El Gobierno Nacional avanzó en una profunda reestructuración del sistema de inteligencia argentino mediante el DNU 941/2025, firmado por el Presidente Javier Milei. El objetivo de esta renovación es ordenar, profesionalizar y transparentar un área que durante décadas funcionó con discrecionalidad, superposición de funciones y escaso control institucional.
La reforma de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) introduce modificaciones sustanciales en la Ley de Inteligencia Nacional y se enmarca en una política más amplia de ordenamiento del Estado. Se busca garantizar que los recursos públicos estén al servicio de los intereses de los argentinos y no de estructuras opacas.
Un sistema enfocado en su misión esencial
Desde el Poder Ejecutivo explicaron que la función central de todo sistema de inteligencia es la producción de información estratégica para asistir a las autoridades democráticamente electas. En esa línea, el comunicado oficial sostiene que el objetivo de la reforma es “acotar, definir y clarificar con precisión tanto la estructura como las competencias del Sistema de Inteligencia Nacional”, adecuándolo a los desafíos del siglo XXI.
El decreto reduce competencias para concentrar a la SIDE exclusivamente en tareas de inteligencia y contrainteligencia. Lo que deja en claro que el organismo no tiene funciones policiales, judiciales ni de seguridad interior. De este modo, se eliminan roles asignados históricamente sin sustento institucional, que contribuyeron al desorden y a la falta de control.
Contrainteligencia clara y sin uso político
Uno de los ejes centrales de la reforma es la redefinición de la contrainteligencia. La Agencia de Seguridad Nacional pasa a denominarse Agencia Nacional de Contrainteligencia. De esta forma, queda circunscripta exclusivamente a la protección del Estado frente a acciones de espionaje, sabotaje o injerencia de actores externos.
Según el comunicado oficial, la contrainteligencia queda definida “de manera clara y taxativa como la función destinada a proteger al Estado argentino frente a acciones de inteligencia, espionaje o injerencia de agentes externos”. Esto pone fin a prácticas del pasado en las que los recursos del Estado fueron utilizados para la persecución política interna o el espionaje doméstico.
