Ley de propiedad privada: el proyecto habilitaría desalojos en villas y asentamientos

Además, la ley deja sin efecto el esquema que suspendía desalojos de manera generalizada, lo que había generado un sistema donde las ocupaciones irregulares quedaban, en la práctica, protegidas frente a cualquier reclamo judicial. A partir de esta reforma, cada caso podrá ser tratado en la Justicia bajo criterios de legalidad.

El proyecto también impacta sobre el régimen de certificados de vivienda otorgados en barrios populares. Estos documentos, que permitían acceder a servicios y programas estatales, habían sido parte de un esquema transitorio que no logró traducirse en títulos de propiedad efectivos en la gran mayoría de los casos.

En siete años, apenas el 0,08% de las viviendas logró completar el proceso de escrituración, lo que expone las limitaciones del modelo anterior para resolver el problema de fondo.

Con este nuevo enfoque, el Gobierno busca establecer reglas claras sobre la tenencia de la tierra, terminar con la discrecionalidad y avanzar hacia un esquema donde la propiedad privada vuelva a ser un principio efectivo y garantizado.

La iniciativa, que ya comenzó a ser tratada en el Senado, introduce un cambio central: el fin de la suspensión generalizada de desalojos en villas y asentamientos. Esto implica que tanto el Estado como los propietarios privados podrán volver a recurrir a la Justicia para recuperar sus terrenos, algo que durante años estuvo virtualmente bloqueado por la normativa vigente.

Uno de los ejes del proyecto es la derogación de la declaración de utilidad pública de los terrenos ocupados, un mecanismo que habilitaba expropiaciones masivas. Con este cambio, se busca restituir plenamente los derechos de los propietarios formales, quienes en muchos casos llevan años sin poder disponer de sus tierras.