La reforma contempla la instalación de inhibidores de señal para bloquear la telefonía móvil, junto con mayores controles sobre las comunicaciones y el retiro de los dispositivos no autorizados que ingresen a los establecimientos.
Aunque la legislación vigente ya prohíbe las comunicaciones mediante celulares, el proyecto apunta a reforzar su cumplimiento mediante herramientas tecnológicas y controles adicionales. Las comunicaciones autorizadas se realizarían mediante teléfonos institucionales, con números previamente habilitados, mientras que las conversaciones con abogados defensores conservarían su confidencialidad.
Los condenados deberán pagar parte de sus gastos en prisión
Otra de las medidas centrales es la creación del Arancel Único Carcelario (AUC), un mecanismo para que los condenados que generen ingresos contribuyan al financiamiento de su mantenimiento dentro de los establecimientos penitenciarios. "Los condenados también tienen que asumir responsabilidades", sostuvo el legislador libertario al explicar la propuesta.
