El kirchnerismo votó a favor del vandalismo rural y rechazó un proyecto para endurecer penas

El bloque kirchnerista de Unión por la Patria votó en contra del proyecto de ley para endurecer las penas por vandalismo rural en la Cámara de Diputados de la Nación, durante una sesión realizada ayer.

La iniciativa, que apunta a reforzar la protección de la producción agropecuaria, obtuvo 162 votos a favor, 77 en contra y una abstención.

El rechazo de Unión por la Patria se sumó al de los diputados del Frente de Izquierda y otros bloques provinciales opositores, que integraron el total de 77 votos negativos. Con la aprobación en la Cámara baja, el proyecto fue girado al Senado para continuar su tratamiento legislativo.

La figura contempla penas de entre un mes y un año de prisión para quienes ingresen o permanezcan en un establecimiento rural ajeno sin autorización del propietario o administrador, siempre que el lugar esté debidamente cercado o señalizado.

Además, la iniciativa modifica el artículo 184 para endurecer las penas por daños contra elementos esenciales de la producción. La escala prevista va de dos a ocho años de prisión para quienes destruyan, inutilicen o hagan desaparecer silobolsas, tolvas, sistemas de almacenamiento de granos, cultivos, cosechas, maquinaria agrícola, ganado e infraestructura rural.

La propuesta modifica el Código Penal argentino con el objetivo de establecer una figura específica para la intrusión en establecimientos rurales y elevar las sanciones por daños contra bienes vinculados con la actividad agropecuaria.

Qué dice el proyecto contra el vandalismo rural

Uno de los principales cambios es la incorporación del delito de intrusión rural, mediante un nuevo artículo 181 bis del Código Penal.

La propuesta también contempla sanciones de entre tres y diez años de prisión cuando los daños se cometan con el propósito de conmocionar a la población, infundir temor o coaccionar a las autoridades y a los productores.

El proyecto busca responder a la falta de figuras penales específicas para determinadas agresiones contra la actividad rural. Hasta ahora, hechos como la rotura de silobolsas o los daños a cosechas podían encuadrarse como daño simple, un delito con penas de entre 15 días y un año de prisión.

La protección de esos bienes resulta central para el sector rural, tanto por su importancia económica como por el grave impacto que los daños pueden tener sobre productores y trabajadores.

Con la votación en Diputados y tras el rechazo del kirchnerismo, el debate se trasladará ahora al Senado, donde los legisladores deberán analizar la propuesta antes de que pueda completar su recorrido parlamentario.