensa para intentar recuperar sus herramientas de trabajo sustraídas ilegalmente. Esta situación refleja la ruptura de la institucionalidad y el fracaso de la gestión local para garantizar el orden. La falta de patrullaje efectivo obliga a los ciudadanos a suplir las carencias de una burocracia paralizada.

La iniciativa de los trabajadores permite actualizar en tiempo real los puntos de asalto más frecuentes durante la noche y la siesta. Zonas intermedias catalogadas como naranjas incluyen sectores como San Martín y José Ignacio Díaz, donde el riesgo es latente. La seguridad es una condición necesaria para la iniciativa privada que el municipio se niega a proveer. Mientras tanto, el contribuyente cordobés financia una estructura municipal que no ofrece respuestas ante el avance del crimen.

El abandono de los barrios periféricos y el avance de la zona negra demuestran una gestión sin prioridades claras. Barrios como General Savio o Ciudad de Mis Sueños han quedado aislados de la red de servicios por el miedo de los operarios. La seguridad jurídica de los emprendedores locales se ve vulnerada por la falta de una autoridad que imponga la ley. Córdoba necesita un cambio de rumbo urgente que priorice la protección de la propiedad privada y la libertad de trabajo.

La persistencia de estos hechos de violencia urbana erosiona la calidad de vida y el clima de negocios en la capital. El mapa es una denuncia pública contra la inutilidad administrativa que impera en la actual gestión municipal. Hasta que no se recupere el control de las calles, la actividad del delivery seguirá siendo una profesión de alto riesgo. Los cordobeses exigen que los recursos del Estado se destinen a combatir el delito y no a sostener la propaganda oficial.