María Ibarzábal Murphy defendió el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional en Diputados

En particular, señaló el avance de Sea Lion y su paso hacia la explotación ilegal de recursos. "El proyecto Sea Lion tomó la decisión para concretar en los próximos meses la explotación petrolera. Este es el primer proyecto que intenta pasar a la fase de explotación", afirmó.

La propuesta del Gobierno plantea reemplazar la Ley 26.659 por un régimen sancionatorio más amplio y severo, que no se limite a los hidrocarburos y alcance también actividades vinculadas con la pesca, la minería y otros recursos naturales renovables y no renovables.

En ese sentido, Ibarzábal Murphy explicó que “el proyecto no solo abarca la exploración y explotación de hidrocarburos, sino cualquier actividad de aprovechamiento de recursos naturales en las Islas Malvinas y sus espacios marítimos e insulares. También prohíbe prestar servicios esenciales a quienes realicen esas actividades y sanciona a sus socios y accionistas controlantes”.

Entre las herramientas previstas aparecen penas de hasta 20 años de prisión, inhabilitaciones y un registro público de infractores. La iniciativa también incorpora un régimen de desistimiento destinado a que los proyectos vinculados con la explotación no autorizada abandonen esas actividades.

"Muéstrame los incentivos y te diré los resultados", citó la funcionaria, antes de remarcar que "lo que nosotros necesitamos es que esos proyectos que se están desarrollando en Malvinas desistan".

La creación del Consejo de Seguridad Nacional

Otro eje destacado durante la exposición fue la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, encabezado por el Poder Ejecutivo y destinado a coordinar distintas áreas estatales.

Ante las inquietudes planteadas por la oposición, Ibarzábal Murphy aclaró que "el Consejo no viene a fusionar a todos los integrantes permanentes, sino que viene a coordinarlos bajo una misma mirada", y expresó la predisposición del Gobierno a incorporar una Comisión Bicameral de Seguimiento parlamentario.

El proyecto también busca reforzar las herramientas frente a la injerencia extranjera en Argentina. Para fundamentar este capítulo, la funcionaria mencionó los antecedentes de Australia, Canadá, Noruega, Nueva Zelanda e Inglaterra.

En relación con las nuevas disposiciones sobre financiamiento extranjero, desinformación y procesos electorales, Ibarzábal Murphy sostuvo: "Esta propuesta no criminaliza la difusión falsa, el error periodístico ni la cooperación internacional".

De esta manera, el proyecto de Milei propone ampliar las capacidades del Estado para proteger los recursos naturales, reforzar las restricciones sobre actividades ilegales en el Atlántico Sur y establecer nuevas herramientas institucionales y sancionatorias dentro de una política orientada a la defensa de la soberanía nacional.