El bufete de abogados inglés Burford, que cuenta con un fallo judicial favorable por USD 16.000 millones en el juicio por la expropiación de YPF en la corte de Nueva York, utilizó una declaración reciente del gobernador ultra kirchnerista de Buenos Aires, Axel Kicillof, ante la jueza Loretta Preska para intentar demostrar que la petrolera y el Estado Argentino "son lo mismo". Este movimiento busca asegurar activos que podrían ser embargados para cobrar la sentencia.
Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors y experto argentino en el caso, destacó esta estrategia a través de su cuenta en X. “Dejo constancia de que, aunque se trate de una empresa de carácter privado, los directivos de YPF son funcionarios del presidente (Javier) Milei”, declaró Kicillof a finales de julio, manifestando su descontento tras conocerse que la empresa llevará adelante su proyecto de gas natural licuado (GNL) en Río Negro y no en Buenos Aires. Esta es la declaración que los demandantes están utilizando como argumento.
El gobernador Kicillof, además de haber sido un desastroso Ministro de Economía, jugó un papel clave en la expropiación de la empresa en 2012, cuando se desempeñaba como uno de sus directores.
“Días atrás, cuando la provincia de Buenos Aires perdió con Río Negro la puja por ver dónde se va a construir la planta de GNL, Kicillof enojado dijo, palabra más, palabra menos, que los ejecutivos de YPF son funcionarios públicos que responden a Milei. Fue grave porque es primera fuente para los beneficiarios del fallo, porque fue ministro y estuvo a cargo de la expropiación, la hizo él. Burford está en medio del proceso de buscar pruebas para demostrar la figura del ‘alter ego’ y que alguien como Kicillof diga eso le viene muy bien”, comentó Maril.
"Anoche Burford publicó un escribo en respuesta a otra nota presentada por YPF y pidieron seguir con el discovery del alter ego, especialmente después de los dichos del gobernador", añadió el experto.
Burford es consciente de que no podrá cobrar inmediatamente el fallo de Preska, que ordenó a Argentina pagar USD 16.000 millones, cifra que ahora ha aumentado a casi USD 17.000 millones debido a los intereses acumulados.
En este contexto, el bufete inglés solicitó formalmente quedarse con el 51% de las acciones de la empresa, que pertenecen al Estado argentino, y embargar activos locales en el extranjero. Ambas medidas están avanzando ante la jueza Preska, mientras que, paralelamente, Argentina defiende su posición en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, con la esperanza de revertir la condena impuesta por la magistrada que sustituyó al fallecido Thomas Griesa.
Aunque las probabilidades de que Argentina tenga que ceder sus activos en la petrolera estatal son bajas, la solicitud ya está presentada. El bufete de abogados inglés ahora espera que las declaraciones de Kicillof fortalezcan la figura del “alter ego”. Otros activos en la mira de Burford incluyen Arsat, la empresa estatal de telecomunicaciones que proporciona infraestructura para telefonía móvil e internet; Enarsa, dedicada a la importación y distribución de energía, así como a la construcción de infraestructura; y el Banco Nación, el principal banco minorista de Argentina, con sucursales en Nueva York y Miami.
