En una República del calibre de Argentina, donde el Poder Judicial debe ser el baluarte de la justicia, la realidad dista mucho de ese ideal que plantea la Constitución Nacional.
Y es que no hay libertad sin justicia, justicia que al parecer desde el año 2000 fue socavada sistemáticamente por la influencia y el poder ejercido a manos del kirchnerismo.
Desde la caída de los radicales con De la Rúa a manos del supuesto golpe orquestado por el peronismo en 2001 y la llegada al poder de Néstor Kirchner en 2003, se ha podido observar un patrón claro: la designación sistemática de jueces adictos al poder político.
La estrategia no es nueva, pero sí efectiva. A través de intrincados caminos, el Poder Judicial fue inundado con magistrados y fiscales que, por lealtad o conveniencia, están totalmente dispuestos a mirar hacia otro lado cuando se trata de investigar al gobierno o a sus allegados.
Para quienes no lo saben, el Consejo de la Magistratura, en conjunto con el "Honorable" Senado de la Nación, es el encargado de seleccionar y disciplinar a los jueces.
Argentina necesita una justicia independiente.
Este órgano vital del sistema judicial ha sido manipulado para asegurar que sean nombrados jueces aquellos abogados con infinita lealtad partidaria y, al mismo tiempo, una vez nombrados, estos no tengan que verse sometidos a las sanciones que podrían enfrentar al aplicar laxamente la ley.
Es tal el manoseo que, de un total de 703 magistrados nombrados al día de hoy, Cristina K. se lleva el primer puesto con 233 nombramientos, Néstor K. 77, Alberto F. 137, haciendo un gran total de 447 jueces en actividad. Los restantes se reparten entre Mauricio M. 191, Carlos M. 46, Fernando DLR. 10, Eduardo D. 10 y Ricardo A. 2.
Jueces designados a dedo durante el kirchnerismo:
Ana María Figueroa: Exjueza de la Cámara Federal de Casación Penal, conocida por su demora en tratar expedientes de corrupción que involucraban a altos funcionarios kirchneristas. Su jubilación fue motivo de un escándalo, ya que intentó permanecer en el cargo pese a haber superado la edad límite.
Daniel Rafecas: Propuesto por el kirchnerismo para la Procuración General de la Nación, su figura ha sido fuertemente cuestionada por desestimar denuncias clave, como la impulsada por el fallecido fiscal Alberto Nisman contra Cristina Fernández de Kirchner por el pacto con Irán.
Alejo Ramos Padilla: Magistrado con fuertes vínculos políticos, señalado por su rol en la causa de espionaje ilegal que terminó beneficiando al kirchnerismo. Su ascenso al estratégico Juzgado Federal N°1 de La Plata, con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, fue interpretado como un movimiento clave para garantizar control sobre las elecciones.
El art. 9 del Decreto Ley N°1285/1958 reza: "Es incompatible la magistratura judicial con toda actividad política(...)". Sabiamente, la normativa pone un freno a las filiaciones partidarias, lo cual es curioso dado que en la actualidad agrupaciones como "Justicia Legítima" agrupan jueces y fiscales que no ocultan bajo ningún punto de vista su afinidad con el kirchnerismo.
Asociación que, según muchos legos en la materia, es vista como un brazo más del poder K, dispuesta a defender a capa y espada las ideas y referentes políticos a los cuales les rinden pleitesía.
El mensaje del Ministro de Justicia.
La Corte Suprema de Justicia misma no ha sido ajena a esta influencia; con designaciones cuestionadas y presiones para que ciertos jueces renuncien o se jubilen, se ha buscado constantemente una formación de ministros afines a las necesidades partidarias. Esto no solo afecta la resolución de casos clave, sino que mina la confianza tanto a nivel nacional como internacional.
La falta de renovación del personal judicial, el uso de jueces subrogantes para manipular la composición de los tribunales, los cuales en la actualidad ascienden a 423 (entre Juzgados, Fiscalías y Defensorías), y las presiones políticas para influir en la toma de decisiones son síntomas claros de un desgaste de la independencia judicial.
Los ciudadanos argentinos han visto cómo casos de corrupción y demás delitos, que involucran a funcionarios kirchneristas de todos los niveles, se diluyen o se eternizan en los tribunales, mientras que expedientes contra opositores avanzan con una celeridad que es cuanto menos sospechosa.
La República necesita con urgencia un Poder Judicial independiente y saneado de cualquier posición política. La verdadera reforma judicial debe comenzar con la depuración de la influencia política, asegurando que los jueces sean seleccionados por su mérito, integridad y, sobre todo, por su compromiso con la ley, la moral y las buenas costumbres.
La independencia del Poder Judicial en Argentina es una ilusión mientras el kirchnerismo siga teniendo la capacidad de nombrar y manipular a los jueces.
Y esto va a ser imposible de revertir mientras el Senado sea controlado por ellos, al igual que el Consejo de la Magistratura, partes fundamentales en todo este sistema donde se trafican influencias y favores. Es hora de que la sociedad argentina exija una justicia verdadera, imparcial y libre de las cadenas del poder político.
