El violento extremista de izquierda y dirigente del Frente Patria Grande, Juan Grabois, fue detenido este jueves por la tarde durante un operativo de desalojo tras ocupar ilegalmente junto a un grupo de militantes y legisladores el edificio del ex Instituto Nacional Juan Domingo Perón.
La violenta protesta fue organizad tras la decisión del Gobierno de Javier Milei de cerrar dicho organismo, por ser una “carga presupuestaria injustificada” para todos los argentinos.
La violenta ocupación comenzó alrededor de las 14 horas, cuando cerca de 50 personas ingresaron a la sede ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entre los participantes estaban los diputados nacionales Itai Hagman y Natalia Zaracho, el senador bonaerense Federico Fagioli y la diputada provincial Lucía Klug, todos del espacio Frente Patria Grande.
Sin embargo, pasadas las 17 horas, agentes de la Policía Federal Argentina (PFA), junto con efectivos de la Policía de la Ciudad, avanzaron sobre el lugar para liberarlo, habilitados gracias a una orden judicial para desalojar el edificio y detener a los usurpadores.
Debido a la resistencia violenta de los manifestantes, se tuvo que utilizar gases pimienta, empujones y forcejeos. El operativo terminó con la detención de Grabois, que fue esposado y trasladado por las fuerzas de seguridad. Como resultado de las agresiones a la policía, alrededor de cinco efectivos terminaron heridos.
Juan Grabois.
El trasfondo del conflicto se remonta al anuncio realizado el 7 de mayo por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien confirmó el cierre del Instituto Perón y de la Comisión Nacional de Homenaje al Teniente General Juan Perón.
La causa es que son una carga presupuestaria injustificada. "La investigación histórica sobre el expresidente Perón ya se lleva adelante a través de universidades y otras instituciones que garantizan un estudio académico libre de condicionamientos estatales", había afirmado Adorni en aquel momento.
Desde el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, se emitió un comunicado en el que se detalló que el Instituto contaba con 20 empleados y generaba un gasto anual superior a los 400 millones de pesos.
“la totalidad de su presupuesto era destinado al pago de salarios y mantenimiento de servicios básicos, no habiendo realizado sus autoridades ninguna investigación a los fines de cumplir con el propósito del instituto”, explicaron.
